Lo que mal empieza, mal acaba

Mireille Roccatti

Uno de los acuerdos políticos del Pacto por México permitió que se realizara una reforma constitucional para dotar al Distrito Federal de un texto constitucional, que incluyó la modificación de su nomenclatura a Ciudad de México. Este proyecto se había incubado desde hace algunas décadas por los “transitólogos” que desde entonces viven políticamente de plantear la “reforma del Estado”.

Un paso previo fue la modificación impulsada por Manuel Camacho en los años noventa, y al retomar el proyecto se buscó concretar algunas medidas que en esos momentos no pudieron alcanzarse. El proyecto no es inédito ni carece de referentes, como ejemplo podemos citar las de Buenos Aires y Berlín. Solo que aquí el planteamiento legislativo resulto sui generis, por decirlo de algún modo.

La “constitución” en ciernes es esencialmente una ley reglamentaria del artículo 122 y carece de los atributos de una verdadera Constitución. En principio porque en la reforma constitucional citada se establecen las directrices y parámetros de la misma. La constitución que se cocina se generó por los propios poderes constituidos. Asimismo, el constituyente adolece de legitimidad porque no fue electo por el pueblo o los ciudadanos a los que  presumiblemente regirá.

Si lo anterior fuera poco, los constituyentes solo shainearon un texto que les fue enviado por el jefe de Gobierno, el cual, como es sabido, fue perpetrado por un senil constituyente designado por dedazo. Luego se buscó aderezar con una comisión redactora integrada por notables a modo.

El proyecto que se discute en el flamante constituyente es un batidillo de buenos propósitos, anhelos de una noche de verano, ocurrencias y despropósitos, y carece totalmente de técnica legislativa. A lo que vienen a sumarse las 177 iniciativas presentadas principalmente por las izquierdas: Morena (90) y el PRD (87) entre otras.

El caso es que por complacer a todas las fuerzas políticas y debido a los equilibrios construidos artificialmente por la manera de integrar al “constituyente”  se está construyendo un texto endeble jurídicamente, en algunos casos claramente con  preceptos inconstitucionales o anticonstitucionales. Los zipizapes entre los legisladores son el pan de cada día; por la pretensión de imponer una “constitución de izquierda en una ciudad de izquierda” o el empecinamiento de otros de introducir textos medievales apoyados por la jerarquía católica de la ciudad “en defensa de la vida”  en contra de los matrimonios igualitarios y en algunos otros temas que ya están resueltos en nuestra legislación. Y la mesura y reflexión política con visión de Estado, está en franca desventaja.

A estas alturas el tema principal es que por cumplir los tiempos de terminar de aprobar el texto el próximo 31 de enero y expedirlo el 5 de febrero en ocasión del centenario de la Constitución de 1917, las prisas los están llevando a una situación de copy/paste con redacciones presurosas negociadas en la Junta de Coordinación Política, para sortear los debates en el pleno. Entre otras, las reservas a algunos artículos jocosamente denominadas por inefable legislador como “itacate“, cuando es una práctica parlamentaria prevista en el Reglamento aprobado por ellos mismos.

Las discusiones, debates, polémicas que tanto enriquecen la tarea legislativa no ha sido plena, se ha teñido de desahogos partidistas, empecinamientos ideológicos y acusaciones mutuas que desvirtúan la esencia parlamentaria y ante la inminencia del fatal cumplimiento de los plazos, estamos a punto de conocer una constitución que será un verdadero Quasimodo jurídico. Aunque habrá que recordar la vieja sentencia popular “lo que mal empieza, mal acaba”, que esperamos que en el caso no suceda así.

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