Recortes afectan desarrollo económico/I
Martín Esparza Flores
Ante el panorama de crisis económica que se avecina para el país en los próximos dos años es inaplazable que legisladores, sectores productivos y organizaciones sociales se sienten a la mesa para analizar hasta qué punto se ha errado en el diseño de las asignaciones presupuestales a áreas como el gasto corriente y la seguridad, esta última considerada desde hace diez años prioritaria para el combate al narcotráfico y la violencia que enfrenta el país y que a la fecha ha costado más de un billón de pesos al erario sin arrojar resultados concretos.
Con tan magros dividendos surge el planteamiento del porqué se ha optado por dejar a la deriva actividades productivas en renglones como el agro, donde los criminales han encontrado un terreno fértil para apoderarse de tierras laborables y comunidades enteras en estados como Chihuahua, Guerrero y Sinaloa, ante el hambre y la miseria de miles de campesinos que junto con sus familias siguen anclados a los programas asistenciales que no resuelven de raíz su ancestral pobreza. El recorte al campo en un 27 por ciento terminará por dejar la población rural del país, unos 26 millones de campesinos, a merced de la delincuencia organizada.
La caída en los precios internacionales del petróleo que por tercer año consecutivo impactó en recortes al presupuesto por un monto de 239 mil 700 millones de pesos para 2017 comprueba la hipótesis de expertos de la UNAM, en el sentido de que el gasto en México no se está empleando de la mejor manera; es decir, en medio de una aguda crisis de recursos donde los ingresos ya no solventan los egresos, se insiste en conservar privilegios de la burocracia de primer nivel en los tres poderes, ignorando la atención a sectores como el turismo que pueden generar empleos y divisas. El bono de fin de año de los diputados por 718 mil pesos resulta el peor de los insultos para las mayorías que luchan por subsistir en el día a día.
Estudios realizados en la última década por el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM), de la Facultad de Economía de la UNAM, sobre el comportamiento de la asignación del gasto, indican que los últimos dos gobiernos han priorizado los recursos al gasto corriente en un 77 por ciento, contra un 23 por ciento del gasto de capital, contemplando este último los gastos de inversión que realizan las dependencias y entidades de la administración pública federal.
Los economistas de nuestra máxima casa de estudios no dudan en señalar que, ante el decepcionante papel del sector privado en la economía nacional, sus bajos ritmos de inversión y los precarios empleos ofrecidos, su complemento natural que debería ser el gasto público canalizado a inversiones productivas ha perdido su capacidad de redistribución, lo que se ha reflejado en secuelas negativas de los niveles de bienestar social.
“La escalada de violencia, la delincuencia y la descomposición del tejido social son, en buena parte, responsabilidad de una inadecuada política de desarrollo económico y social, acentuada por la falta de oportunidades”, indican los expertos que han vaticinado la pérdida de unos 200 mil empleos para este año y el riesgo de que otros miles más se esfumen por los recortes de 2017. Argumentos suficientes para empezar a rediseñar la asignación de los recursos presupuestales, hasta hoy, mal empleados y peor canalizados.
