Entrevista con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara/Investigador de la Universidad de las Américas-Puebla
En el debate que se está dando acerca de la Ley de Seguridad Interior, la discusión “se debe dar con calma pues no es cualquier legislación la que está sobre la mesa”, opinó en entrevista con Siempre! Gerardo Rodríguez Sánchez Lara.
Para el investigador de la Universidad de las Américas-Puebla y miembro del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), se tienen que pensar bien las iniciativas de una manera integral, “porque estamos cometiendo el error de crear compartimientos para las respuestas de políticas en contra de la inseguridad, por lo que me parece positivo que se pueda discutir el tema del mando mixto —más que en el mando único—”, en este marco.
En el terreno de las definiciones, nuestro entrevistado mencionó que “en seguridad pública, tradicionalmente, el objeto preferente de protección ha sido el Estado, la comunidad”, en contraste, abundó, “seguridad ciudadana, por otro lado, deberá ser donde todos los recursos del Estado se ponen al servicio de proteger a la persona, en una visión más “antropocentrista”, en tanto que seguridad nacional, con base en la ley respectiva, “son todas aquellas actividades destinadas a la protección del Estado mexicano, y por este se entiende a las instituciones democráticas, la población y su territorio”.
Gerardo Rodríguez Sánchez Lara
En el caso de la seguridad interior, “como la veo en la doctrina que está elaborando el ejército”, Gerardo Rodríguez definió como las acciones “para atender los problemas en el interior del país que comprometan el Estado de derecho”.
Respecto de las dos iniciativas presentadas en el ámbito legislativo, en la conversación comentó que “ambas tratan de cumplir con el objetivo de legislar en materia de seguridad interior, pero con dos visiones diferentes”, para explicar: “la de Camacho y Tamayo tiene una visión de doctrina mucho más militar, me atrevería a decir que en su redacción participaron o exmilitares o asesores jurídicos del ejército, en tanto que la de Roberto Gil tiene una visión más civil en la cual ubica en el centro de la seguridad interior no a las fuerzas armadas sino a la Secretaría de Gobernación y, particularmente, al Centro de Investigación sobre Seguridad Nacional (Cisen), lo que me da la impresión de que es una iniciativa que recibió asesoría o algún tipo de lectura del propio Cisen”.
En su evaluación, comentó, las dos tienen problemas para tratar de implementar mejor las políticas de seguridad interior, además de que se tiene que revisar lo relativo al tema de derechos humanos.
“Creo que se presta a que el concepto de seguridad interior tenga un rango menor al de seguridad nacional, tendría que haber también una clasificación especial para documentos, políticas, instrucciones que se den en este marco, para que conozcamos cómo se están llevando a cabo las acciones”, completó nuestro entrevistado.
Rodríguez Sánchez Lara apuntó acerca de que el pasado 13 de diciembre fue aprobado el dictamen de la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, “que habla de la suspensión de garantías, por lo que me parece que la discusión se está encarrilando a hacerlo sin la profundidad requerida”, en el marco de “una presión asimétrica del Ejecutivo federal, de Gobernación, de las fuerzas armadas contra los legisladores que, hay que decirlo, no cuentan con el número de asesores suficientes y especializados en estas materias como para ganar un debate ‘tú a tú’ con el gobierno de la república, por lo que deberán recurrir a las organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de seguridad, defensa y derechos humanos”.
Iniciativa de César Camacho y Martha Tamayo del PRI
El pasado 27 de octubre, los diputados federales Martha Tamayo y César Camacho Quiroz presentaron una iniciativa para crear la Ley de Seguridad Interior, que tiene como virtudes: primero, se tomará como base para la discusión sobre el tema, en el Poder Legislativo, y segundo, cuenta con la simpatía de la Secretaría de la Defensa Nacional.
La iniciativa, de acuerdo con su exposición de motivos, se fundamenta en la necesidad de contar con “un ordenamiento legal especifico que defina y regule las actividades que pueden realizar las dependencias e instituciones competentes en el mantenimiento de la seguridad interior”, con la idea de responder a los cuestionamientos sobre el alcance de la misma e “incluso evitar confusiones con las tareas de seguridad pública”.
