Armando Reyes Vigueras
La insistencia de las fuerzas armadas para contar con un marco jurídico para su actuación en temas de seguridad interior está motivada por la necesidad de certidumbre, pero no solo para el Ejército y la Armada, sino también para la sociedad, en un contexto en el que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha buscado apoyar a las instituciones de seguridad pública.
Este y otros temas relacionados con el debate que se presenta en el Poder Legislativo fue abordado en entrevista con Siempre! por el general de Brigada Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena, quien compartió con este medio la visión que tienen las fuerzas armadas de la discusión que se está dando en torno a la Ley de Seguridad Interior.
Esta es la conversación que sostuvimos con el militar en la sede de la dependencia.
Balance del general secretario
Para comprender lo que se está debatiendo, ¿qué diferencia hay entre seguridad nacional y seguridad interior?
A partir de los últimos días se ha estado gestando este debate sobre la necesidad de tener un marco jurídico que regule la seguridad interior y, en este sentido, habría que comenzar a establecer que la seguridad nacional es un concepto amplio que tiene que ver con la condición del país, del Estado mexicano, para alcanzar los objetivos del desarrollo nacional a pesar de los diferentes factores que pudieran incidir al respecto. En este sentido, por lo menos en la doctrina (militar), la seguridad nacional se ha dividido en dos vertientes: primero aquellos factores que pudieran ser obstáculos a los objetivos de desarrollo, paz y la subsistencia misma del Estado, sean factores que vienen de fuera o de dentro del país. Cuando vienen de fuera, esto se ha identificado con defensa nacional, es decir todas las actividades para defendernos de estos factores que pueden atentar contra la independencia o la soberanía de la nación.
Y, por otro lado, la otra vertiente tiene que ver con los factores internos que también pueden provocar afectación a la existencia misma del Estado, a sus instituciones y al orden constitucional establecido.
Hay una tercera acepción de la seguridad que es la seguridad pública; ahí es donde está la falta de claridad en la diferencia entre seguridad pública y seguridad interior. A tono con este debate, es importante que la sociedad distinga que la seguridad pública es una función a cargo del Estado a través de distintas instituciones de seguridad y procuración de justicia que protegen al ciudadano, a las personas y sus bienes de la comisión de delitos, en tanto que la seguridad interior es proteger el orden constitucional y la continuidad de las mismas instituciones que los mexicanos nos hemos dado para tener un mejor país, que se conduzcan las políticas públicas de mejor manera.
¿Qué balance hace la Sedena de los diez años que han estado en las calles en tareas de seguridad pública?
El balance lo ha hecho el general secretario (Salvador Cienfuegos), refiriendo que en estos diez años se advierte que no habido la suficiente actividad para generar las fortalezas de las instituciones responsables de la seguridad pública y que, por lo tanto, la participación de las fuerzas armadas se ha ido perpetuando. La idea es, precisamente, que las leyes establezcan esta situación y le den legitimidad —que de suyo la tienen en virtud del artículo 89, fracción sexta, que prevé la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior y la facultad del presidente para disponer de las mismas para este tipo de seguridad—. En ese sentido hay que considerar en el debate si las acciones que realiza esta secretaría y las fuerzas armadas son tareas de seguridad pública; o, bien, la combinación entre el poder económico y corruptor que tienen las organizaciones criminales y la debilidad que han mostrado algunas de las instituciones, sobre todo en los niveles de gobierno más cercanos a la población —municipios o los estados—, son un factor que de suyo viene a provocar un problema de seguridad interior.
General Alejandro Ramos
Entonces, suponemos que nuestra participación ante esta combinación de factores es precisamente para preservar la seguridad interior. Por lo anterior, nos parece muy interesante que la iniciativa presentada por el diputado César Camacho y la diputada Martha Tamayo habla de esta precisión en cuanto a que hay actividades que deben ser de carácter permanente, para evitar llegar a una condición en donde la amenaza a la seguridad interior esté presente, como en el caso de las que involucran a todas las instituciones en acciones para no llegar a consecuencias más graves.
La misma Corte, cuando emitió la jurisprudencia acerca de la participación de las fuerzas armadas, una la destinó a seguridad interior y señaló que no es necesario llegar a las condiciones del Estado de excepción o suspensión de garantías para que las fuerzas armadas puedan realizar labores, si de suyo se prevé no intervenir de forma preventiva, pues el costo para la población podría ser más alto si se suspenden las garantías. Por eso es importante que se distinga cuál es la función de seguridad interior del Estado mexicano y de sus fuerzas armadas.
