Entrevista con Carlos Brito/Abogado de Migración USA

Gerardo Yong

La fila de personas que desciende del avión por momentos se abulta. Cientos de trabajadores mexicanos y de otras nacionalidades desfilan custodiados por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas, quienes les piden que se quiten las gorras y guarden sus lentes oscuros. Van camino a un interrogatorio donde se determinará su situación legal en Estados Unidos. Para muchos de ellos, ese será el último momento que permanecerán en suelo estadounidense antes de ser repatriados. La semana pasada, el gobierno del presidente Donald Trump anunció que endurecería su política migratoria y como prueba deportó a un primer grupo de 680 migrantes considerados como delincuentes o potencialmente peligrosos. Para él, son una amenaza a la seguridad pública, pero para Carlos Brito, representante legal del despacho de abogados Migración USA, con base en El Paso, Texas, se trata de personas que no necesariamente están involucradas en acciones criminales o delictivas, pero sobre quienes pesa un concepto que se puede adaptar a las funciones del gobierno para lograr sus objetivos en cuanto a las deportaciones masivas.

La palabra “criminal”

“En la orden ejecutiva que el presidente Trump firmó el pasado 25 de enero se dio una definición más amplia a la palabra “criminal”, la cual categorizó como objetivo principal de las redadas efectuadas por su administración”, dijo Brito. “Según este decreto, se define la palabra criminal de una manera más amplia, en la que se incluye a cualquier persona que haya cruzado la frontera ilegalmente. Esto significa que si las autoridades de inmigración, detienen a alguien y éste declara que cruzó ilegalmente la frontera de Estados Unidos, en ese preciso momento se hace elegible para ser deportado bajo la nueva orden. También incluye como criminal a quien se haya beneficiado de algún programa de apoyo público, es decir, quien esté recibiendo un beneficio del gobierno o lo haya recibido, tales como estampillas o welfare (ayuda del gobierno). Asimismo, a aquellos individuos que hayan cometido un acto que se constituya como ofensa criminal, y basta sólo con que las autoridades simplemente sospechen que haya infringido cualquier tipo de ley, sin importar si se le presentaron cargos por dicha infracción”.

Por otra parte, el abogado en migración comentó que la orden también incluye a quienes hayan cometido algún delito como fraude o representación falsa en conexión de cualquier asunto oficial o aplicación ante cualquier agencia del gobierno. Según él, en esta categoría se puede incluir a cualquier persona que haya usado un Seguro Social falso para obtener trabajo; lo cual es una acción muy común realizada por migrantes ilegales en Estados Unidos.

Entrevista con Carlos Altamirano/Abogado en migración por la UNAM

Van contra ilegales, no por criminales

En contraste, para Carlos Altamirano, abogado en migración de la Facultad de Derecho de la UNAM, las personas que cruzan a Estados Unidos no son criminales, sino ilegales, y deben ser tratados como tales para que sus derechos no sean violados. “En otros casos en los que los deportados no son criminales, actualmente se cuentan con programas de apoyo a los migrantes por la Secretaría de Relaciones Exteriores que en sus 50 consulados está implementando por medio de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior”, afirmó. “Las perspectivas que considero que se están presentando en nuestro país son primeramente el fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano para enfrentar estas situaciones y de un amplio sector de la sociedad civil, ONG, A. C., fundaciones y un frente en común, no sólo para la defensa de los connacionales en México sino para todos los mexicanos que viven en México o se encuentran fuera del país”.

Situación de vulnerabilidad

Aunque pocos lo destacan, la situación real en la que se encuentran los migrantes es principalmente de vulnerabilidad, pues además de la persecución prepotente de la que son víctimas por los agentes migratorios, la gran mayoría también se ve afectada por el aspecto económico, legal, psicológico, social y hasta en la desintegración familiar.

“El estatus legal de muchos migrantes debe ser regularizado por las instituciones mexicanas, como su identificación oficial, por lo que la Secretaría de Gobernación ha comenzado a aplicar un plan para darle su credencial oficial del INE así como actas de nacimiento, y la creación de una base de datos que permita al repatriado mexicano contar con los apoyos que el Estado está prestando, como empleo, seguro popular, apoyo legal…”, comentó. “Para el caso de muchos deportados que cuentan con educación de cualquier nivel, la SEP ha comenzado un programa de revalidación educativa con apoyo de la UNAM. La SRE ha comenzado a brindar asistencia legal por medio de la dirección general de protección para Estados Unidos.

Crisis humanitaria

En cuanto al estatus legal de muchos migrantes en nuestro país, el experto académico nos comenta que no sólo son los deportados mexicanos. Lo estamos viviendo en este momento en Baja California con la crisis humanitaria en las ciudades de Tijuana y Mexicali con los siete mil migrantes haitianos y africanos que se encuentran en espera de una visa para poder ingresar en Estados Unidos. “¿Qué pasa con los que no están siendo admitidos y son deportados?, quedan en un vacío migratorio, ¿quién debe responder por ellos? Muchas cuestiones surgen de esta situación y el Estado Mexicano tiene que declarar una crisis humanitaria para poder contar con apoyos internacionales a fin de afrontar dicha crisis.

Twitter Revista Siempre