El Instituto Nacional Electoral (INE) prevé multar a partidos locales como nacionales con 520 millones de pesos debido a omisiones e irregularidades que encontró la unidad de fiscalización del Instituto en las cuales incurrieron las organizaciones políticas durante el 2015.
Durante las sesiones que llevó a cabo la Comisión de Fiscalización se acordó proponer sanciones por 142 millones de pesos para los comités ejecutivos nacionales, 369 mdp para sus representantes estatales y 9 millones para los partidos con registro local.
El próximo 14 de diciembre el Consejo General deberá conocer y aprobar los proyectos de sanción que suman 520 mdp en multas. Una vez aprobados, los partidos podrán acudir al Tribunal Electoral para impugnar la decisión.
Bajo criterios, métodos y procedimientos de auditoría homogéneos, la Unidad Técnica de Fiscalización y la Comisión de Fiscalización del INE, revisó 12 mil 9 millones de pesos por concepto de ingresos y 11 mil 161 millones de egresos que las fuerzas políticas nacionales registraron en este periodo.
La Comisión de Fiscalización del Instituto, en sesión permanente llevada a cabo los días 21, 22 y 28 de noviembre, discutió y aprobó los dictámenes y sus resoluciones, tanto de los partidos políticos nacionales y acreditados en las entidades federativas, como de los partidos políticos con registro local.
Durante el periodo de análisis a cargo de la Unidad Técnica de Fiscalización fueron revisados 360 informes anuales, de los cuales 329 corresponden a los comités ejecutivos nacionales y estatales de los partidos políticos con registro nacional y 31 a los partidos políticos con registro local en 16 entidades federativas.
Los dictámenes contienen 3 mil 910 conclusiones respecto a cuentas de balance, ingresos, egresos, actividades específicas y liderazgo político de las mujeres, comités directivos estatales o su equivalente, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, verificación de límites de aportaciones, entre otros conceptos.
La fiscalización responde a la necesidad de adecuar los estándares de revisión y los criterios de sanción que involucran cada peso empleado por los institutos políticos, para cumplir con los fines constitucionales que tienen encomendados.
