Por Lorena Cruz Sánchez*

La semana pasada, del 25 al 28 de octubre, nos reunimos en Montevideo, Uruguay, representantes de todos los países de la región, en ocasión de la XIII Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, órgano subsidiario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.  A lo largo de los tres días de trabajo, representantes gubernamentales y de organismos internacionales, académicos y académicas, y especialistas de las organizaciones de mujeres abordamos temas prioritarios para la región en materia de igualdad de género, como la transversalización de la perspectiva de género en el diseño de las políticas económicas, la importancia del trabajo no remunerado, los derechos sexuales y reproductivos, la participación de las mujeres en el trabajo remunerado y en la toma de decisiones, la visibilización de las mujeres indígenas y afrodescendientes y el flagelo de la violencia contra mujeres y niñas, entre otros.

Como presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres tuve el honor de encabezar la delegación mexicana que, como ya es costumbre en foros internacionales, se caracterizó por ser plural e incluyente, integrada por representantes gubernamentales, miembros del Poder Legislativo, academia y organizaciones de la sociedad civil. Nuestro país tuvo una participación destacada en los diferentes paneles y eventos paralelos organizados en el marco de la Conferencia, en los que compartimos, por ejemplo, la experiencia exitosa de nuestro país en temas como la paridad política o la producción de estadísticas con perspectiva de género. Asimismo, nos referimos a otros temas en los que aún tenemos grandes desafíos por superar como el embarazo de niñas y adolescentes y la erradicación de la violencia política contra las mujeres.

La Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe concluyó sus trabajos con la adopción de la Estrategia de Montevideo, con la cual se busca asegurar que la agenda regional de género, que incluye los compromisos adoptados en el marco de ese foro, desde su establecimiento en 1977, sea la hoja de ruta para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030, en América Latina y el Caribe.

La Estrategia de Montevideo identifica tres niveles de autonomía para las mujeres: autonomía económica, física y en la toma de decisiones como la base para la igualdad sustantiva. En su negociación, México impulsó diversos temas como la articulación de los mecanismos para el adelanto de la mujer con las oficinas nacionales de estadística, la necesidad de incluir a los niveles subnacionales y locales en la presupuestación y planeación con perspectiva de género, la visibilización de los embarazos de las niñas para su atención y erradicación y la creación de un fondo regional para el desarrollo de proyectos de las organizaciones de mujeres.

La Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe se ha constituido en el principal foro político de negociación de la agenda regional de género. Su importancia recae en que, a lo largo de casi 40 años, ha logrado el consenso de los países de la región en la adopción de compromisos vanguardistas en materia de igualdad de género, y refrendado además los principales acuerdos adoptados en el marco de las Conferencias de Naciones Unidas, como la de la Mujer (1995) y la de Población y Desarrollo (1994), al tiempo que ha permitido a los Estados ratificar sus obligaciones con el cumplimiento de los instrumentos jurídicamente vinculantes que han suscrito, en especial la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres.

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*Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres