Este miércoles es el último día del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, y a partir del jueves 1 de diciembre la nueva administración del priista Alejandro Murat Hinojosa tendrá que resarcir los daños de su antecesor.
Al inicio de su administración Cué había prometido “obedecer a los valores y honestidad necesarios para lograr un cambio real que no se quede en simples promesas”. Durante ese discurso prometió que Oaxaca progresaría con un impulso necesario en economía y educación.
La historia de la entidad en 2016 dista mucho de lo que el oaxaqueño había prometido. La situación del gobierno de Gabino ahora se ve envuelta en una serie de acusaciones por presunto desvío de recursos, inseguridad, violencia generalizada y obras estatales inconclusas.
Además de estos problemas, le persiguen otros más graves como la masacre de Nochixtlán, la creciente cifra de feminicidios y deja al estado convertido en el mayor “manifestódromo” del país, con un promedio de seis marchas al día.
El gobernador que, en un hecho histórico, creó una alianza entre el PAN, el Partido del Trabajo, el PRD y Movimiento Ciudadano para vencer al PRI, presentó su llamado plan de infraestructura Platino, en el cuál se contemplaba una inversión de 50 mil 944 millones de pesos y 13 megaproyectos. Uno de ellos, era construir una presa que generara electricidad, dos unidades deportivas en la capital, un penal de máxima seguridad, un centro de convenciones y varias supercarreteras.
En el 2016, la compañía Ingenieros Civiles Asociados (ICA), abandonó los proyectos de carreteras en el Istmo y se declaró en bancarrota y dejó la obra inconclusa al 50%, por lo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) está en la búsqueda de nuevos concesionarios o recursos para financiar los trabajos y concluir la obra.
Otro de los proyectos que se realizaron, al final del sexenio, fue el de agua potable Paso Ancho, que estaría a unos 100 kilómetros de la capital y requeriría 3 mil millones de pesos de inversión. La obra, iniciada por Trasecho, enfrentó cancelaciones de la Profepa por violar normas ambientales y un año después fue cancelada de manera definitiva porque las entidades Sola de Vega y San Vicente Coatlán enfrentan un conflicto agrario.
El Centro Recreativo de Acondicionamiento Deportivo fue otra de las obras que se construyeron para beneficio de los habitantes, pero que ahora cobra 367 pesos mensuales para uso de albercas y gimnasios.
Varias obras fueron iniciadas, concluidas e inauguradas pero aún no se han puesto en funcionamiento, tal es el caso del Centro de Reinserción Social de Mediana Seguridad de Tanivet, Tlacolula de Matamoros y el Centro de Iniciación Musical de Oaxaca (CIMO).
En el sector salud, más de un centenar de clínicas y hospitales que se quedaron sin terminar en la administración de Ulises Ruiz, seis años después sólo uno fue concluido y se puso en marcha el funcionamiento de tres hospitales y clínicas.
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