Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó que sí se castigan a los jueces corruptos y arremetió contra aquellos que afirman que el Poder Judicial no castiga a los malos jueces.

“Es un mito y una consigna mal intencionada que el Consejo de la Justicia Federal no sanciona a los malos servidores. Nada más erróneo y equivocado, por supuesto que sancionamos a los malos elementos, y separamos a los corruptos”.

Asimismo, el Ministro Presidente indicó que cualquier funcionario corrupto es detestable, pero es absolutamente intolerante, repugnante y aborrecible aquel que ocupa el cargo de juzgador. “La esencia del juez, su inherente independiente, es esencialmente incompatible con la corrupción”.

María Aguilar criticó a los personajes que impulsaron la reforma constitucional en materia de derechos humanos en 2011, porque algunos de ellos ahora se preocupan porque los jueces federales exigen que se respeten los derechos de los detenidos.

El presidente Enrique Peña Nieto asistió como invitado de honor al informe anual del ministro, en el que Aguilar indicó que los juzgadores no son indiferentes a la problemática que vive el país, ni evaden sus responsabilidades, pero aclaró que ellos están obligados a hacer que se respeten los derechos de las personas, ya que nadie es culpable hasta que así se demuestre.

Entre los presentes en el informe anual de labores 2016 también se encontraba Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el procurador Raúl Cervantes. Aguilar agradeció el apoyo de los secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos y de la Marina, Vidal Soberón. Agregó que los jueces quieren un México de paz y que viva en tranquilidad.

“Los juzgadores estamos obligados a hacer que se respeten los derechos de las personas, no es opcional, no podemos eludirlo, está dispuesto en la norma suprema. Resulta paradójico que incluso algunos de aquellos que impulsaron la reforma constitucional de 2011, ahora se inquietan por la exigencia de los jueces de que se cumpla”.

El ministro reprochó a las autoridades, porque a casi dos meses del asesinato del juez quinto de distrito en materia de amparo en el Estado de México, Vicente Antonio Bermúdez, no han solucionado el caso. Dijo que actualmente 79 juzgadores cuentan con seguridad especial, particularmente con vehículos blindados, escoltas, chalecos protectores, radios de comunicación y existe un seguimiento cercano con ellos.

Llamó a que se revisen las facultades de la Corte, debido a que atiende casos que deberían ser resueltos por tribunales. “Se impone una reflexión impostergable de revisión de la ley, de las competencias en materia de legalidad de nuestro Tribunal Constitucional, explicables en el contexto de hace más de 20 años, pero desfasadas a la luz de un nueva realidad social, que exige herramientas legales modernas y eficaces que aseguren a la Suprema Corte el papel que le corresponde en el entramado constitucional y jurídico en nuestro país”.