Ante la espera de miles de colombianos que buscan la paz en Colombia y tras semanas de negociaciones –que terminaron hace 10 días en La Habana–, se espera que el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmen este 24 de noviembre un nuevo acuerdo de paz, el cual deberá ser refrendado por el Congreso.

El nuevo acuerdo será firmado por el presidente Santos y el comandante de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverry, “Timochenko”, quien llegó a Colombia procedente de Cuba, donde se han realizado las negociaciones.

“Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado firmar el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera del 12 de noviembre, el próximo jueves 24 de noviembre a las 11.00 a.m. (16.00 GMT) en el Teatro Colón de Bogotá”, afirma un comunicado conjunto de las delegaciones.

Dicho acuerdo sustituirá al alcanzado en septiembre y rechazado por un estrecho margen por los electores colombianos en un plebiscito. Los líderes del “No” consideran que este nuevo pacto “es apenas un retoque del rechazado por los ciudadanos” y piden al Gobierno que celebre otro plebiscito para refrendarlo y no tramite el pacto con la guerrilla por el Congreso.

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Las diferencias del nuevo acuerdo

En el nuevo texto se incorporaron algunos cambios que solicitaban los líderes del “No”, que lograron una pequeña mayoría el 2 de octubre pasado para rechazar en plebiscito el acuerdo original, aunque también se incluyeron otras modificaciones.

De 297 páginas, el nuevo texto pasó ahora a tener 310 páginas. Iván Márquez, jefe negociador de las FARC, afirmó que se preserva la estructura y el espíritu del primer acuerdo. El presidente Santos y el jefe de su equipo negociador, Humberto De la Calle, fueron los encargados de explicar los cambios, entre los que destacan:

* El acuerdo ahora no pasará a formar parte de la Constitución. Es una forma de intentar blindar el acuerdo ante potenciales Presidencias que quisieran modificarlo.

* El uso de los recursos de las FARC para reparar a las víctimas, para lo cual tendrán que entregar un inventario de bienes y activos.

* Se excluye explícitamente a las FARC “de la posibilidad de presentar candidatos en las circunscripciones especiales para la paz”.

* Se reduce la financiación del partido que surja de las FARC.

* La Jurisdicción Especial para la Paz (o JEP, el sistema especial de justicia transicional acordado en La Habana) ahora tendrá un límite de diez años y sólo podrá recibir solicitudes de investigación durante los primeros dos años.

* Las decisiones de la JEP podrán ser revisadas por la Corte Constitucional.

* Todos los que se presenten a la JEP a entregar toda la información relacionada con el narcotráfico de manera exhaustiva y detallada para atribuir responsabilidades.