Prefirió salvar la cara
Luis Humberto Fernández Fuentes
La renuncia del doctor Agustín Carstens no obedece a una aspiración laboral, está íntimamente ligada a una diferencia de criterios con el gobierno federal respecto al manejo de la deuda del país, salvar la cara y prestigio frente a la tormenta que viene.
Hace unos meses, Carstens alertó sobre un menor margen de maniobra en la política fiscal del país por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y un endeudamiento que llegaba a los “límites de lo razonable”.
Esta preocupación también ha sido externada por otras fuentes. De acuerdo con Forbes, entre enero y octubre de este año, el costo de la deuda de nuestro país aumentó 51,613 millones de pesos (16 por ciento), al pasar de 269,131 mdp en dicho periodo de 2015 a 320,754 mdp, en 2016. Al respecto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha alertado sobre los riesgos económicos que ello significa.
Meses anteriores ya se había alertado sobre el crecimiento de la deuda externa, sobre todo, del pago por intereses y amortización realizados en los últimos tres años (94 mil 757 millones de dólares) equivalente a tres cuartas partes del saldo que se tenía al inicio de la presente administración (121 mil 659 millones de dólares). Pese a esas medidas, la deuda se ha incrementado en 33 por ciento.
Hace unos días la calificadora HR Ratings alertó que el próximo año la economía de nuestro país tendría un crecimiento menor, con la posibilidad de una recesión, la cual dependería del “efecto Trump”. En este mismo sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) alertó que el ambiente político de Estados Unidos y la caída de los precios del petróleo no favorecían el crecimiento, por lo que se sumó al recorte de expectativas económicas de otros organismos como Banco de México y FMI. Ya se observan hechos que nos dan una dimensión de dónde estamos parados, por ejemplo, entre enero y noviembre los inversionistas extranjeros retiraron 132 mil millones en bonos del gobierno.
Tres grandes fuerzas desestabilizadoras están en rumbo de coalición y generarán un efecto potencializador entre sí: la irresponsabilidad del gobierno federal, la fragilidad estructural de la economía mexicana y un escenario adverso en lo global, que serán potenciadas entre sí por las medidas que Trump ha anunciado: un impuesto de 35 por ciento a empresas de Estados Unidos que decidan trasladar su producción a otros países y la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) de América del Norte.
Frente a esta tormenta el gobierno mantiene un optimismo tan absurdo como peligroso. No hay duda, el próximo año será uno de los más difíciles en materia económica para nuestro país; sin embargo, aún no hay una ruta clara, sólo el discurso y la cortesanía, ni siquiera existe un reconocimiento de lo delicado de las circunstancias. Ante esta situación, es fundamental decretar la emergencia, sobre todo porque el incremento de la deuda pública en el presente no sólo significará una mayor profundidad de la crisis futura.
La renuncia de Carstens preocupa y da miedo, miedo a un gobierno que no sólo pierde credibilidad ante la sociedad y los mercados, sino que ya no tiene credibilidad ni siquiera entre sus mismos actores.
México le apostó todo y por muchos años al libre comercio y a los designios sagrados del Banco Mundial y FMI. Hoy este evangelio ha sido agotado y México, su más fiel seguidor, abandonado a su suerte.
Vamos a enfrentar eventualmente una crisis económica donde un gobierno tenga la desfachatez de pedir mayores sacrificios a la población, empresarios y profesionistas sobre la “cara dura” de la Casa Blanca, de los millones que diferentes exgobernadores se han robado y la incapacidad de llevarlos a la justicia, como son los casos de Guillemo Padrés (32 mil millones de pesos), Javier Duarte (60 mil millones de pesos), sobre el cual el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha declarado que estas irregularidades son “las más altas que hayamos podido determinar nosotros en la historia de la Auditoría”, por mencionar algunos.
Estos casos de corrupción no solo afectan la credibilidad de las instituciones, sino también la solidez financiera de los gobiernos estatales. Según datos de la SHCP, se calcula que en total los exgobernadores de Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora y Coahuila incrementaron la deuda 186 mil 535.7 millones de pesos respecto a la que recibieron al inicio de su gestión.
La renuncia de Carstens es una señal ineludible de que vivimos un momento de gran riesgo, lo que nos obliga a mantener la esperanza, pero también a ser objetivos y tomar acciones inmediatas. El dilema es sencillo: o seguimos la ruta del optimismo idiota o reconocemos la tormenta que viene.
@LuisHFernandez
Senador de la República
