Presión sobre el Estado mexicano
Raúl Jiménez Vázquez
La comunidad internacional está ejerciendo una visible y muy importante presión para que el Estado mexicano atienda y supere la grave crisis humanitaria en la que se halla envuelto el país, cuyo punto de eclosión sin lugar a dudas fue la puesta en marcha de la inconstitucional y sangrienta guerra antinarco.
Para tener por demostrada esta afirmación categórica basta con repasar los informes emitidos, entre otras instancias de la ONU, por el Consejo de Derechos Humanos, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité contra las Desapariciones Forzadas, el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias. A ellos es menester añadir los reportes emanados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los mandatos insertos en las sentencias pronunciadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Tales observaciones constituyen un verdadero aluvión que se ha visto incrementado con los señalamientos formulados por el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instando a que se combata la impunidad crónica y se someta a las fuerzas armadas a los estándares internacionales. Seguramente otras cuestiones más emergerán con las próximas visitas de la relatora especial de los Pueblos Indígenas y del representante del Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura.
La presencia en México del presidente y el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana se inscribe en esa línea de apremio supranacional. Ambos personajes son la cabeza visible del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa, creado con el propósito de dar seguimiento a las recomendaciones consignadas en el informe final del GEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
Al dar a conocer el plan de trabajo del Mecanismo, los ilustres visitantes fueron claros y precisos: “No se puede seguir reforzando la tesis del basurero; no hubo tal incendio, por lo que se tienen que revisar otras líneas de investigación”. Asimismo anunciaron su intención de entrevistarse con los efectivos del batallón de Iguala y revisar la actuación de Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal.
La determinación de esclarecer la verdad en torno a esta tragedia contrastó con el comunicado difundido por el gobierno federal, en el que se asentó que las recomendaciones del GIEI tiene un avance del 93 por ciento de cumplimiento. La respuesta del equipo interamericano no se hizo esperar: “No podemos trabajar sobre afirmaciones, sino sobre realidades, sobre hechos; cumplir no es mandar un oficio, cumplir no es dar órdenes, cumplir es, desde el punto de vista sustantivo, obtener el objetivo de la recomendación”.
El golpe de ariete internacional es ya imparable. Por tanto, hay que “ponerse la pilas” y hacer a un lado las ficciones, los disimulos, las manipulaciones mediáticas y demás prácticas contrarias a la dignidad humana y al paradigma del Estado constitucional de derecho.