Mencionaba la iniciativa de Martha Tamayo y César Camacho, además hay una más de Roberto Gil, ¿estas iniciativas satisfacen lo que esta Secretaría ha solicitado?
Cualquier regulación que ponga una mejor condición es importante, todas las regulaciones son perfectibles, lo más importante en este momento es que ya se ha puesto en el debate la necesidad de una ley; las dos iniciativas tendrán muchas bondades, muchos aspectos importantes que regular, y lo que realmente importa es que el trabajo legislativo logre depurar lo mejor de cada una y saque una ley que sirva y satisfaga las necesidades de las fuerzas armadas, pues hemos hecho énfasis en que la seguridad interior no es una responsabilidad de las fuerzas armadas y, a veces, caemos en este garlito de que hablar de seguridad interior es hablar de fuerzas armadas, y no, todas las actividades del Estado son importantes.
La iniciativa de Camacho y Tamayo tiene la virtud de que hace una referencia, precisamente, a que las distintas instituciones deben estar atentas a los factores que pudieran desestabilizar la seguridad interior, para que sus programas y políticas públicas se enfoquen a atender esta situación. Por poner un ejemplo, tenemos una tasa de desempleo como otros países y que va en un contexto normal, digamos, sin embargo, se pudiera dar el caso de que dicha tasa se eleve en forma exponencial y que una gran cantidad de la población pudiera estar en desempleo —40 o 50 por ciento de la población sin empleo—, entonces las consecuencias podrían ser muy graves y los encargados de generar empleos y crecimiento económico tendrán que poner programas prioritarios para atender este factor.
Ser policía no va con lo militar
En este debate se ha dicho que también se podría incluir en la discusión lo del mando único, ¿qué opina la Sedena de esta propuesta?
En mi opinión personal, no es una posición que haya presentado oficialmente la Sedena; creo que ante el surgimiento de algunas voces —afortunadamente las menos— acerca de una supuesta intención de militarizar, de perpetuar la presencia de las fuerzas armadas en las calles, es muy importante que las normas para fortalecer las instituciones de seguridad pública estén bien impulsadas, lo cual permitiría poner en una justa dimensión esta situación: por un lado, regular la actuación de las fuerzas armadas, y, por otro, a las demás instancias que intervienen en seguridad interior, además de impulsar las iniciativas de seguridad pública. Pero creo que si se atora alguna de estas leyes no debería ser obstáculo para que la otra pudiera caminar, lo ideal sería que caminarán juntas.
Acerca de lo que comenta, surge la pregunta de cómo se pueden profesionalizar las policías. ¿La Sedena podría ayudar en este tema?
En la medida de las posibilidades del Ejército y Fuerza Aérea se ha ayudado a algunas instituciones con capacitación en algunas áreas que son compatibles entre las fuerzas armadas y las corporaciones de seguridad pública; pero es evidente que las fuerzas armadas no son las que deben dar la formación de un policía, podemos ayudar en el uso de armas, régimen disciplinario, pero es evidente que la formación de los policías es mucho más amplia y tiene que ver con una especialización que las fuerzas armadas no pueden dar.
Sobre la declaración del general secretario acerca de que el ejército no está preparado para atender este tipo de tareas, ¿cómo van los programas de capacitación, de formación dentro de las fuerzas armadas en este contexto?
Es una pregunta muy importante, no hay que perder de vista lo señalado por el general Cienfuegos, en el sentido de que darle funciones de policía a las fuerzas armadas es desnaturalizarlas. Parte de esto implica que, en lugar de tener capacitación y adiestramiento para cumplir sus misiones constitucionales y legales, se estén capacitando para una función que no les es propia. Lo mismo ocurre con el equipamiento, por eso es la insistencia de definir lo relacionado con la seguridad interior que sí es propio de nosotros.
No obstante, hemos desarrollado programas amplios y de largo alcance para fortalecer el respeto de los derechos humanos entre toda la población y de los mismos militares, de tal suerte que me atrevo a decir que no hay un programa de otra institución tan sólido, tan bien estructurado, que se cumpla y que se mida, como los que tienen las fuerzas armadas.
