Para la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y expresión de las Américas, la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) apruebe el dictamen de la Ley de Derecho de Réplica con el fin de que se pueda responder ante cualquier información publicada en medios, aunque esta sea verdadera, podría atraer una mayor debilidad al ejercicio de la libertad de expresión en México.

Ante un reclamo de inconstitucionalidad presentado por Agustín Basave, entonces dirigente nacional del PRD, y por Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, -que revisa el magistrado Alberto Pérez Dayán-, se eliminaría del artículo 3 de la ley los requisitos de información inexacta o falsa para hacer valer el derecho de réplica, con lo que cualquier persona que se sienta agraviada por alguna información, podrá demandar sin importar si el contenido es verdadero.

Debido a este modelo de precepto legal, la SIP advirtió que se han llevado a cabo innumerables abusos y acciones contra medios y periodistas en América Latina; en tanto, en nuestro país se supondría una “regresión clara en los estándares en materia de libertad de expresión y de prensa”. Para la organización es lamentable que la deliberación no se haya consultado con juristas expertos, medios y académicos interesados.

Sobre esta sentencia que será votada en el pleno de la Corte el próximo 7 de noviembre, el presidente de la SIP, Matt Sanders, expresó que una acción de esta naturaleza “complicaría aún más el ya deteriorado ambiente en el que los periodistas y medios mexicanos deben realizar su labor, de indudable impacto social”.

Además, Sanders advirtió que esta modificación a la ley de derecho de réplica podría derivar en una censura masiva a través de una “ola de demandas”, que augura presentarían tanto funcionarios como dirigentes políticos lo que “desalentaría la labor de escrutinio público de la prensa sobre los personajes públicos; cuya consecuencia iría en detrimento del derecho del público a la información”.

Dentro de la Carta de Aspiraciones de la SIP se desprende la Declaración de Chapultepec, en la que se expresa que los medios deben “difundir las opiniones que expresen discrepancias con los puntos de vista de un periodista o de una empresa editorial (…) siempre que se ajusten a los mismos criterios aplicados a otras noticias: interés público y exactitud”.

Dentro de diferentes sectores de la sociedad y de la prensa, existen diversas inconformidades sobre este posible fallo que debilitaría la libertad de prensa y pondría en riesgo la estabilidad de los medios y de periodistas.

[gdlr_video url=”https://youtu.be/oCS6NmMLMIU”]

Sobre este tema, la senadora de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, dijo a Siempre! que votó en contra del dictamen porque consideraba que restringía el derecho de réplica, ya que esta medida sólo iba a ser posible para políticos “que serían los que más posibilidades tendrían de recurrir a juicio. Y por otra parte cómo garantizar el derecho a la libre expresión y a la información verídica”.

A su vez, Fernando Belaunzarán, consejero del PRD, expresó que presentó un voto particular cuando era diputado por el PRD: “en principio te diría que el derecho de réplica potencia la libertad de expresión, no la limita, mucho menos la conculca, y favorece el derecho a la información de la población. Como se aprobó es muy burocrático y poco efectivo. Me parece bien que la SCJN garantice el derecho”.

Por otra parte, David Peña, perteneciente al Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, expresó que “el riesgo que se corre es que los medios de comunicación se conviertan en canales de comunicación política en las campañas” y que sin importar la línea editorial, sería riesgoso e inhibiría el ejercicio crítico que aunque generaría discusión, desgastaría al medio e inhibiría el escrutinio: “es medio paranoico”.

Asimismo, para Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, y director de La Silla Rota, este recurso resulta preocupante porque como se trata de una promoción de partidos políticos, permitiría bloquear investigaciones o señalamientos periodísticos que resultarían esenciales para el pleno ejercicio del periodismo y para que la ciudadanía esté enterada sobre las acciones de los diferentes actores políticos sobre todo en época electoral.

También, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación Alto al Secuestro, dijo: “creo que el tema de la libre expresión es un hilo muy delgado, no puedes cargarte ni muy fuerte a uno ni muy fuerte a otro, ahí es donde entra la ética de los periodistas, y confío normalmente en eso y en su buena fe, por eso digo que solo cuando sea de mala fe”, es decir, que considera que debería ser investigado cuando se publique información falsa con dolo.

[gdlr_video url=”https://youtu.be/IEEC4PbPOus”]