Javier Duarte, el aún gobernador con licencia de Veracruz, sigue generando polémica.
Luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) emitiera una orden de aprehensión en su contra, la dependencia lo buscó a través de un cateo en la propiedad que posee en el municipio Villa Flores, Chiapas, sin éxito.
Durante el movimiento estuvieron presentes policías ministeriales y federales, además la PGR informó que el personal encargado del rancho “San Francisco” permitió el libre acceso de elementos policiales, quienes luego de realizar la búsqueda se retiraron a las 4:00 horas.
Además, reiteró que “La Procuraduría General de la República y la Policía Federal continuarán realizando las acciones necesarias para ubicar y aprehender a Javier N (…) el gobernador con licencia de Veracruz”, a través de un comunicado.
Antes de que la Procuraduría lo buscara en Chiapas, el padre Alejandro Solalinde dio a conocer, a través de su cuenta de Twitter, las coordenadas de la posible escondite de Duarte. Así fue como la dependencia acudió al lugar para buscarlo. El rancho, como aseguró Solalinde, es una de las más de 100 propiedades que Duarte adquirió en el tiempo en el que duró su gobierno.
Patrimonio veracruzano
En 2015, el patrimonio de los veracruzanos se vio afectado en por lo menos 16 mil millones de pesos, de acuerdo con un dictamen de la Cuenta Pública de aquel año, aprobado por el Congreso Local el 31 de noviembre pasado. El documento, avalado con 47 votos a favor, dos en contra y una abstención, expresa que el órgano fiscalizador dio cuenta de irregularidades millonarias y de la falta de comprobación de mil 994 pesos que gastó la oficina de Comunicación Social.
En la misiva se expresa que “La Comisión de Vigilancia previene que la falta de soporte documental de erogaciones conlleva un gasto sin comprobar” y que por faltar este detalle, se cuenta como daño patrimonial”, además de que fue imposible comprobar los 8 mil 146 millones de pesos que de manera presunta se gastó en la nómina de la Secretaría de Educación Pública local debido a que no proporcionó los documentos que justifiquen el gasto de tal cantidad.
La legislatura saliente dio una “segunda oportunidad” con el fin de que la dependencia educativa entregue la información correspondiente que avale y compruebe el gasto faltante en un plazo no mayor a 30 días, bajo la advertencia de que las autoridades serán informadas en caso de que se trate de la comisión de algún delito.
Rescatemos Veracruz
Aunque el rescate del estado de Veracruz fue el lema de campaña del gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, el ahora mandatario interino, Flavino Ríos, pidió un rescate a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por 11 mil millones de pesos, con el fin de sanear las finanzas de la entidad.
Para liquidar las deudas de los municipios entre “otros compromisos”, Ríos pidió un rescate económico y reconoció que Duarte endeudó a las alcaldías estatales por más de 3 mil 300 millones de pesos. Entre ellos, se encuentra el pago de sueldos y aguinaldos a los docentes de la Universidad Veracruzana, y ciertos subsidios que se deben.
En una reunión llevada a cabo la tarde del lunes 31 de noviembre, Ríos aseguró, en presencia de 95 de los 212 alcaldes que encabezan cada región, que el 3 de noviembre se llevará a cabo un pago para resarcir los daños al patrimonio veracruzano.
Esto luego de que el pasado lunes, 106 presidentes municipales del estado se manifestaran y exigieran el pago de “participaciones federales” y demandaran, además, la entrega de recursos, mismos que la administración saliente no ha dado.
Se trata de 2 mil millones de pesos retenidos desde agosto de este año, por ello diferentes ediles tanto del PAN como del PRD, mantienen tomado el palacio de gobierno del estado.
En conferencia de prensa, los ediles exigieron a la federación la entrega de los recursos a través de un interventor de la SHCP, así como de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong.
Por esta situación, tanto el dirigente del PAN, Ricardo Anaya, como Alejandra Barrales, presidenta del PRD, exigieron la intervención de la federación para rescatar al estado y a los ayuntamientos, a fin de no situarse en la “ingobernabilidad”.
