El saqueo de arcas públicas no es nuevo
Humberto Musacchio
José Juan Espinosa es el presidente municipal de San Pedro Cholula, Puebla. Es de los pocos ediles que se han opuesto a las trapacerías de Rafael Moreno Valle, como la venta de reservas territoriales, el cierre de casas de la cultura y el despliegue de obras faraónicas, mientras que se escamotean los recursos municipales, lo que en caso de Cholula llega ya a 60 millones de pesos, suma que permitiría resolver algunos problemas.
La respuesta a las críticas ha sido un ataque a su domicilio, el asalto a una de las propiedades familiares y ahora el amago de encarcelamiento si no deja de denunciar a la satrapía poblana, donde se ha instaurado un régimen en el que el monarca saliente, Moreno Valle, nombra a una especie de regente, mero encargado del despacho que es el señor José Antonio Gali Fayad.
Moreno Valle dejó Puebla con una deuda que por lo pronto no se conocerá del todo, como no se conoce todavía el total del débito que heredó César Duarte Jáquez, el Duarte chihuahuense, a su sucesor, pero que incluye casi 20 mil millones de pesos de la deuda pública, poco menos de seis mil millones pedidos a la banca de desarrollo, 17 mil 726 millones a la banca comercial, más de 15 millones en diversos instrumentos en bolsa y 736 millones de deuda contingente que procede de la Comisión Nacional de Vivienda, entre otros rubros.
De acuerdo con un reportaje de Patricia Mayorga, aparecido en Proceso, el mismo Duarte y su esposa, Berta Olga Gómez Fong, crearon en 2012 en Banorte el fideicomiso 744743 por 678 millones de pesos y le dieron al banco la instrucción de adquirir acciones del Banco Unión Progreso, que se fusionó con otras dos firmas para crear Banco Progreso de Chihuahua. Muchos funcionarios recurren a la creación de fideicomisos por la sencilla razón de que no son auditables.
En este caso, importa también que, según versión del propio Duarte, hizo lo anterior a pedido del presidente del Banco Unión Progreso, Jaime Ramón Herrera Corral, quien casualmente en 2012 se convertiría en secretario de Hacienda del propio Duarte. Eso explica que el total de depósitos del gobierno estatal en el Banco Progreso ascienda a más de 80 mil millones de pesos. Todo, por supuesto, con la bendición de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
En Quintana Roo, cuando todo el mundo esperaba que el gobernador panperredista Carlos Joaquín González procediera contra su antecesor, Roberto Borge, la versión oficial es que todavía no está “armado” el caso, pese a que el daño patrimonial se estima en 22 mil millones de pesos. A lo más que se ha llegado es a la presentación de denuncias por la venta de nueve mil 500 hectáreas de la reserva territorial, de lo que se responsabiliza a Claudia Romanillos Villanueva, quien fuera directora de Patrimonio Inmobiliario durante la gubernatura de Borge.
Y en Nuevo León, pese a estar acusado en Estados Unidos por fraude, lavado de dinero, sobornos pagados en el extranjero y conspiración criminal, Luis Carlos Castillo Cervantes obtuvo contratos por mil 143 millones de los gobiernos de Natividad González Parás y Rodrigo Medina. A estos les fue recomendado Castillo Cervantes por el exmandatario coahuilense Patricio Martínez. Por cierto, a González Parás se le acusa de haber adquirido tres máquinas pavimentadoras que nunca recibió su gobierno, que mientras tanto siguió pagando al vendedor por las labores de bacheo que se hacían con el mismo equipo.
En Coahuila, Humberto Moreira dejó en la miseria el estado cuando abandonó la gubernatura para convertirse en presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Estimaciones de prensa tasan en 35 mil millones de pesos el faltante que dejó, parte del cual habría ido a la campaña presidencial del PRI en 2012, lo que garantizaría la impunidad de que goza el exgobernador, quien demandó al periodista y académico Sergio Aguayo porque este sugirió que el caso Moreira despedía mal olor. La demanda sigue en pie y hay el peligro de que algún juez sinvergüenza condene a Aguayo al pago de una millonada, lo que puede ocurrir si tomamos en cuenta que por menos que eso Carmen Aristegui fue condenada.
Por la difusión que han merecido, son bien conocidos los casos del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, ahora prófugo, y de Guillermo Padrés Elías, único de los corruptos que ya duerme en prisión. Pero son al menos 15 los gobiernos estatales contra los cuales la Auditoría Superior de la Federación ha presentado denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, “y algunos gobernadores tienen responsabilidades claras”, declaró recientemente Juan Manuel Portal, quien incluso, al hablar de los mandatarios de los estados, dijo que “prácticamente todos” están en la mira.
Pues sí, están en la mira, son señalados repetidamente por la prensa, pero a esos gobernadores y exgobernadores no les pasa nada. En cambio, a los periodistas que denuncian sus tropelías los asesinan. Ya van 119 informadores muertos violentamente del año 2000 a la fecha, 20 están “desaparecidos” y suman medio centenar los atentados contra medios de comunicación.
El saqueo de las arcas públicas no es algo nuevo. Sí lo es la voracidad, la prisa por llevarse todo. Pareciera que nuestra clase política percibe como cercano el fin de este sistema que ha hecho del aparato estatal una maquinaria oxidada, inútil, impotente para garantizar la seguridad de las personas y el respeto a los bienes de los individuos, las empresas y el propio gobierno. Todo indica que vivimos un fin de época.
