Irma Ortiz
El caso fue conocido en las redes sociales como “El Justiciero de la Marquesa”. A la altura de la carretera México Toluca en el kilómetro 38 fueron hallados los cuerpos de cuatro personas que habían asaltado a los pasajeros de un autobús Flecha Roja que salió de San Mateo Atenco. Luego de quitarles sus pertenencias y cuando bajaban del vehículo, un pasajero les disparó, provocándoles la muerte — un trayecto que pasa por las instalaciones del Estado Mayor Presidencial y la Comisión Nacional de Seguridad—.
Metros más adelante “El Justiciero” se bajó de la unidad, “sin que se percataran los testigos entrevistados hacia dónde se dirigió”, reseñan los diarios. Para los ciudadanos, el caso solo refleja el cansancio de la población ante los continuos asaltos y violencia que se viven día con día y donde la delincuencia ha sentado sus reales. Para la procuraduría mexiquense las posibilidades de identificarlo se han desvanecido. ¿Quién mató al comendador?, Fuenteovejuna, señor”, diría el drama de Lope de Vega.
Los casos se repiten. Un sujeto le disparó a uno de los dos asaltantes que intentaron robar en una taquería en la colonia Narvarte. Luego se supo que era un escolta, se entregó a las autoridades y quedó libre de culpa. Para las redes sociales y algunos medios de comunicación se trata simplemente de “justicieros o vengadores anónimos”
Sin embargo, para el abogado penalista y experto en criminología, Gabriel Regino no se trata de ciudadanos que quieran hacer justicia por propia mano sino de policías o escoltas que “están actuando” ante el crecimiento de la delincuencia.
“En el marco criminológico, la violencia urbana tiene crestas que coinciden con crisis económicas, ese es el detonante. México ha estado sumergido en constantes crisis económicas y es en las urbes es en donde más se resiente y éstas empeoran porque no hay acceso a empleos bien remunerados, porque hay una exclusión socio económica, por ello es previsible el incremento en la violencia.
Este año y el que se inicia con los aumentos de gasolina y en otros áreas, se puede garantizar un incremento en la violencia urbana.
¿Qué es lo que sucede con la presencia de personas armadas que no les denominaría “justicieros”?, porque es una reacción por parte de escoltas y de policías que están tomando decisiones para intervenir en estos casos.
No se trata de ciudadanos que eviten los asaltos, sino de gente que sabe usar armas, que conoce de estrategias de protección y que está actuando.
Si recordamos los hechos en la zona de la Marquesa, hay un horario en el que se dan los eventos y en esa franja de tiempo transita gente que vive en el Estado de México y que se traslada a la ciudad para ejercer trabajo policial.
Puedo elucubrar que el autor de esos hechos, es un policía que pertenece a un grupo de élite de una institución y actuó con tiros de precisión. Lo que vimos en la colonia Narvarte por ejemplo, fue un escolta armado interviene y dispara a uno de los agresores.
En la ciudad de México y en la zona conurbada, hay una gran cantidad de policías, soldados, y escoltas que transitan de un lado a otro. También está el caso ocurrido en los límites con el estado de México, en una pesera donde los viajeros son asaltados, otra persona interviene, les dispara a los asaltantes y desgraciadamente mata también a una pasajera. ¿Qué dijeron los pasajeros? Que quien disparó tenía un corte de cabello militar.
En las próximas semanas se van a dar casos similares que podrían empujar erróneamente la creencia de que la ciudadanía debe de armarse. No dudemos de que algún ciudadano con torpeza en el manejo de las armas, que no tiene la capacitación, crea que la impunidad lo protegerá de la ley y pretenda convertirse en un presunto justiciero o en un vengador anónimo.
¿Cómo se da el manejo de las autoridades frente a “los justicieros”?
Las procuradurías no están para dar una imagen de campaña política sino para hacer cumplir las normas. Quien mató tiene que ir a juicio y acreditar si lo hizo en legítima defensa o es homicidio calificado.
La ley no dice aquellos que actúen en justicia de otras personas no van a ser sancionados. Hay que alegar la legítima defensa y se tiene que acreditar; las personas que asumen la decisión de acreditar un arma de fuego tienen que saber usarlas y las consecuencias que pueden implicar.
La justicia no es justicia popular, es justicia de derecho.
Posición ruin, la de Preciado
Un elemento que prendió en un sector de la población es la iniciativa del senador Jorge Luis Preciado para que todo ciudadano común pueda contar con armas de fuego.
Esta estrategia populista es un recurso barato al que acuden de manera constante los políticos porque saben que el tema de penas altas, nuevos delitos, armas, son de fácil compra por parte de la opinión pública, que es como lo definió Jorge Volpi, una hidra de mil cabezas pero ningún cerebro.
Fue una estrategia política de posicionamiento que hace de manera ruin, aprovechándose de la ignorancia de gran parte de la opinión pública ante la situación de violencia, que en nada ayuda al clima que deberíamos estar proveyendo con la prevención de delito, de prevención de la criminalidad.
Los que están de acuerdo con esta idea piensan que armándose se va a resolver el problema y no se trata de eso. El Estado es el que debe estar armado, lo dice la Constitución y si todos queremos ir armados como en el viejo oeste, tendremos que empujar para que se reforme la Constitución que se acabe el debido proceso, que cada quien tenga un arma y ande matando para que luego nos diga ¡es que yo creía!, ¡yo pensé!
El que mata tiene que irse a proceso, si lo hizo en legítima defensa, no será detenido o su pena va a ser menor pero si abusó de ese supuesto entonces se trata de homicidio calificado.
La situación del país es endeble, delicada, y nos están llevando de nuevo al debate siguiente: a que tapemos los pozos después de que los niños se ahogan. ¿Por qué no atender realmente la prevención de la criminalidad que siempre lo hemos hecho a un lado?
