La libertad de expresión en conflicto

Humberto Musacchio

Todo periodista debe responsabilizarse por lo que escribe, por lo que dice en público. Si insulta, difama e incurre en delito, debe hacerle frente a las consecuencias. Eso lo tenemos muy claro, sobre todo quienes consideramos un deber el ejercicio de la crítica del poder y los poderosos. No ocurre lo mismo con los gacetilleros de a tanto la línea, que ofenden y mienten a sabiendas, pues suelen estar pagados precisamente por los poderosos para combatir a sus críticos.

Viene al caso lo anterior porque la colega Carmen Aristegui fue demandada por Joaquín Vargas, presidente de la cadena MVS, para quien el prólogo del libro La Casa Blanca de Peña Nieto, que firma la propia  Carmen, viola su derecho al honor y a la vida privada.

Aparentemente, Vargas procedió en respuesta a lo que se asienta en el prólogo del libro sobre Ernesto, Alejandro y el propio Joaquín. Ahí dice Carmen: “Haciendo a un lado la biografía, prestigio y compromisos, aceptaron el papel de instrumento para asestar la puñalada con cobardía”, pues luego de dar difusión al excelente reportaje sobre la casa blanca fueron despedidos de MVS Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta, Sebastián Barragán, autores del libro, y la propia Carmen.

No puede creerse que la razón del despido sea el carácter veleidoso de Joaquín Vargas, hasta entonces conocido como hombre de valores firmes y empresario valiente. Más bien, lo que puede suponerse es que, después de haber sufrido el retiro de unas concesiones y ante la amenaza de privarlo de otras, se sintió orillado a despedir al brillante grupo de comunicadores. Cometido el atentado contra la libre expresión, el señor Vargas bien pudo ahorrarse una demanda que solo le acarreó mayor descrédito.

Odilón Centeno, juez del caso, resolvió a favor del demandante y condenó a Aristegui a publicar, pagado de su peculio, un resumen de la sentencia en el prólogo de futuras ediciones del libro (previsor don Odilón, pues sabe que el contenido del libro es de interés público y por eso mismo se seguirá vendiendo ahora y una vez que  termine el sexenio).

Pero al fallo del señor Centeno le falta levadura, pues señala que en el caso “se encuentran en conflicto la libertad de expresión y el derecho a la información, frente al derecho a la intimidad”, aunque nunca nadie se haya referido a la intimidad de Joaquín Vargas. Peor todavía es que don Odilón acuse a la periodista de que “excedió su libertad de expresión y de información”, pues en este punto razona (es un decir) como los asesinos de periodistas, quienes también creen que cada colega ejecutado “excedió su libertad de expresión y de información”.