José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Nunca te guíes por la ley del encaje, que suele tener mucha cabida con
los ignorantes que presumen de agudos. Miguel de Cervantes Saavedra
Gracias a la generosidad de la revista Siempre!, en su edición del 27 de febrero del año pasado se publicó mi artículo “Proponemos alcaldía México-Cuautemoctitlán”, cuyo texto buscó alertar sobre la tentación de dividir el territorio de la actual delegación Cuauhtémoc.
Al conocer la firme intención de separar las 668 manzanas que conforman el Centro Histórico, el 15 de noviembre presenté ante el Pleno de la ALDF un Punto de Acuerdo a efecto de que se retomara dicha propuesta; este planteamiento provocó severas críticas y la atención de medios de comunicación que, ante los argumentos esgrimidos, dieron apertura y difusión a mi denuncia.
Esa opción abría la anhelada oportunidad de dividir delegaciones como Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Tlalpan, posibilidad que electoralmente no favorece al partido en el gobierno, por lo que se determinó que cualquier creación de nuevas alcaldías será atendida por el Primer Congreso Legislativo que entrará en funciones el 14 de septiembre de 2018.
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No obstante, el pasado 16 de enero, por la puerta de atrás la Asamblea Constituyente aprobó el artículo 23, referente al Patrimonio de la Ciudad, en cuyo apartado B se refiere al Patrimonio de la Humanidad en la Ciudad y en su párrafo segundo del numeral 2 aprobado se estipuló que “En los términos de la Ley, el Centro Histórico de la Ciudad de México quedará bajo la responsabilidad directa del jefe de Gobierno a través de la autoridad del Centro Histórico, en todo lo que respecta a regulación urbana, intendencia, mantenimiento, renovación, restauración y conservación de inmuebles y monumentos históricos”; mandato que constitucionalmente le asigna al titular del Ejecutivo de la entidad autónoma de la Ciudad de México plena potestad sobre “la vida y haciendas” de las más de 33 mil almas que lo pueblan y a los casi dos millones que lo viven y transitan día con día.
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— Constituyente CDMX (@ConstituyenteOF) January 25, 2017
Bajo un principio de progresividad de los derechos humanos, es inconstitucional negar el derecho a sufragio de su autoridad local a los ciudadanos que desde el año 2000 han votado en este territorio por sus jefes delegacionales; así pues resulta aberrante que si el espíritu de la reforma política del Distrito Federal se fincó en la restitución de los derechos electorales de los capitalinos a partir de 1997, hoy se conculque el derecho de elegir a sus autoridades locales a quienes habitan y votan en el Centro Histórico.
El Manco de Lepanto nos alertó de quienes se guían por “la ley de encaje”, esa de la que resulta “que suele tener muchas cabidas con los ignorantes que presumen de agudos” y que son los que en este caso piensan que no nos dimos cuenta de la creación de un “principado” a favor de un jefe de Gobierno que impone un funcionario a su servicio para manejar a sus súbditos sin responsabilidad democrática alguna.