La defensa de los derechos de las mujeres
José Reyes Baeza Terrazas
En días pasados, en México conmemoramos, como en gran parte del mundo, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde la proliferación de lecturas temáticas hasta las cada vez más numerosas e imprescindibles manifestaciones públicas de grupos pro defensa de los derechos de las mujeres, confirman que, de año en año, la fecha cobra mayores relevancia y presencia en el imaginario social, haciendo más visible —al tiempo que reprobable— lo que décadas atrás se cubría bajo mantos de “permisividad” y “normalidad”: los actos de violencia hacia las mujeres.
La violencia por cuestiones de género se inscribe entre aquellas problemáticas sociales que dan muestra de relaciones desiguales entre hombres y mujeres propias de ambientes injustos o discriminatorios. Pero, además, los estudios han demostrado que la participación inequitativa de la mujer y la escasa incorporación de su punto de vista a lo largo del proceso de toma de decisiones es limitante para la consecución de las aspiraciones mundiales de igualdad, desarrollo y paz.
El debate aún da margen para valorar si un sistema democrático puede considerarse como tal si la “igualdad” entre las personas que integran una sociedad no está garantizada, no solo en términos del marco jurídico sino también en la práctica y en los hechos… Seguramente caeríamos en cuenta de que el ideal de igualdad simplemente no deja espacio para distinciones o asimetrías en el ejercicio positivo de los derechos de las personas.
La aspiración de una sociedad igualitaria ha de ir encontrando vías de concreción en políticas afirmativas hasta lograr el equilibrio necesario para interactuar en todos los campos de la actividad humana, sin más distingos que los de la propia naturaleza. Desde el servicio público debemos trabajar para erradicar cualquier acto de discriminación, empezando por el espacio donde ejercemos la función que nos toca desempeñar; de ahí que el pasado 10 de noviembre en el ISSSTE se emitió la Declaración de la Política de Igualdad Laboral y no Discriminación.
Esta declaración representa un nuevo pacto institucional; implica una evaluación en introspectiva que nos conducirá obligadamente a la modificación de actitudes, a la necesidad de replantearnos frente al otro, y en conjunto, la construcción de una cultura institucional convencida de que todos somos tan valiosos como el que más.
El gobierno de la república lo tiene tan claro que, en 2013, el Plan Nacional de Desarrollo incorporó la perspectiva de género como eje transversal de todas las acciones que desde el gobierno se llevarían a cabo para avanzar hacia mejores estadios de bienestar. Y como parte de esta ruta trazada desde el Ejecutivo, el 8 de agosto de este año recibimos instrucción presidencial para que todas los organismos y dependencias de la administración pública federal nos certificáramos en el cumplimiento de la Norma Mexicana de Igualdad Laboral y No Discriminación.
Estamos convencidos de que la auditoría que en estos momentos se practica en áreas comprometidas culminará en la certificación ordenada. En el ISSSTE habremos de convertir nuestros centros de trabajo en espacios donde la igualdad, la empatía, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos sean valores fundamentales de convivencia.
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