De igual manera, la propuesta busca la coordinación necesaria de las “diversas dependencias e instituciones del Ejecutivo federal, así́ como de la participación corresponsable de las autoridades de las entidades federativas y los municipios” para los temas de seguridad interior.
A propósito de este concepto, el texto que se discute en el ámbito legislativo lo define como las acciones tendientes a “garantizar la condición de paz que permita salvaguardar la continuidad de las instituciones y el desarrollo nacional, mediante el mantenimiento del Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en beneficio de la población, concibiéndola expresamente como una vertiente de la seguridad nacional y diferenciándola de la seguridad pública, así́ como regular de manera integral los esquemas de atención y coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios en la materia”.
Una de las precisiones que hace la propuesta de los legisladores Tamayo y Camacho tiene que ver con los mecanismos que se establecerían para declarar la necesidad de realizar acciones para defender la seguridad interior, pues se aclara que serán “las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí mismas o en coordinación con las entidades federativas o municipales, orientadas a la normalización del orden interno en un área o zona geográfica del país”, previa emisión de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, las que realicen “operaciones de restauración del orden y operaciones para auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas y desastres; esto es, se trata de acciones reactivas frente a amenazas inminentes a la seguridad interior”.
La iniciativa está conformada por seis capítulos que integran 32 artículos, así como dos transitorios; en la misma se faculta a la Secretaría de Gobernación como la responsable de aplicar el ordenamiento propuesto, así como el procedimiento a seguir para la declaratoria de protección a la seguridad interior.
Ley de Seguridad Interior
Seguridad Nacional o Seguridad Interior
Una de las polémicas en torno a la discusión sobre la Ley de Seguridad Interior es la propia definición del concepto. A partir de la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional, en 2005, el concepto de seguridad interior comienza a incorporarse al debate acerca de la necesidad de darle un marco jurídico a la actuación de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública.
Así, la Ley de Seguridad Nacional señala, dentro del apartado relativo a los riesgos de la seguridad nacional, en su artículo quinto, inciso V, “Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada”.
De igual manera, el Programa de Seguridad Nacional 2014-2018, en el apartado acerca de los objetivos específicos, apunta como objetivo 2.2.: “Fortalecer la capacidad de respuesta de las Fuerzas Federales para contribuir tanto al mantenimiento de la Seguridad Interior como a las tareas de Defensa Exterior de la Federación” (subrayado nuestro).
Por su parte, el Programa sectorial de Defensa Nacional 2013-2018, indica que “la Seguridad Interior, vertiente de la Seguridad Nacional, es la condición necesaria que proporciona el Estado para el desarrollo de la nación, mediante el mantenimiento del Estado de derecho. La Seguridad Interior tutela las instituciones democráticas y el orden constitucional”.
Por lo anterior, se alerta acerca de que “ambas funciones, la Defensa Nacional y Seguridad Interior, requieren conceptualizarse jurídicamente, ya que ninguna se encuentra específicamente definida en algún ordenamiento legal. Disponer del marco que las legitime dará certidumbre legal y administrativa, a instituciones militares y civiles”, además de mencionar que “resulta imprescindible
promover una Ley de Seguridad Interior y una Ley de Defensa Nacional, para dar certeza jurídica a la actuación de las Fuerzas Armadas y otras instancias del Estado mexicano responsables en estas funciones”.
Pese a que desde inicios del actual sexenio la propia Secretaría de Defensa Nacional advirtió de la necesidad de contar con un marco legal para la actuación de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública, poco se ha avanzado al respecto.
La iniciativa presentada por los diputados federales Martha Tamayo y César Camacho Quiroz, el pasado 27 de octubre, hace énfasis en que “en el caso de la Seguridad Interior, fundamentalmente se busca hacer frente a situaciones y fenómenos que vulneran el orden constitucional y la continuidad de las instituciones del Estado, esto es, el orden interno; en el caso de la Seguridad Pública, se busca velar por la observancia del orden y paz públicos, así como por la seguridad de los ciudadanos y sus bienes”.
Línea del tiempo
En diciembre de 2006, el gobierno federal anuncia el inicio de un operativo en contra del crimen organizado en Michoacán.
