La realidad nos rebasó

Carlos Alberto Pérez Cuevas

 ¿Quieren que estemos en los cuarteles?, adelante. Yo sería el primero en levantar no una, (sino) las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales. Nosotros no pedimos estar ahí, no nos sentimos a gusto…

General Salvador Cienfuegos

Algunos lo toman como un desplante, otros lo denominan “autogolpe”, tratando de hacer similitud con las acciones de algunos ejércitos en el mundo cuando han tenido que tomar el control en una democracia destruida o en un abuso de poder civil. Por supuesto que en el caso de nuestro país y por muy mal que vayan las cosas, nada tiene que ver la declaración del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, de la necesidad de un marco normativo que dé sustento jurídico a la actuación y participación de los marinos y soldados en las labores de seguridad pública con una insubordinación o tema que esté vedado para los militares.

La declaración del general se encuentra dentro del marco de sus derechos constitucionales y con base en la labor que tiene asignada como cabeza operativa de las fuerzas armadas de la Defensa Nacional; sin duda que el comandante supremo es el titular del Poder Ejecutivo, así lo establece nuestra Constitución, sin embargo, las tareas operativas corresponden al secretario de la Defensa.

No es contrario a ley, ni nada le impide que públicamente exprese lo que por años han venido exigiendo los militares que fueron obligados  a salir de sus cuarteles para regresar la paz y tranquilidad que las policías civiles no habían logrado y que, en casos más graves, esos mismos cuerpos policiacos servían y trabajaban para los delincuentes, y en muchos lugares ellos mismos eran los que encabezaban los grupos criminales. Hoy se dice con una simpleza enorme: que las fuerzas armadas regresen a sus cuarteles, pero nadie dice qué sucederá con la inseguridad publica, quién y cómo logrará lo que hasta ahora no se ha logrado, que es mantener el Estado de derecho y la seguridad pública.

Los militares no salieron a realizar labores de seguridad pública por gusto, lo hicieron como un mandato dado por un presidente de la república, quien a su vez actuó confiando en una de las instituciones más sólidas y reconocidas, como la institución castrense; además se ayudó de manera solidaria y subsidiaria a petición de muchos gobernantes; lo más lamentable es que pocos asumen la responsabilidad que han tenido para que los delincuentes sienten sus reales en diversos lugares del país. Me refiero a cientos de alcaldes y gobernadores que se vieron rebasados por la delincuencia organizada y que acudieron a pedir en lo privado el apoyo de la federación y su fuerza militar, solo que olvidaron crear las normas para sustentar sus labores y acciones. Hoy la realidad nos ha rebasado y es urgente una legislación que regule la participación de las fuerzas armadas en la seguridad interior.

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