Luis Humberto Fernández Fuentes
La semana pasada el Senado de la República aprobó una iniciativa que presenté ante el Pleno hace unos meses, sobre modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que regula y eleva las sanciones por la posesión ilegal de armas de fuego en México.
Esta iniciativa contó con el respaldo de las diferentes fracciones parlamentarias que integran el Senado de la República y fue suscrita por los Senadores Miguel Barbosa Huerta, Ismael Hernández Deras, Ernesto Gándara Camou, Fernando Yunes Márquez y Zoé Robledo Aburto.
A ella se sumó el apoyo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) a través del Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Doctor Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
Es un caso poco común que coincidan las voces de todos los gobernadores de las entidades del país en el respaldo a una propuesta de solución a uno de los principales problemas que enfrenta el país en materia de seguridad.
Esta aprobación nos muestra que en los casos con honestidad intelectual y política, seriedad técnica y una visión de interés público se pueden lograr acuerdos y definir rutas. Ello toma sentido en el marco de uno de los debates más importantes para la salud de la República que está hoy en puerta, consiste en un paquete de medidas legales que será el eje de la discusión pública en los próximos meses, que incluye la ley de seguridad interior y reforma policial, la Fiscalía General de la República y la elección del Fiscal Anticorrupción.
La construcción de un estado de derecho y un marco jurídico adecuado para las instituciones de seguridad que les dé potencia pero que también respete a los derechos humanos no será tarea fácil, dado que no caben las ocurrencias, las propuestas populistas o soluciones mágicas.
Es claro que el ingrediente principal de la violencia y la acción delictiva son las armas. El modelo actual permite en la práctica portar armas de alta peligrosidad, aplicando sanciones sin efectividad.
La falta de sanción es un incentivo que contribuye a elevar los niveles de inseguridad en nuestro país, crea un clima propicio para que las familias mexicanas sean víctimas de delitos, la gran mayoría relacionados con el uso de armas de fuego enajenadas o adquiridas ilícitamente. Esta falta de sanción merma la capacidad del Estado de perseguir delitos y castigar criminales, haciendo aún más rentable para el crimen organizado y para la corrupción este negocio ilícito.
Es importante destacar que con las modificaciones al marco jurídico mencionado no se busca limitar el derecho constitucional a la portación de armas, sino sancionar de manera efectiva su portación ilegal. Esto es, no se proponen nuevos delitos, únicamente darle eficacia a la sanción de los que ya existen.
En los últimos días pareciera darse un debate sobre la portación de armas, sin embargo no es así, es un debate trampa, ya que en realidad no hay ninguna confrontación de ideas sobre este tema.
Por un lado se ha plateado que sin duda las armas ilegales representan uno de los riesgos más inminentes para la seguridad de las personas y la estabilidad del Estado Mexicano. Cualquier hipótesis contraria no sólo resulta absurda, sino perversa e irresponsable. Por otro lado, se ha reflexionado sobre el alcance de la portación de armas y en dónde se pudiesen portar.
El debate sobre incrementar el número de armas es falso, está alimentado por el enojo social (lo cual es un interés legítimo), pero también por ocurrencias y los intereses de los comerciantes de armas, que se manifiestan a través de sus cabilderos, como es el caso de la Asociación Mexicana del Rifle, que representa lo peor y más abominable de la política y de la agenda antimexicana. Sería un grave error permitir que estos actores intervengan en la definición de la agenda pública de nuestro país.
Menos armas, mayor seguridad es el principio bajo el cual se propusieron estas modificaciones al marco legal. En las siguientes semanas la Cámara de Diputados discutirá y votará esta iniciativa, que en el Senado obtuvo 89 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención. Ojalá se logre este mismo nivel de consenso y como Congreso podamos abonar a la pacificación del país y generar mejores herramientas para combatir la delincuencia y garantizar mayor seguridad.
Senador de la República del grupo parlamentario del PRD
@LuisHFernandez
