CAPÍTULO 1

La relación con la gran potencia

Dejar de ser México

 

En la conclusión de su célebre “La crisis de México”, ensayo publicado en 1947, Daniel Cosío Villegas advirtió que México iría a la deriva de no reconocerse, y remediarse, la crisis política y moral en que había caído al iniciarse la consolidación del régimen que sustituyó al porfirista. Negada por muchos, tal crisis era resultado del agotamiento de las metas de la Revolución mexicana: se había llegado al punto de “que el término mismo de revolución carece ya de sentido”, de modo que el país renovaba el compromiso con el proyecto de una nación más justa o estaría perdido. Podría, como último recurso, “confiar su porvenir a Estados Unidos”, lo que quizá resolvería algunos de sus problemas de índole económica, pero en “la justa medida en que su vida venga de fuera” México dejaría de ser México.

Cosío Villegas no ahondó en el contenido de su profecía. Sin embargo, a 66 años de distancia de ella, estamos en posibilidad de detallar si se cumplió mediante el simple método de registrar y evaluar lo que ha significado el “confiar” la solución de algunos de nuestros grandes problemas a las directrices y las soluciones propuestas por, o negociadas con, Estados Unidos.

Como presidente, Miguel Alemán Valdés (1946-1952) se mostró bastante obsequioso frente a Washington, pero sin abrir plenamente la economía mexicana al capital y al comercio con el vecino del norte. En los siguientes cinco sexenios la semiindependencia alcanzada para México por su revolución se mantuvo con altas y bajas, pero las crisis económicas de finales de los sexenios presididos por Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo y Pacheco acabaron con lo que quedaba del proyecto mexicano. La siguiente crisis, ésta política, resultado del fraude electoral de 1988, llevó a que el grupo dirigente encabezado por Carlos Salinas de Gortari optara por intercambiar la relativa independencia económica mexicana basada en un débil mercado interno por la preservación del dominio priista sobre el sistema político. Fue entonces cuando se empezó a cumplir el pronóstico de Cosío Villegas, pues Salinas prefirió “confiar su porvenir a Estados Unidos”, aunque al hacerlo comprometió al país a un aumento de su dependencia respecto de éste.

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La propuesta de Salinas a Estados Unidos para negociar un tratado de libre comercio no fue otra cosa que un intento por encontrar en el vecino el apoyo y la energía que ya no se querían buscar internamente, lo que implicaba el desmantelamiento de la presidencia sin contrapesos, el fin del partido de Estado y la modificación del sistema fiscal, de la distribución del ingreso y de la estructura social. En suma, requería un cambio de régimen en el que los ganadores y los perdedores ya no serían los de siempre. A cambio de clausurar la etapa del nacionalismo revolucionario, el Ejecutivo prometió la recuperación del notable ritmo de crecimiento que había caracterizado los años cincuenta y sesenta, pero con nuevas bases, con lo que México ingresaría en el exclusivo grupo de los países desarrollados.

Al final, lo prometido se quedó en deuda. El producto interno bruto (PIB) salinista fue de apenas 2.31% anual en promedio, y en el siguiente sexenio de 1.87%, aunque lo que sí ocurrió fue que México perdió la relativa autonomía que había alcanzado durante el cardenismo.

En una segunda etapa de este análisis, el cambio de partido en la presidencia en el año 2000 no modificó la situación heredada de dependencia económica respecto de Estados Unidos, sino, por el contrario, la afianzó. Como la “exportación” de mano de obra se había convertido en una fuente indispensable de divisas para el nuevo modelo económico mexicano, Vicente Fox se propuso lograr un gran acuerdo migratorio con Estados Unidos que complementara el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y legalizara la presencia allá de los millones de trabajadores mexicanos indocumentados. Sin embargo, el país del norte ya no pudo, o no quiso, aceptar la propuesta del mandatario mexicano y los indocumentados se quedaron en un limbo legal en ese país, convertidos en un problema político.

A las dificultades causadas por el mal desempeño de una economía ya apegada a los cánones del llamado Consenso de Washington se sumó la agudización del desafío lanzado al gobierno y a la sociedad mexicana por la parte más dura del crimen organizado: los cárteles del narcotráfico, cuyo porvenir la dirigencia nacional volvió a confiar a Estados Unidos.

Felipe Calderón Hinojosa concentró su sexenio, a pesar de las instituciones corrompidas e ineficientes, en una “guerra contra el narcotráfico”, y decidió que el éxito de su empresa —llamémosle así— no se lograría más que con un apoyo sin precedentes de Estados Unidos. De ahí la propuesta, en 2007, de negociar la Iniciativa Mérida (IM), firmada ese mismo año y que empezó a funcionar en 2009. Desde la perspectiva oficial, la IM buscó, entre otras cosas, que el gobierno norteamericano asistiera al del sur de su frontera para profesionalizar la policía, aumentar la capacidad de las fuerzas armadas, llevar adelante una reforma judicial y penitenciaria, reforzar su estructura de información, mejorar la seguridad fronteriza y fomentar “una cultura de la legalidad”. En la práctica, México abrió como nunca su sistema de seguridad al escrutinio y la influencia estadounidense, y la dependencia estructural de la economía se amplió a ese rubro: la seguridad. Finalmente, tampoco esta búsqueda de la salvación en Estados Unidos dio resultado: cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) retornó a Los Pinos, en 2012, la “guerra contra el narcotráfico” seguía perdida, aunque ya se tenía un Memorial de Víctimas de la Violencia. De acuerdo con el Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C. (CIDAC), “durante la gestión de Felipe Calderón, de 2007 a 2012, los homicidios dolosos per cápita aumentaron en más de 65%, mientras que los secuestros se incrementaron en 250% y las extorsiones en 94 por ciento”.

Difícil saber cuándo y cómo resolveremos el problema de la inseguridad y la violencia en México, pero confiar su solución a Estados Unidos no funcionó. Por otra parte, al final de cuentas el TLCAN ya tiene 22 años y la economía mexicana va de mal en peor: en 2015 el PIB per cápita creció apenas un modesto 1.1%. Y en estas condiciones se propuso un nuevo llamado, aunque indirecto, a Estados Unidos: pedir a las grandes empresas extranjeras que explotaran los yacimientos de petróleo que México expropió y nacionalizó en 1938. De acuerdo con lo planteado por Enrique Peña Nieto al lanzar la reforma energética, con la inversión extranjera el sector sería poderoso motor de la economía, la producción y las reservas de petróleo aumentarían, disminuirían los precios de los energéticos, se crearían cientos de miles de empleos, se recuperaría la seguridad energética… (Bordaré sobre el tema más adelante.)

Ya debería haber quedado claro: cada vez que la clase política mexicana contemporánea ha buscado la salvación en Estados Unidos, la realidad ha quedado muy por debajo de sus expectativas, pero en cada intento, como lo vaticinó Cosío Villegas, México ha perdido algo de lo que pretendía ser. A estas alturas debiera ser evidente que lo que no hagamos y logremos por nosotros mismos, el exterior no nos lo dará, a menos que conformemos una Política Exterior, así, con mayúsculas, que sólo se puede diseñar y sostener como parte de otra mayor: la de un auténtico proyecto nacional.

 

>Fragmento del libro “Distopía mexicana”. Perspectivas para una transición (Debate, 2016), de Lorenzo Meyer. Agradecemos a la editorial las facilidades otorgadas para su publicación.