Autonomía e independencia
Por Miguel Barbosa Huerta
La Procuraduría General de la República (PGR), independientemente de quién sea su titular, enfrenta enormes retos como son: garantizar su autonomía e independencia frente a los poderes públicos y los factores reales que inciden en la toma de decisiones, así como guiar sus acciones de conformidad con el debido proceso y con una actuación apegada al respeto irrestricto de los derechos humanos.
La PGR necesita elevar sus niveles de profesionalismo, porque este factor es fundamental para enfrentar con éxito el crimen organizado y contribuir con esto al combate a la inseguridad que desde hace años padece nuestro país.
Después de más de dos décadas de transición política, de alternancia en el gobierno federal y en los gobiernos locales, después de tanto dinero destinado y de tantas promesas hechas administración tras administración, México se merece una procuración de justicia transparente, honesta, eficiente y eficaz. Si la procuración de justicia se mantiene como hasta ahora, si se desdeña que la procuración de justicia es un aspecto vital para la población, por su papel en la vigencia del Estado de derecho, se agudizará la crisis de credibilidad de las instituciones.
De no afrontar estos retos, la procuración de justicia seguirá siendo una asignatura pendiente y la credibilidad del Estado quedará en entre dicho. La Fiscalía General de la República no puede nacer con este déficit de credibilidad.
Para una víctima no hay delito pequeño. De forma general, una víctima es una persona que sufre un daño o perjuicio por culpa ajena o por una causa fortuita. Quien es víctima de la delincuencia resulta perjudicada en su vida, en su libertad, en su patrimonio o en alguno de los aspectos de la vida cotidiana. La justicia debe atender eficazmente los llamados delitos graves, pero también poseer la capacidad de atender aquellos que la ley considera como no graves y, principalmente, la sociedad debe ver en la PGR a un aliado, a una institución que la va a apoyar en la solución de sus problemas y no a una institución burocrática, ineficiente y en muchos aspectos, corrupta.
Por supuesto que la PGR debe concluir y dar certeza respecto a los expedientes de gran relevancia. Me refiero a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala y Cocula, en Guerrero; a los lamentables y controvertidos hechos de Tlatlaya, en el Estado de México; de lo sucedido en Tanhuato, Michoacán, y los contenidos que revela el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Nadie puede dudar la relevancia que tiene desmantelar y llevar ante la justicia a la organización de Joaquín Guzmán Loera o de otros conocidos narcotraficantes. Sin embargo, igual de importante es la procuración de justicia en los temas cotidianos, comunes y recurrentes en la sociedad.
La PGR debe tener la capacidad de resolver los casos de alto impacto o aquellos cometidos por bandas de criminales con alta capacidad de fuego, relaciones con el poder e incuantificables recursos financieros. También deben tener la disposición de darle un trato humano y adecuado a quien se presenta ante un ministerio público a presentar una denuncia. Esto implica el trato, la atención y los resultados ofrecidos a quien denuncia un delito, desde a quien le robaron un teléfono móvil o una bicicleta, hasta quien haya sido víctima de alguna violación, secuestro o asesinato.
El personal de la PGR debe ser profesional, es decir, la existencia de servidores públicos con alta responsabilidad, profesionalismo y preparación técnica; los fiscales, ministerios públicos, peritos, agentes ministeriales, psicólogos, trabajadores sociales deben ser seleccionados y capacitados adecuadamente, además de contar con las instalaciones, los recursos materiales y tecnológicos más modernos. La imagen deplorable de oficinas ministeriales sucias, lleno de personas corruptas debe de terminar.
Es inconcebible que con los recursos que ahora se disponen, la procuración de justicia en algunos aspectos se sustente en técnicas y procedimientos de la primera mitad del siglo XX. Como está la situación, no deben sorprendernos dos cosas: primero, la baja credibilidad de la procuración de justicia en la ciudadanía; segundo, que la exigencia de justicia sea una de las principales demandas de la sociedad.
La PGR debe aceptar el reto de su transformación interna, de aprovechar el tiempo que aún le corresponde a la presente administración para transformar viejas y anquilosadas estructuras que por décadas han deteriorado a la institución y pensar en un modelo de impartición de justicia que esté acorde con las reformas que en materia de justicia se han aprobado en fechas recientes.
Sólo así, con voluntad política, decisión y proyecto, el tránsito de Procuraduría General de la República a Fiscalía General de la República no será un simple cambio de siglas en el 2018 y sí en cambio representará un hito en la justicia mexicana.
@MBarbosaMX
Coordinador parlamentario del PRD en el Senado
