¿Cuánto vale un gobernador? ¿O la pregunta debería ser: cuánto vale un funcionario público en México?
Los impresionantes ranchos que compraron los dos gobernadores de apellido Duarte, uno de Veracruz y el otro de Chihuahua, demuestran que la dimensión política y moral de esos dos mandatarios es tan pequeña que solo les alcanzó para mandar construir caballerizas con aire acondicionado.
Es el enanismo político de estos tiempos. Políticos que no crecen y cuya estatura moral no les da más que para tener vulgares ambiciones. Cierto, nuestros dirigentes son peligrosamente vulnerables. Comprables, seducibles, corruptibles, chantajeables. Atractivo alimento para el crimen organizado.
Como dice un viejo refrán: “Son tan pobres, tan pobres que lo único que tienen, al salir de sus cargos, es dinero”.
Después de estos casos vergonzosos, a los que, sin duda, habría que agregar al del exgobernador de Sonora Guillermo Padrés y a muchos más, los partidos políticos y los órganos electorales tendrían que pensar en cómo blindar a los mexicanos contra la delincuencia política.
El enriquecimiento ilícito de Javier Duarte y el daño provocado al erario es de tal magnitud, que su caso constituye un parte aguas en la historia de la infamia y la corrupción mexicana.
De la infamia, porque el dinero robado lo utilizó para comprarse propiedades de lujo, caballos pura sangre, piscinas y condominios, cuando esos recursos eran para resolver la pobreza extrema, la carencia social, el acceso a la salud, a la educación y vivienda de millones de veracruzanos.
Lo que estoy diciendo es que la corrupción de los gobernadores ya no debe verse solamente como un delito de carácter administrativo, sino como una especie de genocidio.
El daño patrimonial provocado a Veracruz por la actual administración, calculado en aproximadamente 16 mil millones de pesos, va a profundizar la indefensión social de muchos niños, hombres y mujeres. Significa más hambre, menos salud y menos escuelas. Más mendicidad. El impacto y las consecuencias son para el desarrollo humano.
Es indispensable, por lo tanto, cambiar el paradigma de la corrupción, desde el derecho, para que el tamaño y las consecuencias de la sanción desalienten al servidor público no solo a robar, sino a incursionar en la carrera política.
Delitos como el peculado deberían ser equiparados a crímenes de lesa humanidad. Solo así, la política dejará de ser vista como la mejor vía para enriquecerse.
Como una catapulta que termina enloqueciendo a imberbes como Ricardo Anaya, que cree tener derecho a tomar ventaja sobre otros aspirantes del PAN a la Presidencia de la República y a tener una vida de inexplicables lujos porque cree ser el artífice único del triunfo electoral de su partido en los pasados comicios.
La rebelión de los más de 30 alcaldes veracruzanos que tienen tomado el Palacio de Gobierno para que Hacienda les restituya lo que Duarte se llevó es un hecho inédito que puede dar pauta a una futura revuelta de presidentes municipales.
¿Cuántos municipios en el país no reciben las partidas federales que les corresponden, por corrupción o malos manejos administrativos? ¿Cuántas promesas incumplen los gobernadores a los alcaldes por las mismas razones?
Javier Duarte, César Duarte, Guillermo Padrés, Roberto Borge, Rodrigo Medina, más los que puedan añadirse a la lista, no pueden quedar sin castigo. Su destino ya no puede depender de la negociación política entre partidos o de una justicia gatopardista y simulada. El famoso “humor social” ya no está para más impunidad.
Dejar sin sanción a los culpables como si no hubieran hecho nada, permitirles que caminen libres por las calles como si fueran ciudadanos decentes, apagaría el switch del sistema político.
Significaría, en síntesis, entregar el poder… a lo indeseable.