En 2007, se aprueban reformas a la Ley de Seguridad Nacional con el visto bueno de las fuerzas armadas.
En 2008, gracias al cabildeo de los militares se reforma el Código de Justicia Militar para castigar con hasta 60 años a los elementos de las fuerzas armadas que deserten y colaboren con el crimen organizado.
En 2009, Felipe Calderón presenta una iniciativa de Ley de Seguridad Nacional que define el concepto “seguridad interior”, buscando dar certidumbre a la actuación del Ejército y Armada en temas de seguridad pública.
En 2011, mandos del Ejército se reunieron con senadores y diputados de varios partidos para pedir que se aprobara la Ley de Seguridad Nacional, la cual se encuentra sin dictaminar desde entonces.
En julio de 2015, el presidente de la Comisión de la Defensa Nacional del Senado, Fernando Yunes Márquez, anunciaba que para fines de ese año se discutiría una Ley de Seguridad Interior para “establecer cuáles son los alcances de esta actuación”, aunque aclaró que “podríamos tener en diciembre un producto acabado, sin duda alguna con voluntad lo podríamos tener”. Terminó 2015 y dicha ley no se aprobó.
El 13 de septiembre de este año, el senador panista Roberto Gil Zuarth presentó una iniciativa de Ley de Seguridad Interior. “Lo hemos hecho por la sencilla razón de una crónica debilidad de nuestras instituciones policíacas y, al mismo tiempo, por la letal incursión del crimen organizado”, comentó al presentar la propuesta.
El 1 de octubre, en la ceremonia luctuosa por los soldados asesinados el 30 de septiembre en Sinaloa en una emboscada, el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, señaló: “que quede claro, también la atención a los delitos a los que hoy nos enfrentamos en nuestro país es una responsabilidad compartida, entre gobiernos, gobiernos en plural, la propia sociedad y sus fuerzas armadas”.
El 18 de octubre, en un seminario en la Universidad Anáhuac, el general Salvador Cienfuegos, a pregunta expresa sobre si trabajarían sobre un nuevo marco jurídico, aclaró: “… pregúnteselo a los legisladores, yo no hago leyes. Pues sí necesitaríamos más efectivos, necesitamos un marco legal, necesitamos otras cosas que ya (se) están trabajando”.
El 27 de octubre, los diputados priistas Martha Tamayo Morales y César Camacho Quiroz presentaron una iniciativa para crear la Ley de Seguridad Interior.
El 7 de noviembre, senadores priistas se reúnen con el titular de Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, a fin de abordar las modificaciones al marco legal.
El 21 de noviembre, el almirante Vidal Francisco Soberón, secretario de Marina, urgió a contar con un marco legal que respalde la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
El 5 de diciembre, en un artículo publicado en El Universal, Salvador Cienfuegos reconoció que “es necesario evitar que el concepto de seguridad interior se confunda con el de seguridad pública y no se pretenda que para auxiliar nos despojemos de las características propias de las Fuerzas Armadas, dejándonos en estado de indefensión”.
El 8 de diciembre, el general Salvador Cienfuegos Zepeda alertó acerca de la necesidad de que los militares regresen a los cuarteles. “No pedimos estar aquí, no nos sentimos a gusto, no estudiamos para perseguir delincuentes, nuestra función es otra y se está desnaturalizando”, dijo en conferencia de prensa.
El 9 de diciembre, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que soldados y marinos “están para cumplir con una misión, para preservar la seguridad interior, para cuidar de nuestra soberanía, y no necesariamente para hacerse cargo de tareas que en estricto sentido corresponden a las policías investigadoras y a las distintas procuradurías del país”.
El 12 de diciembre, en entrevista para un noticiario de radio, el senador priista Ismael Hernández Deras, integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, comentó que había disposición para aprobar la iniciativa de ley en un periodo extraordinario, incluso antes de Navidad. “Tenemos la disposición de que pudiera ser incluso antes del 24 de diciembre. No tenemos otro compromiso más de que haya respuestas a la sociedad, hoy la sociedad requiere respuestas a través de sus Fuerzas Armadas en el tema de seguridad”, aseguró.
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