Existe atraso tecnológico

Angélica de la Peña Gómez

Ante la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal de carácter acusatorio en todo el país, uno de los retos fundamentales para las y los profesionales encargados de la actividad pericial lo es sin duda la oralidad; sin embargo, la mayor parte de quienes desempeñan actualmente esta actividad no están habituados para exponer su dictamen en un juicio oral.

Además, la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio enfrenta el atraso tecnológico en laboratorios de criminalística en algunos estados de la república; equipos fuera de uso por falta de presupuesto para mantenimiento y la ausencia de criterios en la profesionalización de los expertos en diversas materias.

Asimismo, aún no se establecen con debida claridad los programas de certificación pericial que como está señalado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es de carácter obligatorio y debe ser otorgada por los Centros de Control de Confianza, con base en las normas de competencia laboral.

Otro factor que debe ser considerado ante la gravedad de la desaparición de personas en nuestro país, son las recomendaciones que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI) y el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas hicieron al Estado mexicano a raíz de los lamentables acontecimientos de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el cumplimiento de México con respecto a sus obligaciones contraídas en virtud de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada.

Se trata de una problemática que enfrentan tanto autoridades federales como locales, de ahí la importancia de un instituto forense altamente especializado que permita la coordinación con la Procuraduría General de la República y la de las entidades federativas en temas como el tratamiento de las bases de datos y las cifras sobre personas desaparecidas, así como su depuración; los mecanismos de búsqueda y la implementación de protocolos, entre otros aspectos que son de trascendencia para las investigaciones.

Como podemos advertir, uno de los esquemas que permitirá consolidar el sistema acusatorio es institucionalizar de manera coherente, científica y autónoma los servicios periciales e incorporar una política pública que coordine, armonice y unifique en todo el territorio nacional las ciencias forenses como auxiliares del derecho penal y del derecho procesal.

Por lo anterior, propuse la creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses como un órgano constitucionalmente autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto prestar a la ciudadanía y a los intervinientes en el procedimiento penal, los servicios médico legales y de ciencias forenses que requieran con el soporte científico y técnico; asimismo, las entidades federativas deberán establecer institutos análogos.

Con la creación de estos institutos se conformará el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual prestará servicios médico legales y de ciencias forenses con soporte científico y técnico a las instituciones de procuración de justicia y defensoría pública que le sean solicitados en todo el territorio nacional.

Consideramos que al contar con un organismo constitucional autónomo en materia de servicios periciales, se podrán unificar los recursos humanos, materiales y de infraestructura operativa que actualmente se encuentran dispersos, lo que permitirá una orientación del personal de acuerdo con las necesidades de cada caso; la adquisición de equipo especializado y la capacitación especializada en cada una de las materias periciales y su certificación por competencias o materia de especialización, lo cual evitará discrecionalidad en el desempeño de las actividades.

@angelicadelap

Presidenta de la Comisión de Derechos

Humanos del Senado de la República.