Tras concluir su primer visita en México, el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michel Forst, advirtió sobre el grave patrón de violencia al que se enfrentan tanto periodistas como activistas y defensores de los Derechos Humanos en nuestro país, dónde hay una tendencia de muerte hacia éstos.
En conferencia de prensa en la sede de la ONU en México para presentar un informe sobre su vista, Forst subrayó que el gobierno mexicano tiene muchos retos que debe afrontar a fin de lograr la protección de este sector, sobre todo cuando las altas tasas de impunidad demuestran que algo no está funcionando.
“La tasa de impunidad es muy alta. Hablamos de casi un 100% de impunidad. Esto muestra que algo no está funcionando en el sistema legal, en el Estado de derecho y en la aplicación de la justicia”, aseveró.
Al calificar de alarmantes no sólo los elevados niveles de violencia que se registra en el país, sino también los índices de corrupción e impunidad, señaló que en el país el 98% de los crímenes en el país no son resueltos.
México, uno de los países más peligrosos
Luego de nueve días en nuestro país, en el que estuvo en cinco entidades, entre las que se encuentran Chihuahua, Guerrero y Oaxaca –tres de las entidades más afectados por la violencia– y de reunirse con más de 800 defensores de diferentes estado, el experto de la ONU consideró que la violencia contra los defensores y periodistas a la que se agregan la corrupción y la impunidad, hacen a México de los países más peligrosos para periodistas y defensores de derechos.
Alertó sobre el gran número de casos en los que se ha visto implicado el Ejército, por lo que advirtió que es “peligroso” cederle la responsabilidad de “mantener el orden público”, pues dijo, este papel le corresponde a la Policía. “El Ejército debe quedarse en los cuarteles”.
Expresó su preocupación por el uso de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública, pero también por la falta de un programa para el regreso a un enfoque de seguridad completamente civil.
Dentro de su informe resalta la creciente criminalización de quienes defienden derechos humanos en México, asegurando que lo más alarmante son las “campañas de difamación contra los defensores”, situación que explicó se debe al mal uso del derecho penal y desde la manipulación del poder del Estado por agentes estatales y no estatales, para obstaculizar e impedir su tarea.
En torno a la situación que afrontan las mujeres defensoras de los Derechos Humanos en México, dónde en los últimos seis años se ha registrado 38 casos, reconoció que éstas no sólo son objetos de violencia por su labor, sino también por motivos de género, con agresiones de tipo sexual.
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Gobierno atenderá recomendaciones
Luego de que el relator especial de la ONU emitiera una serie de recomendaciones –de las cuales 17 están dirigidas al gobierno– y de que señalara que el mayor desafío al que la administración de Enrique Peña Nieto es la falta de voluntad desde la clase política para poner fin a la impunidad, el gobierno mexicano se comprometió a analizar y dar seguimiento a sus recomendaciones.
El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, embajador Miguel Ruiz Cabañas, insistió en el compromiso que tiene el gobierno mexicano con los derechos humanos y los mecanismos internacionales en la materia y reiteró el reconocimiento a la labor de las personas defensoras de derechos humanos que es fundamental para el país.
En tanto que la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Sara Irene Herrerías, aseguró que las garantías individuales son el único camino para fortalecer el tejido social del país.
