BERNARDO GONZALEZ SOLANO

El jueves 24 de noviembre, el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el líder de las fuerzas guerrilleras Rodrigo Londoño Echeverri, firmaron el nuevo acuerdo de paz –que se espera sea el definitivo– en el Teatro Colón de Bogotá; el documento es una segunda versión del que se suscribió el pasado 26 de septiembre en la tropical Cartagena de Indias, mismo que fue rechazado días más tarde por los ciudadanos colombianos en un plebiscito. La signatura del primer documento presuponía que así se ponía fin a una guerra de más de 52 años. El voto popular echó por tierra esa esperanza.

Ahora, Santos pidió al Congreso, mediante una misiva oficial, suscrita por las partes en conflicto, que fuera esta instancia parlamentaria “como órgano de representación democrática por excelencia”, el que “adelante el proceso de refrendación” del acuerdo. Por su parte, el ex presidente de Colombia y actual senador, Álvaro Uribe, insiste que la aprobación final se haga por medio de otro plebiscito. Así está el juego.

En la carta enviada al presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, J.M. Santos pide a los senadores realizar las sesiones que sean necesarias para discutir el documento y tomar una decisión definitiva. Urge el mandatario: “La pronta implementación de los acuerdos es fundamental para impedir el desmoronamiento del dese al fuego ya la pérdida de vida”.

Concluye la carta: “Esperamos que hoy sea el inicio de un nuevo capítulo para Colombia en el que con el compromiso de todos los ciudadanos y las instituciones públicas, se empiece a construir el camino para una paz estable y duradera”.

El acto en la capital colombiana fue más sobrio que el de Cartagena. No sólo por el número de invitados –880 en el último y 2,500 en el primero, incluyendo jefes de Estado, presidentes y personajes de  nivel internacional como el secretario general de la ONU, todos ataviados de traje y corbata, excepto Timochenko de saco y camisa de cuello abierto–, sino porque ahora no asistieron los parlamentarios de Centro Democrático, el partido del ex presidente Álvaro Uribe quien, como se sabe, junto con el también ex mandatario Andrés Pastrana, fueron los opositores al “sí” en el referéndum pasado; asimismo, Uribe y Pastrana fueron las cabezas visibles del rechazo al nuevo acuerdo de paz firmado por Santos y Londoño. Eso sí, volvieron a firmar con el “balígrafo” (una bala sin pólvora convertida en pluma de escribir) que fabricaron ex profeso para la primera firma.

En su intervención, el presidente Santos destacó que la paz es “un sueño” que los colombianos han buscado “desde hace años, décadas, siglos” y que “el conflicto tiene un coste demasiado doloroso”. De tal suerte, el nuevo acuerdo sienta, a su juicio, “las bases de una paz estable y duradera”. Así, dijo, este acuerdo “es el definitivo”, después de que se recogieran durante 40 días los “aportes” de distintos partidos y colectivos sociales, tanto partidarios del “sí” como del “no” en el plebiscito. Santos confía en que el Congreso refrendaría el acuerdo el martes 29 de noviembre, con lo que comenzaría el plazo de 180 días para la desmovilización de las FARC y los 150 días para la entrega de las armas a la ONU.

En fin, el mandatario colombiano anunció que convocaría a todos los partidos para la implementación y justificó que no se consulte de nuevo a los ciudadanos para refrendar el acuerdo en el que el Congreso “representa directamente al pueblo” y es “la esencia de la democracia”.

Antes de que hablara Santos, hizo lo propio Timochenko, quien reclamó una implementación del acuerdo de paz “pronta y eficaz”, para lo que pidió “un gobierno de transición” que “garantice un cumplimiento cabal de los acuerdos de La Habana”. “No habrá más violencia entre colombianos por razones políticas”, señaló el guerrillero que demandó que se garantice el derecho a disentir o a hacer oposición”, y abogó por que “la palabra sea la única arma de los colombianos”.

Rodrigo Londoño también consideró que este es el acuerdo de paz “definitivo” y destacó que incluye las propuestas de los defensores del “no” en el referéndum de octubre pasado. Según dijo, las partes introdujeron “importantes cambios a los textos anteriores hasta convertir el acuerdo de paz en definitivo” y “nadie debe quedarse fuera de él”.

Es claro que sigue vivo el optimismo entre el gobierno y la guerrilla, pero no menos cierto es que la renegociación del documento suscrito hace menos de dos meses evidencia una fractura total entre dos sectores de la clase política y constata el desánimo de una facción de la población, ilusionada sobremanera con finalizar el conflicto pero que aún no despierta de la pesadilla que representó el “no” en el plebiscito.

