Por Manuel Nava
Chilpancingo, Gro.-Las acusaciones en contra de Saúl Beltrán Orozco, diputado local priista por el Distrito Electoral 17 con sede en el municipio de Coyuca de Catalán, y ex alcalde San Miguel Totoplapan, se estrellaron en las maniobras legaloides y dejarían sin efecto cualquier investigación respecto a sus vínculos con el crimen organizado y las imputaciones que realizó la Fiscalía General del Estado (FGE) por un presunto homicidio calificado.
Aun cuando la FGE libró una orden de aprehensión en su contra, al ser señalado de cometer el delito de homicidio calificado en contra de un sacerdote de la región de Tierra Caliente, no se demandó la solicitud de un juicio de procedencia.
Así, el próximo 23 de febrero, al concluir el plazo que tiene la Comisión Instructora del Poder Legislativo para dictaminar si procede o no el desafuero de Beltrán Orozco, el fallo resultaría favorable al legislador.
Entre tanto la inseguridad pública en la región se deteriora cada día más generando focos de tensiones sociales. Los actos delictivos del grupo del crimen organizado Los Tequileros han propiciado que la población tome las armas y actividades como el sistema educativo local, se suspendan .
Roberto Álvarez, vocero de seguridad pública, firmó un acuerdo con representantes del magisterio para el reinicio de labores quienes manifestaron que no lo harán en tanto no se vean resultados y se aprehenda a los líderes de Los Tequileros.
Desde hace años se han señalado los supuestos vínculos de Beltrán Orozco con dicho grupo sin que haya reacción de las autoridades. El legislador reconoció públicamente que es compadre de Raybel Jacobo de Almonte El Tequilero, identificado como el responsable de la violencia y secuestros masivos ocurridos en San Miguel Totolapan desde 2016, pero niega ser parte de esas actividades.
El 20 de febrero, de manera privada, Beltrán Orozco compareció ante dicha comisión, presentó sus alegatos y pruebas en el juicio de procedencia y la orden de aprehensión liberada por el delito de homicidio calificado. Se le acusa de ordenar el asesinato de un trabajador del Ayuntamiento de San Miguel Totolapan, José Antonio Zeferino Gil, quien fue testigo del momento en que hombres armados se llevaron al párroco de la iglesia, José Ascencio Acuña, quien después fue encontrado muerto.
La tarde de ese día, en un comunicado difundido por la defensa del priista, se informó que Beltrán se declaró inocente del cargo de homicidio calificado ante la Comisión y les recordó que el fiscal general del estado está “legalmente impedido para ejercitar acción penal”. En reunión privada, el diputado “aclaró que en ningún momento ha pretendido esconderse ni lo hará, pues es inocente”.
El diputado priista argumentó que la orden de aprehensión en su contra “está viciada de origen”, que viola sus derechos humanos como el derecho a un debido proceso y de audiencia. Aseguró que la omisión de la ley que realizó el fiscal; “penalmente constituye un delito”, porque la Fiscalía solicitó una orden de aprehensión en su contra y la una juez la liberó.
Sin embargo Perla García Navarro, su ex policía municipal detenida y acusada de secuestrar y asesinar al párroco José Ascencio Acuña, declaró que quien ordenó matar al religioso “fue el presidente” y Antonio Zeferino Gil, fue testigo, “nos ordenó el presidente municipal Saúl Beltrán Orozco, que lo desapareciéramos para que no hablara”.
Entre las pruebas que Beltrán Orozco presentó están los testimoniales del agente del Ministerio Público que solicitó la orden de aprehensión y las documentales públicas consistentes en la averiguación previa y la causa penal correspondiente.
Xavier Olea Peláez, fiscal general del estado, admitió que tanto la juez penal que emitió la orden de aprehensión contra el diputado, como el agente del Ministerio Público que consignó la averiguación previa incurrieron en errores jurídicos, toda vez que debieron primero haber solicitado el desafuero del representante popular.
Hizo notar a la juez penal que se tiene que iniciar un juicio en el Congreso del estado para quitarle el fuero al legislador, y que corresponde a la Fiscalía presentar la solicitud, lo cual hizo la tarde de este miércoles ante la Oficialía de partes del Poder Legislativo, e insistió en que por tener fuero el acusado no se puede ser detenido”.