Reflejo de ello es el amplio margen de reducción de las quejas que sobre derechos humanos se han presentado, no obstante que ha sido una herramienta de la defensa de algunos presuntos responsables para buscar la salida a su problema y, a pesar de ello, ha habido una reducción de las quejas.
Respecto a las declaraciones que dio el general Cienfuegos recientemente en un desayuno, hay quien dice que fueron mal interpretadas, ¿comparten esa impresión?, ¿qué fue lo que se buscó comunicar en esa oportunidad?
Hay que contextualizar; efectivamente, el pronunciamiento —partiendo de la base de que no se convocó a una conferencia de prensa o que fuera a partir de una definición consensuada— fue en un desayuno de fin de año con personal de medios de comunicación en donde no podría dejar sin respuesta algunas preguntas. Creo que como ocurre en estos casos, hay diferentes formas de percibir, hay quienes leen entre líneas, hay quien busca percibir una especulación, lo que “realmente” quiso decir, pero la verdad es que los militares y el señor secretario han dado muestras de franqueza, de transparencia, y lo que quiso decir lo dijo.
Es importante contextualizar y que se advierta que lo que responde el general secretario no es una situación más allá de señalar la necesidad de contar con un marco jurídico que le dé mayor certidumbre no solo a las fuerzas armadas, sino a la sociedad. Como señaló el general secretario, si sabemos qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, y la sociedad lo sabe, entonces la propia sociedad va a entender que una regulación nos beneficia a todos.
Iniciativas, en proceso de análisis
Se ha mencionado que el ejército debe regresar a los cuarteles, el propio titular de la Defensa lo ha mencionado, ¿contemplan ustedes algún plazo para eso?
En principio, no es una determinación de las fuerzas armadas salir a hacer esta labor de coadyuvancia en la seguridad de los mexicanos; es una determinación de otra naturaleza. Tampoco estará en la determinación de las fuerzas armadas cuándo deben regresar. El tema, aquí, es cuándo las condiciones estarán dadas para que pueda darse este regreso; el poco avance en la materia es parte del debate que hoy tenemos, el hecho de que no todas las instituciones civiles estén generando las capacidades de la policía y de procuración de justicia para hacerse cargo por sí solas de un tema que es suyo, pues es lo que lleva a decir cuándo van a empezar a trabajar para que pueda regresar a la normalidad el tema de seguridad pública.
Hay quien habla de que el ejército incluso se siente utilizado, el senador Roberto Gil mencionó que es más barato sacar a las fuerzas armadas que preparar el entramado jurídico que hace falta, ¿cuál es la posición de la Sedena en este sentido?
Es precisamente lo que mencionó el general secretario: no es una responsabilidad directa de las fuerzas armadas; para algunas autoridades ha sido más fácil pues se trata de una institución consolidada que ya está disponible y que es más fácil enfrentar el problema de hoy con esas fuerzas que empezar a construir la institución responsable de ese tema para empezar a dar resultados quién sabe cuándo.
Para esas autoridades, responsables del tema de la seguridad pública, ha sido muy cómodo y resuelven un problema inmediato pidiendo el apoyo de las fuerzas armadas. El tema es qué van a hacer para resolver el problema, por eso parte de estas iniciativas ayudan porque establecen dentro de estas declaratorias de protección a la seguridad interior, cuando lo solicite algún gobierno estatal, que se establezca cuál es el tramo de la administración que está débil o no es suficiente para atender el problema, y cuáles son las medidas a las que se compromete llevar a cabo para reponer lo más rápidamente posible la situación.
Las dos iniciativas contemplan, también, algo muy importante, que la autoridad que intervenga en una situación de riesgo a la seguridad interior no debe sustituir la institución municipal o estatal. Es una complementariedad de la federación ante un momento determinado de debilidad o insuficiencia.
Para concluir, de las iniciativas presentadas, ¿hay algún aspecto que ustedes consideren que hace falta en los planteamientos hechos por los legisladores?
Apenas estamos en un proceso de análisis de las iniciativas, es una responsabilidad del Congreso de la Unión. Escuchaba que ya van a trabajar en conferencia ambas cámaras, lo cual va a servir para que se complementen todos los puntos de vista.
¿Algo más que quiera agregar?
Solo que las fuerzas armadas están trabajando con todas sus capacidades y convicción, y que el marco jurídico que se está pidiendo es uno de certidumbre para todos y no de pretensión para obtener mayores facultades o de facultades que no corresponden a la función propia de las fuerzas armadas.
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