Persiste la visión del túnel
Raúl Jiménez Vázquez
La propuesta de regularizar la presencia del Ejército en las calles es una emanación del pensamiento único, corriente para la cual la realidad es unidimensional y que hoy en día es rechazada unánimemente por dogmática y anticientífica, sobre todo a partir de la difusión del paradigma epistemológico del pensamiento complejo o multidimensional postulado por el filósofo francés Edgar Morin.
Ello explica el porqué sus impulsores han desdeñado el trascendental texto Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia. Fruto de la conferencia que tuvo lugar en Ciudad Universitaria en junio del 2011, en la que más de 80 especialistas nacionales e internacionales analizaron la problemática de la inseguridad, la violencia y la criminalidad, ahí se concluye categóricamente que México precisa de un cambio con sentido democrático en las políticas públicas de seguridad y justicia.
La UNAM hizo suyos los resultados de dicho encuentro y propuso formalmente al gobierno federal un plan para la conformación de una política integral en materia de seguridad, considerando, entre otros, los siguientes criterios rectores: I) primacía del régimen de los derechos humanos, II) preeminencia de la seguridad humana, III) fortalecimiento del liderazgo civil, IV) énfasis en la prevención.
Constante de 36 acciones ejecutivas, el plan en cuestión nada tiene que ver con la ruta miliciana que ahora se presenta como un destino ineluctable. Por el contrario, los expertos coincidieron en la necesidad de “diseñar un plan para el regreso de las fuerzas armadas a las funciones que les son naturales tan pronto como sea posible”. ¿Acaso es sensato seguir dándole vuelo a una iniciativa parlamentaria en extremo peligrosa y antijurídica sin antes debatir el camino alternativo trazado por la máxima casa de estudios?
Dos consideraciones más abonan la pertinencia de la idea de poner la iniciativa dentro de un paréntesis fenomenológico. Por un lado, su radicalidad hace imposible pensar en otras opciones razonables, como la consistente en la optimización de las políticas, instancias e instrumentos previstos en la ley general para la prevención de la violencia y la delincuencia. ¿Será por esto que en el proyecto del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 2017 no se asignó partida alguna al programa nacional para la prevención de la delincuencia?
Por el otro, contraviene abiertamente los objetivos y compromisos jurídicos establecidos en la emblemática Convención de Palermo, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000, en cuyo articulado no se halla prevista la posibilidad de combatir la delincuencia organizada a través de estrategias militares.
En cualquier contexto, la visión de túnel es absolutamente inadmisible, pero lo es más cuando ésta puede provocar el derrumbe del Estado constitucional de derecho y la prolongación indefinida de una crisis humanitaria que nunca antes habíamos vivido los mexicanos.
