MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI*

Latinoamérica y sus países caribeños viven momentos de cambio y de transformación política. Durante los últimos años muchos de los paradigmas teóricos e ideologías políticas que dieron sustento a gobiernos orientados a las políticas públicas y sociales, y opuestas a las corrientes neoliberales, comenzaron a desdibujarse por la propia dinámica y evolución de las sociedades, impulsadas por un lado, por una globalización comercial y cultural, y por el otro, la eterna dependencia económica como proveedores de materias primas y las turbulencias financieras y crisis en los ciclos de la economía internacional.

Estos elementos, aunado a excesos y malas administraciones de algunos gobiernos de izquierda, principalmente en Sudamérica, han dado giros de timón que marcan un cambio del mapa político latinoamericano, y claros visos, de como se difumina lo que alguna vez se denominó la “Marea Rosa” en la década de los noventa.

Ante este escenario, es preciso cuestionarnos sobre el papel que ha jugado la participación ciudadanía en dichos procesos de cambio y de qué manera los instrumentos de democracia directa coadyuvan a los procesos democratizadores y de transformación social.

Hoy en día son muy pocos los países latinoamericanos que no han instrumentado reformas políticas y cambios institucionales que afecten de manera importante sus sistemas de elección presidencial, la duración de mandatos, la reelección de los poderes legislativos y ejecutivos, los tipos de representación parlamentaria y la incursión de mecanismos de participación directa como el plebiscito, la revocación de mandato e iniciativa ciudadana. Dichas reformas tienen como común denominador el agotamiento político, el ensanchamiento de la burocracia, la corrupción y crisis económicas, lo cual se ha vuelto un desafío para las democracias latinoamericanas que buscan revertir los bajos índicies de participación ciudadana, el abstencionismo y los bajos niveles de participación electoral.

Bajo este contexto, la democracia directa y las nuevas formas de organización ciudadana –a través de las tecnologías de la información como el internet y las redes sociales–, se vuelven un mecanismo que comienza a inyectar cada vez más la participación popular en la toma de decisiones públicas.

Recientemente, el plebiscito realizado en Colombia que puso a consideración de su población la ratificación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, dio una muestra del poder ciudadano ante decisiones tan sensibles.

A nivel internacional, más allá del resultado inesperado y el alto abstencionismo, quedó de manifiesto que la sociedad que participa en este tipo de ejercicios tiene perspectivas e intereses distintos a los de los actores políticos y a los de la comunidad internacional.

Este hecho marcará un precedente en la política latinoamericana y obligará a redefinir a establecer nuevas formas de relación entre el Estado y la sociedad, donde los mecanismos de democracia directa serán la vía para la reivindicación política y la transformación social.

*SECRETARIA DE LA  COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

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