El gobierno de Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, detectó que el ex mandatario Roberto Borge Angulo enajenó ilegalmente 9 mil 500 hectáreas de varios municipios de la entidad, que representan más de seis veces la superficie de la zona hotelera de Cancún o 24 veces Isla Mujeres.

Rafael Antonio del Pozo, secretario de Gestión Pública de Quintana Roo, explicó que aunque el quebranto provocado por Borge Angulo a la entidad es “enorme”, lo que se dio a conocer es lo que hasta ahora han comprobado.

Asimismo, destacó que la denuncia contra el ex mandatario se presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) hace dos semanas y otra más ayer, ante la Fiscalía General de Quintana Roo, por las enajenaciones de reserva territorial a empresas vinculadas a amigos, empleados y familiares del ex mandatario y la ex titular del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública estatal (IPAE), Claudia Romanillos Villanueva.

En conferencia de prensa, Antonio del Pozo reveló que hay otras irregularidades que se han detectado de la gestión de Borge Angulo, cuyo paradero es desconocido. Sin embargo, las auditorías aún no concluyen.

Además, indicó que la reserva territorial vendida representa 7% de municipio de Bacalar, 10% de Felipe Carrillo Puerto, 20% de Tulum, 23% de Cozumel, 36% de Benito Juárez, 52% de Solidaridad y más de 60% de Puerto Morelos.

El secretario de la dependencia en Quintana Roo se negó a dar una cifra acerca del valor de eso terrenos, porque aún se realizan los avalúos correspondientes. Explicó que no existen expedientes completos de la enajenación y que ésta se realizó sin respetar la norma estatal; “no se siguieron los protocolos y los procedimientos de transparencia  de recursos y, sobre todo, se fijaron precios de venta muy por debajo del valor real. En algunos casos no llegaron a uno por ciento de ese valor”.

Indicó que en algunos de compradores son accionistas de una empresa naviera operadora de servicios de transporte público marítimo de Quintana Roo. La empresa se hizo de tres barcos, en cuatro años recientes, con valor superior a 7 millones de dólares.

El estado tienen una deuda superior a 22 mil millones de pesos, y aún faltan revisar 40 auditorias en proceso. “Es una situación financiera compleja; no ha habido una sola área donde no encontremos irregularidades importantes en el manejo de los recursos, en la integración de los expedientes”.