MARTHA TAGLE MARTÍNEZ*
México inició el año con un incremento de entre 16% y 20% en los precios de las gasolinas y el diésel. El llamado “gasolinazo” contempla además precios diferenciados para 90 regiones en el país. Ante tal anuncio, la ciudadanía salió a las calles a manifestar su inconformidad de manera pacífica, cerrando gasolineras, avenidas y carreteras. Sin duda, no sólo por el aumento en sí mismo, sino como un cúmulo del malestar ciudadano frente a la corrupción voraz en el ámbito público.
En su mensaje de año nuevo, Enrique Peña Nieto explicó “las razones” por las cuales el gobierno decidió liberalizar el precio de las gasolinas, subrayó las siguientes:
El incremento en las gasolinas viene del exterior y deriva del aumento en el precio internacional del petróleo.
El aumento en las gasolinas no afecta a la población de menores ingresos, ya que, el consumo de este sector representa tan sólo el 15%, por el contrario, mantener los precios de manera artificial sí se traduciría en quitarle recursos a los más pobres y dárselos a los que más tienen.
El ajuste en el precio de la gasolina no se debe a la Reforma Energética ni tampoco a un aumento en los impuestos. “El Gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este incremento”.
Los argumentos expuestos por el Presidente no sólo son débiles, sino que resultan incongruentes y ambiguos.
De acuerdo con datos del Banco Mundial (BM), de 163 países, 123 disminuyeron los precios de sus gasolinas entre 2012 y 2014 siguiendo la tendencia a la baja de los precios internacionales del petróleo. Del mismo modo, hacia finales de 2014, 8 países mantuvieron estables sus precios y tan sólo 32 los aumentaron. México fue uno de los 10 países que presentó un mayor aumento, con aproximadamente 20% en los precios de las gasolinas.
Por su parte, datos del INEGI demuestran que, el Índice de Precios al Consumidor presentó un aumento de 1.51% en la primera quincena de enero, el más alto desde 1999. Los alimentos, bebidas, tabacos, bienes agropecuarios y energéticos son los bienes y servicios que reportaron mayor incremento, es decir, el aumento en los precios de las gasolinas y diésel repercute de manera directa en el poder adquisitivo del decil más pobre de los hogares de México.
El Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, que es un impuesto fijo establecido cada año, es menor en las gasolinas de mayor octanaje consumidas por el 20% de la población de mayores ingresos, lo que resulta incongruente con la política fiscal. Es necesario enfatizar que el aumento gradual del precio de las gasolinas durante el año sí se traducirá en ingresos para el gobierno, que derivan del Impuesto al Valor Agregado.
En resumen, los argumentos ofrecidos por el titular del Ejecutivo sobre que el gasolinazo se impone por presiones del exterior rebasan la realidad en la que hoy se encuentra el país, resulta urgente instaurar un plan económico que devuelva la tranquilidad a las familias mexicanas. De seguir así, es evidente que la crisis económica interna nos colocará en una situación de desventaja para enfrentar los retos de la complicada situación económica mundial que demanda mejores condiciones de inversión y comercio.
*SENADORA POR LA CIUDAD DE MÉXICO
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