Proyecto de seguridad interior

Raúl Jiménez Vázquez

El gasolinazo es una catástrofe cuyos efectos perniciosos se prolongarán a lo largo del tiempo. En el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 27 de diciembre del 2016 se establece que este incremento estará vigente hasta el 4 de febrero; luego sobrevendrá otro que regirá hasta el 11 del mismo mes, al que le seguirá uno más que vencerá siete días después. A partir de ese momento, los precios máximos tendrán una duración de 24 horas.

Ello colocará a las clases mayoritarias en un absoluto estado de incertidumbre e indefensión económica y jurídica, más aún porque los precios serán fijados en función de lo que dicten los mercado internacionales, los cuales están controlados por poderosos corporativos trasnacionales que ya están operando en México.

Así pues, las protestas continuarán y esto ha exacerbado los ánimos de quienes consideran que la creciente inconformidad social debe ser contenida apelando a la mano dura y que por tanto es preciso aprobar la ley de seguridad interior, el traje a la medida, el ordenamiento a modo exigido por los militares. De prosperar esa iniciativa, se daría curso a una gravísima ruptura del orden constitucional ya que en tiempo de paz las fuerzas armadas ejercerían atribuciones que no tienen exacta conexión con la disciplina castrense.

En contra, se aduce que el concepto de paz no es unitario ni indivisible, sino que tiene grados o modalidades dentro de los cuales supuestamente sería lícita la intervención de los milicianos como garantes de la seguridad. Tal interpretación es equívoca pues el artículo 129 constitucional no deja lugar a dudas: la paz es unitaria e indivisible.

Además, la idea de una paz fragmentada da cabida a la noción de la guerra de baja intensidad, la guerra no convencional, la guerra que supuestamente no es guerra y que por esa razón no está sujeta a las reglas del derecho internacional humanitario, pero que se desenvuelve implementando tácticas y estrategias propias de los conflictos armados. Su conceptualización propicia que en tiempos de paz se actúe conforme a esquemas jurídicos y pautas beligerantes que son exclusivos del estado de guerra.

El proyecto de ley de seguridad interior es una tremenda amenaza para la paz, la seguridad humana y los cimientos mismos del Estado constitucional de derecho. Su aprobación conllevará la institucionalización del Estado de excepción que impera en el país y la entronización de la nefasta figura de la guerra permanente, la guerra secreta, la guerra sucia. Aquella bajo la cual, como sucedió en las crueles dictaduras del Cono Sur, se sacrifican vidas humanas a granel, se llevan a cabo los más viles actos de tortura, se practica en forma sistemática la desaparición forzada, se perpetran ejecuciones extrajudiciales y, en suma, se instaura un régimen de terror, violencia y profundo desdén a la dignidad humana.

Como siempre, como en todo, toca a los ciudadanos y a las organizaciones decir la última palabra.