Ahora es en El Salvador
Por Gerardo Yong
Durante años, Centroamérica ha sido un lugar frecuentemente señalado por la corrupción, el abuso del poder y su más cercana pariente: la impunidad. Guatemala logró en 2013 encausar al expresidente Efraín Ríos Montt por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos durante su régimen (1982-1983), por lo cual podría haber sido condenado a medio siglo de cárcel. A mediados de octubre, el expresidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, fue detenido acusado de estar involucrado en el caso de corrupción pública conocido como “Lava Jato”, considerado como el mayor escándalo de corrupción en ese gigante sudamericano. Esta semana, los diarios internacionales amanecieron con la sorpresa de que otro exmandatario, esta vez de El Salvador, Antonio Saca, fue detenido por la Fiscalía General de la República, acusado de peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero. Aunque el exmandatario ya estaba siendo encausado desde el año pasado por un tribunal civil por enriquecimiento ilícito, ya que no pudo comprobar la procedencia de cuatro millones de dólares en su patrimonio, fue detenido mientras se encontraba en la boda de uno de sus hijos. Junto con él, también fueron arrestados Cesar Funes, quien se desempeñó como secretario de la Juventud, y Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones. Así como Pablo Gómez, Francisco Rodríguez, Jorge Alberto Herrara y Elmer Charlaix, quien tuvo el cargo de secretario privado del expresidente durante su mandato de 2004 a 2009. En un comunicado de prensa, la Fiscalía y la Policía salvadoreñas señalaron que la detención fue un proceso exigido por la sociedad y para atender el “clamor del pueblo honrado y trabajador” para que se combata la corrupción”. “Estamos atendiendo el clamor popular de la gente honrada de que se investigue la corrupción, y es por lo mismo que este día estamos anunciando esa respuesta, iniciando esta investigación de estructuras que extrajeron fondos públicos desde el gobierno”, inició sus declaraciones el fiscal. Los organismos de procuración de justicia salvadoreños indicaron haber hallado pruebas obvias de que existía sustracción clara y objetiva de fondos del Estado y la ciudadanía. “Fue a raíz de eso que hace 3 meses ahondamos más en este caso. Lo retomó el grupo contra la impunidad y la unidad financiera de la Fiscalía”.
Para Marylena Bustamante, internacionalista y maestra en derechos humanos por la Universidad de San Carlos, en Guatemala, estas acciones van dirigidas contra la oligarquía en el ámbito centroamericano, la cual está acostumbrada a usar los aparatos del Estado y a hacer grandes negocios a través de ellos. “Ahora se conmina a este tipo hacia la justicia y me parece que es un gran avance en términos de no tenerle miedo a estos grupos poderosos simplemente porque tienen el poder o porque se consideren ellos como intocables”, indicó la experta. “Esto también evidencia que el poder cívico está tomando pequeños pasos hacia adelante en función de fortalecerse y de saber que no se está al servicio de los grandes, que no se está al servicio de los capitales ni de esos hombres que les sirven como sus esclavos, para hacer sus fechorías financieras, dilapidando las riquezas de los pueblos, comentó.
En el caso de Charlaix, se le procesa por no haber justificado 15 millones de dólares traspasados de cuentas de gobierno a privadas, gestiones que supuestamente habrían sido autorizadas por el mismo Saca. Durante los últimos tres años fueron procesados por corrupción tres expresidentes salvadoreños: el fallecido Francisco Flores (1999-2004), Elías Antonio Saca (2004-2009) y Mauricio Funes (2009-2014). Flores no llegó a ser condenado. Al momento de su fallecimiento el 31 de enero del presente año era procesado por peculado de 10 millones de dólares de una donación que el gobierno de Taiwán habría otorgado para los damnificados de los terremotos de enero y febrero de 2001 que devastaron El Salvador. Funes, quien se erigió como el primer presidente de izquierda de El Salvador, huyó este año a Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega le concedió asilo al considerar que se trataba de un perseguido político, pese a que los señalamientos que imputa la FGR son por enriquecimiento ilícito al no poder justificar más de 700 mil dólares en su patrimonio al terminar su gestión presidencial en junio de 2014.
Para Mario Rey, internacionalista de origen colombiano, la corrupción es un gran lastre en América Latina que incluso permea todas las capas y tendencias políticas. “Es lamentable que la izquierda, que ha criticado sistemáticamente este vicio en la derecha y se ha propuesto trascenderlo, esté presa del mismo defecto. La corrupción no sólo es una falta ética, en la práctica atenta contra el desarrollo de nuestros países y contribuye significativamente a la miseria de los sectores más pobres, afirmó el especialista. ¿Cuánto avanzaríamos en la lucha contra la pobreza y la desigualdad si lográramos acabar con la corrupción? Claro, este no es un problema exclusivo de América Latina, pero es lacerante el peso de la corrupción en nuestros países, y mucho más que la izquierda misma la critique y la ejerza en países que han sido clave de ese pensamiento como El Salvador”, concluyó.
La abogada Silvia Bonilla, una de las apoderadas legales de Saca, dijo a los medios locales que a los familiares de los detenidos les han llevado colchonetas y víveres a las instalaciones de la División Antinarcóticos (DAN), donde se encuentran detenidos. Las capturas de Saca, Funes y Rank se hicieron durante la madrugada del domingo en la celebración de la boda de uno de los hijos del exmandatario.