Un juez sentenció a cuatro policías ministeriales de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) que participaron en la tortura de tres mujeres sobrevivientes de la masacre de Tlatlaya, ocurrida en 2014, cuando soldados abrieron fuego contra 22 personas en un paraje de la comunidad de San Pedro Limón.

Los ex oficiales sentenciados a tres años y ocho meses de prisión, por el delito de tortura son: Gabriel Pinera Guerrero, Eulalio Hernández Martínez, Isabel Patricio Siles Gonzáles y Jesús Antonio Vega Vázquez.

Asimismo, deberán pagar una multa de 100 mil pesos como pago de la reparación del daño y serán destituidos del cargo que poseían. Además, pagarán a la víctimas por daño moral la cantidad de 13 mil 980 pesos, cifra fijada por la autoridad judicial como reparación del daño. Tres policías optaron por seguir el proceso judicial para tratar de demostrar su inocencia.

Los sentenciados fueron recluidos en el Penal de Santiaguito en el municipio de Almoloya de Juárez. Las mujeres sobrevivientes denunciaron la presunta ejecución extrajudicial de miembros del crimen organizado por parte de militares, así como tortura y violación a sus derechos fundamentales por parte de personal de la PGJEM para tratar de incriminarlas con dicho grupo delictivo. Las afectadas fueron, además, hostigadas sexualmente y se les practicaron ahogamientos en una taza de baño de las oficinas de la propia Procuraduría, además de que fueron sometidas a tortura psicológica.

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30 de junio de 2014

La comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, fue escenario en el que 22 personas fueron privadas de la vida, entre ellas una adolescente de 15 años.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos hallados en el suelo de la bodega en Tlatlaya. Desde ese día, los gobiernos estatales y federales manejaron la versión de que los 22 “presuntos criminales” habían muerto durante un enfrentamiento con elementos del Ejército.

Ocho militares del 102º Batallón de Infantería efectuaban un reconocimiento de ruta a bordo de un vehículo oficial sobre la carretera Federal número 2. En las inmediaciones del poblado Cuadrilla Nueva, en el municipio de Tlatlaya, pasaron frente a una bodega en obra negra que no tenía puertas.

El sargento segundo de Infantería quien se dio cuenta que había una persona armada cuidando la bodega y, además, tres vehículos en su interior. El sargento informó a sus compañeros y el vehículo detuvo la marcha.

Según testigos afirman que el enfrentamiento comenzó alrededor de las 4:20 horas de la madrugada. La versión de los militares afirman que fueron las personas que  estaban dentro de la bodega quienes comenzaron los disparos. La versión de una sobreviviente y testigo de los hechos es distinta: los militares dispararon primero mientras todos dormían en la bodega.

La recomendación de la CNDH dice que el intercambio de disparos duró entre cinco y 10 minutos porque “las personas al interior de la bodega se rindieron rápidamente”, según las declaraciones de tres mujeres sobrevivientes que presenciaron el enfrentamiento.

Cuando cesaron los disparos, los elementos militares esperaron afuera de la bodega entre 15 a 20 minutos, antes de que uno de ellos diera la orden de ingresar.

Entre las 4:50 y 5:00 de la mañana, los militares entraron a la bodega. En la recomendación nunca se especifica cuántos. Ahí encontraron a las tres mujeres y a otras dos personas amarradas, presuntamente en calidad de secuestrados.

Durante una hora aproximadamente, entre las 5:00 y 6:00 horas, se escucharon disparos aislados, según los testimonios de los vecinos.

La CNDH dice que es en esta hora cuando ocurrió “la privación arbitraria de la vida de las personas que se encontraban al interior de la bodega”, con excepción de las tres mujeres sobrevivientes y los dos presuntos secuestrados.

Los testimonios de las mujeres coinciden en que los militares entraron a la bodega y encontraron a civiles rendidos y desarmados. Después, los sacaron uno por uno, los obligaron a hincarse, a decir su apodo, su edad, su ocupación, para después dispararles. Una de ellas dijo haber escuchado a un militar decir: “Los que estén vivos o heridos vuélvanles a disparar”.

Las tres mujeres y los dos presuntos secuestrados fueron llevados a uno de los cuartos frontales de la bodega. Fue en ese momento cuando pudieron ver los cuerpos en el suelo. Comenzaba a amanecer. Según los testimonios de las mujeres, personal militar llamó a los dos presuntos secuestrados con el pretexto de tomarles una fotografía, pero les disparó.

La recomendación de la CNDH precisa que 12 personas fueron ejecutadas, tres “no es posible establecer sus posiciones originales porque fueron movidos de su ubicación, lo que hace pensar que fueron ejecutados”, cuatro resultaron heridos durante el enfrentamiento y tres en fuego cruzado.

La CNDH documentó que después de la ejecución de las 15 personas al interior de la bodega, el lugar de los hechos fue alterado, “a tal grado que algunos cadáveres fueron movidos y fueron colocadas armas en todos los cuerpos que yacían muertos en el suelo.”

Indicó que familiares de seis víctimas dijeron que sus hijos fueron secuestrados por criminales en enero, abril y junio de este año, y forzados a trabajar con ellos en actividades delincuenciales.

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