Así las cosas, el rechazo al acuerdo original en el plebiscito del 2 de octubre pasado por aproximadamente 50,000 votos fue un fortísimo derechazo para la administración Santos y las FARC. Hay que llamar a las cosas por su nombre: ni el unánime respaldo de la comunidad internacional (cosa rara hasta el presidente Enrique Peña Nieto asistió a la ceremonia en Cartagena de Indias), ni que todos los partidos políticos colombianos –salvo uno–, hiciesen campaña por el “sí” lograron movilizar a más del 17% de los electores. Sin mixtificaciones: a la mayoría de los colombianos les valió gorro que se terminara la guerra, no obstante que empezó desde hace más de medio siglo. La pírrica victoria del “no”, pero triunfo al fin y al cabo, desubicó a los que estaban convencidos que, por fin, la guerra iba a terminar.

La apatía o desmoralización del “sí” responde en buena medida a la comprobación de que gran parte de sus compatriotas no estaban de acuerdo con aquel acuerdo. Los simpatizantes del texto consiguieron notoriedad en las redes sociales (lo que ahora es relativamente fácil conseguir, pero igual de fácil es perderla), así como el apoyo de los medios de comunicación y las encuestas les daban ventaja, pero al final el voto efectivo les propinaron un sopapo mayúsculo. (Una vez más las encuestas demostraron sus tremendas fallas). Además, los fieles a Santos creen  que la renegociación ha servido de poco, sobre todo después de que los principales líderes del “no”, con el ex presidente Alvaro Uribe a la cabeza, continúan rechazando el nuevo acuerdo.

Dentro del espectro político, la negociación del nuevo acuerdo ha acentuado la fractura entre las élites partidistas, que no dejan de enfocar su atención en los comicios presidenciales de 2018. La imagen de J. M. Santos sigue en entredicho, en tanto que la de su antiguo jefe, Álvaro Uribe, abanderado del “no”, repunta hasta en 7 puntos y se sitúa con un 50% de popularidad, frente al 47% que cree lo contrario, según los  últimos datos, antes de conocerse el rechazo al nuevo acuerdo.

Al escribir este análisis no es fácil prever lo que suceda. El acuerdo deberá recorrer un sinuoso camino en las Cámaras Legislativas con la férrea oposición del Centro Democrático y otros grupos. Aprobar el farragoso texto de 310 páginas será relativamente sencillo pues Santos cuenta con una amplia mayoría parlamentaria, pero expedir las leyes que necesita y ponerlas en marcha no resultará una tarea fácil ni rápida. Todo indica a que esto se convertirá en el centro del debate de las legislativas y las presidenciales de 2018.

La oposición no sólo es de Uribe y de Pastrana, sino hay otras voces discrepantes como la de Marta Lucía Ramírez, ex candidata presidencial conservadora, que dijo a la prensa: “El camino que escogió el gobierno es el peor posible. El acuerdo no tiene legitimidad política ni seguridad jurídica, ni concordia social. La paz y la unidad nacional son insolubles, pero al Gobierno no le importa la paz ni la unidad nacional…Me reservo el derecho a interponer demandas legales sobre aspectos que vayan contra la Constitución”. Para ella y el Centro Democrático, un aspecto crucial que debieron aceptar, es que los jefes de las FARC cumplan una pena efectiva, “así fuera en un lugar tan flexible como la granja veredal” (zona de concentración de la guerrilla), y que se abstengan de participar en política hasta finalizar su laxa condena.

Otras voces discordantes como la de Adela Perlaza –que sufrió el secuestro de su hijo y el asesinato de su hermano a manos de las FARC–, comentó: “no tuvieron en cuenta wue más de la mitad de colombianos no estábamos de acuerdo, nos están pasando por encima…Que no cumplan cárcel y vayan al Congreso, me parece el colmo”.

Dos días después de la firma del segundo acuerdo, Timochenko, en una reunión en Bogotá con agencias de prensa internacionales, dijo “que lo más probable” es que muchos miembros de las FARC sean asesinados una vez se demovilicen y dejen las armas producto del acuerdo de paz. “Ojalá no tengamos que hacer un balance y decir: la paz nos costó equis cantidad de muertos más. Ahora sí, lo más probable es que muchos quedaremos en el camino”. Sin embargo, agregó que más allá de los posibles asesinatos “lo importante es generar un impulso que no se pueda parar e impulsar la salida política” al conflicto armado que vive el país.

En fin, en referencia a los asesinatos de varios líderes sociales en varios lugares de Colombia en las últimas semanas, Timochenko indicó que “este tipo de situaciones se iban a dar” y consideró “muy posible que se arrecien”. Por lo cual agregó que han “alertado mucho” a los guerrilleros y simpatizantes para “no dejarse provocar”, pero sabía que ese es “precisamente el reto” que afrontan.

En Colombia todavía no se ha dicho la última palabra. VALE.