Como todos sabemos en México, a partir de enero de 2017, se modificó el modelo de abastecimiento de combustibles. Esto implica transitar a un esquema de múltiples proveedores, lo cual genera precios diferenciados en función de los costos. Pese a que en otros países ya se ha implementado, en México las repercusiones del “gasolinazo” sorprendieron a todos los sectores. El malestar social no se hizo esperar y evidenció las carencias técnicas y discursivas para implementar esta medida de la mejor manera.

Mariana Campos, Investigadora de México Evalúa, considera que este tipo de planes deben de acompañarse de transparencia fiscal y de otras acciones que compensen a los ciudadanos. Explica que la parte perversa del aumento de las gasolinas es que “va a generar inflación, pues es una especie de impuesto que más le pega a los pobres, porque a ellos les cuesta más comprar todo”.

El panorama para los interesados de entrar en el libre mercado cada día se torna más gris, pues se enfrentarán a una opacidad en el esquema fiscal, robo de combustible, competencia desleal y falta de reglas calaras para los que quieran instalar una gasolinera.

La falta de transparencia seguirá siendo una constante. Ahora el precio de las gasolinas dependerá de los criterios fundamentales que son: el precio de referencia internacional, los costo de transporte, distribución y comercialización, y el componente fiscal –IVA y el IEPS– lo que representa el 40% del costo de las gasolinas. Impuesto que, de acuerdo a analistas, irá a parar a un gasto público discrecional, así como a las partidas que reciben los gobiernos estatales, como los fondos de los ramos 28 y 33 considerados por la Auditoría Superior de la Federación como sumamente opacos.

Para hablar sobre las repercusiones a raíz del “gasolinazo”, Siempre! entrevistó a la investigadora del Centro de Investigación para el Desarrollo AC y de México Evalúa, Fernanda Ballesteros, quien resalta que aún nos encontramos en proceso de que se de la liberalización, porque en sentido estricto no se ha dado, por lo que aún se desconoce cuáles serán los impactos reales.

“La liberación de precios va a empezar en marzo en el norte del país y gradualmente se irá dando en el resto del país. Por lo pronto, la Secretaria de Hacienda sigue fijando el precio y todo esto es encaminado hacia esta apertura donde ya no se va a fijar el precio, ahora van a ser los privados los que van a determinar el precio, un ejemplo es lo que sucedió con el gas LP, el cual tuvo un alza del 20%. Ahí fueron los privados los que lo subieron el costo con la apertura del mercado y de los precios”.

Lo más preocupante –dice– es lo que va a pasar en los siguientes meses, “esto no se ha terminado, digamos que ahorita fue muy fuerte el impacto, pues tiene que ver más con la política de la Secretaría de Hacienda y con las finanzas públicas del país, pero en términos de la Reforma Energética y lo que se busca hacer en términos de política energética, aún falta mucho”.

 

Problemática que se avecina

Fernanda Ballesteros destaca que ya en algunos de los reportes que se realizaron en el CIDAC sobre la problemática, se anticipaba que uno de los problemas era el impuesto que se le agrega al costo de las gasolinas y que representa el 40%, pero otro tema que está latente es el de la creación de condiciones de competencia efectiva para que se pueda dar una transición exitosa hacia un modelo de libre mercado.

“Una de las condiciones para que una economía de libre mercado sea exitosa es que haya competencia, porque si no para qué la abrimos. Se requiere crear estas condiciones de competencia en las diferentes etapas de la cadena de producción de hidrocarburos. Tanto en la importación, transportación y en el almacenamiento”.

Uno de los retos más importantes –subraya– es que toda la infraestructura que existe en el país es propiedad de Pemex, por ello deberá permitir el uso de esa infraestructura lo cual está previsto en las temporadas abiertas, “pero quedan muchos días con respecto de estos procedimientos y también en la distribución con las estaciones de trabajo, las gasolineras, donde también puede haber problemas de competencia”.

Intervención de reguladores

La directora del Área de Competencia y Regulación en CIDAC considera que es necesaria la intervención de reguladores para asegurar que pueda ser posible la entrada de nuevos jugadores. Destaca que pese a que en un principio se pensaba que con la Reforma Energética, este sería un tema técnico y económico en donde la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) tendrían un papel central, el que Hacienda sea quien fije los precios da un indicativo de que sigue siendo un tema fiscal, recaudatorio y de finanzas públicas.

“Este tema de competencia lo debemos de ampliar y discutir, porque si no va a pasar lo mismo que sucedió con el tema fiscal en donde al ser implementadas las medidas, la gente se encuentra muy inconforme. En marzo que se abren los mercados y que sea cuando los privados determinen los precios en los estados del norte y luego en el resto del país, podríamos entrar en un escenario similar o peor”.

Señala que es importante tomar en cuenta que dentro de un mercado abierto no es posible conocer a dónde va a llegar el costo de los productos, “en cualquier mercado que pensemos ya se el del limón, el huevo, no podemos saber cuánto va a llegar a costar mañana, en dos meses o en cuatro meses. Eso no depende del gobierno, depende de las políticas públicas, de crear las condiciones para que esas políticas de apertura sean exitosas y puedan haber muchos competidores lo que incentive mejores precios, mayor calidad para que realmente funcione”.

Por ello el papel de los reguladores en estos casos será fundamental para generar las condiciones requeridas para una competencia en el mercado de gasolinas, además de que la Reforma Energética se pueda ver reflejada en beneficios para los consumidores, pues ahora el problema es que ante la falta de transparencia en la estrategia o en cómo se determinan los precios y en el uso que se da a los recursos, la gente no está percibiendo que estas medidas se están aplicando por el bienestar del país.