Ciudad de México
Julio A. Millán B.
En el proyecto de lo que será la primera Constitución para la Ciudad de México se incluyen temas controversiales. Por ejemplo, en el tema de libertad empresarial el proyecto genera incertidumbre al contener elementos de riesgo.
El artículo 22 reconoce que “la actividad económica como un bien de interés público que debe ser tutelado. Las autoridades proverán lo necesario para que los emprendimientos económicos sean objeto de la protección y acompañamiento institucional”. Regular la actividad económica es atentar contra principios básicos de competitividad. Por ello, se debe defender el derecho a elegir la actividad económica que más interese al capital para alcanzar el bienestar social y la economía distributiva que el proyecto dice perseguir.
Los límites a la propiedad son otro elemento de riesgo; el artículo 21 señala: “El gobierno de la ciudad es responsable de gestionar el suelo para garantizar el desarrollo incluyente y el ordenamiento sostenible de su territorio y del entorno regional en el que se ubica”. Regular la actividad productiva no es más que demagogia colectivista que la propia historia nos indica que sólo provoca desigualdad con un profundo daño económico.
Un tercer tema controversial es el de los salarios mínimos. El capítulo 15 señala que se busca la recuperación del valor histórico del salario mínimo, además de establecer un estudio permanente de salarios y que las autoridades garantizarán un salario justo y remunerador. Bajo el concepto de “dignificación del salario”, sin considerar aspectos productivos, para disminuir las brechas de desigualdad, se encuentra uno de los aspectos más peligrosos para la estabilidad macroeconómica.
Atentar contra la propiedad privada, regular la actividad económica o incrementar el salario sin fundamento productivo solo generaría mayor desigualdad en la capital.
En ese sentido, la Constitución de la Ciudad de México puede ser un proyecto de oportunidades o terminar en un simple documento oportunista.
Es necesario: (i) Contar con un marco jurídico a la altura de una ciudad cosmopolita; (ii) Dar certeza jurídica a los ciudadanos, empresarios, emprendedores, al capital privado nacional y extranjero como prioridad absoluta para atraer inversión, generar empleos y garantizar crecimiento; (iii) Generar reglas económicas simples, transparentes y efectivas para que se promueva la actividad económica de manera libre y dinámica.
El proyecto de Constitución en términos de propiedad privada y libertad empresarial puede generar un retroceso para la CDMX y para todo el territorio nacional, ya que pone en riesgo el equilibro social en un momento en que se requiere fortalecer el consumo doméstico.
Es momento de no confundir la oportunidad con el oportunismo y promulgar una Constitución de la Ciudad de México para que la capital del país siga siendo el principal centro de negocios, económico, comercial y financiero en América Latina.
Presidente de Consultores Internacionales
