El pasado fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, implementó una regulación migratoria que restringe el ingreso a migrantes y refugiados de siete países musulmanes, a saber: Irak, Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen. La medida desencadenó muchas anomalías en múltiples aeropuertos estadounidenses, así como una ola de protestas en rechazo para su aplicación. La presión forzó a jueces de diversos estados como Alexandria (Virginia), Seattle (Washington) y Boston (Massachusetts) a levantar la prohibición ante la falta de procedimientos claros. Este martes, Trump, despidió a la fiscal general interina de Estados Unidos, Sally Yates, luego que ésta se rehusara a defender su decreto antimigratorio hacia países de Medio Oriente.

En su lugar, nombró a Dana Boente, fiscal de Virginia, como nuevo  jefe del Departamento de Justicia, quien prometió defender el llamado veto antimigratorio del presidente magnate. La Casa Blanca acusó a Yates de haber traicionado al Departamento de Justicia tras negarse a defender una orden cuya finalidad es proteger a los ciudadanos de Estados Unidos. Yates había dicho horas antes que no defendería el veto migratorio de Donald Trump, y pidió al Departamento de Justicia que no preparara la defensa al decreto presidencial.

“Soy la responsable de garantizar que las posturas por las que abogamos en los juzgados cumplen la obligación solemne de esta institución de buscar justicia y defender lo correcto”, dijo Yates. Cabe mencionar que el decreto migratorio ya ha sido bloqueado parcialmente por tres jueces federales. Por ahora, Yates seguirá temporalmente en su puesto mientras se confirma a Jeff Sessions, quien fue nominado al cargo por el político republicano.

Trump no sólo se empecina en hacer cumplir el veto migratorio, sino que también busca reducir la expedición de visas de trabajo, principalmente para las empresas conocidas como “outsourcings”, las cuales operan en suelo estadounidenses desde el extranjero. Esta decisión enfocada contra la visa H-1B, afectaría a profesionistas calificados de firmas como Infosys, Wipro y Tata Consultancy Services, especializadas en alta tecnología. Según el magnate, estas visas deben ser diseñadas e implementadas para servir primeramente al interés de la nación.

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