BERNARDO GONZÁLEZ SOLANO

El talón de Aquiles del siglo XXI está dividido en tres partes: terrorismo, corrupción y populismo (de izquierda y de derecha). La característica de estos terribles problemas es que pueden presentarse en cualquier país, amén de la pobreza y el hambre, que van de la mano de los países en guerra, en pleno 2017. Al inicio de este año, el mundo cuenta con el mayor número de refugiados —emigrantes forzados— de la historia mundial: 65.3 millones de personas; una de cada 113 personas en la Tierra es un solicitante de asilo, un desplazado interno o un refugiado. Esto lleva aparejado una grave crisis humanitaria que nadie sabe cómo resolver.

La prueba más evidente es lo que sucede en la que se consideraba el modelo de la democracia del mundo moderno: Estados Unidos de América (EUA). La elección del 45o. Presidente de la Unión Americana, el “republicano” Donald John Trump, en menos de un mes de gobierno ha puesto de cabeza al planeta, actuando contra todos, como chivo en cristalería, casi casi como fanático nazi, con el riesgo de que el “establishment” de la Unión Americana desaparezca y, en el proceso, lesione gravemente a vecinos y aliados, como ya se empieza a apreciar en México. Si las cosas continúan como van, y todo indica que Trump no piensa cambiar, el orden internacional –mantenido a duras penas desde 1945–, podría estallar con consecuencias imprevisibles.

El otro grave fenómeno de la modernidad es la corrupción que prácticamente afecta a todos los países de la Tierra, con notables excepciones. Los diez países menos corruptos son: Dinamarca (con 91 puntos de un total de 100), Finlandia, Suecia, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, Singapur, Canadá y Alemania. En contrario sensu, los diez más corruptos: Venezuela (el peor de todos), Bolivia, Ecuador, Guatemala (en los últimos tiempos puso en la cárcel a su presidente y a su vicepresidenta), Honduras, Argentina, Paraguay y Nicaragua. En el décimo primero está México. Y Cuba no acepta que organismos internacionales califiquen su situación.

Como nunca antes ahora se defiende sola la frase bíblica: “El que esté libre de pecado que tire la primera piedra”. Los medios informan que la corrupción promovida por una sola compañía —Odebrecht, multinacional brasileña con más de 168,000 empleados, con presencia en 28 países, casi en todo Hispanoamérica, en EUA y en Europa–, ha causado un maremoto en toda la zona. Desde hace varias semanas diario afloran prácticas corruptas relacionadas con famosos políticos del Nuevo Continente, como el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, el actual mandatario de Colombia, el general Juan Manuel Santos, y hasta el ex presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, etcétera. Por el momento, la multinacional brasileña ya aceptó pagar por disposición de una Corte de EUA, la mayor multa de la historia de este país a una compañía de estas características: 3,500 millones de dólares.

Según el Departamento de Justicia de EUA, hasta el momento los sobornos pagados por Odebrecht en Latinoamérica suman 735 millones de dólares, repartidos de la siguiente manera: México, 10.5; Guatemala, 18; Panamá, 59; República Dominicana, 92; Venezuela, 98; Colombia,11; Ecuador, 33.5; Perú, 29; Brasil, 349; y, Argentina, 35.

La tremenda trama corrupta saltó a las primeras planas, las portadas y las pantallas de televisión en el mes de junio de 2015, en Sao Paulo, Brasil, cuando la policía le echó mano a uno de los empresarios brasileños más poderosos y conocidos de su país y del planeta, el heredero Marcelo Odebrecht. Desde esa fecha, los principales círculos económicos  y políticos de Brasil y de todo el continente empezaron a temblar y, por lo que se ve, seguirán haciéndolo durante mucho tiempo más.

Ya en la cárcel, el soberbio Marcelo Odebrecht se resistió a colaborar con la justicia brasileña, a cambio de que su posible condena se redujera si confesaba a quienes había sobornado. Dos cuestiones lo doblegaron: primero, la compañía caía como plomo en el agua, pues estaba incapacitada de acudir a ningún concurso de gobierno para poder recibir más contratos. Segundo, la justicia encontró el expediente (olvidado por una secretaria), con los nombres y contraseñas de los políticos que aceptaban los sobornos. Pruebas más que contundentes. Y Marcelo dobló las manos. El acuerdo sería de 10 años menos de cárcel de los 19 que tenía que purgar. Asimismo, otros 77 antiguos subalternos de alto nivel en la compañía también “aceptaron” el arreglo. Lo más importante, el consorcio volvería a concursar en las obras gubernamentales de todo el mundo.

Con las principales cabezas de Odebrecht en la cárcel, era cuestión de tiempo que los sobornados fueran cayendo. Desde la Unión Americana, pasando por las fiscalías locales de más de diez países, el tremendo escándalo afecta fuera de Brasil al propio mandatario de Colombia, general Juan Manuel Santos y al expresidente de Perú, Alejandro Toledo, cuya ubicación es dudosa. Por el momento. Tarde o temprano al policía lo ubicará y procederá en consecuencia.

En el mes de diciembre último, el fiscal general asistente de la División Criminal del Departamento de Justicia de EUA, Sung-Hee Suh, especificó: “Odebrecht empleó una secreta, pero totalmente funcional, unidad de negocios de la empresa –un departamento de sobornos— que sistemáticamente, pagó cientos de millones de dólares para corromper a funcionarios de gobiernos en países de tres continentes”.

La tormenta no amaina. Y el escándalo será más grande, aunque por el momento buena parte de las confesiones están protegidas en Brasil por el secreto de sumario, pero al final de cuentas todas serán del dominio público. “La confesión del fin del mundo” la han bautizado los medios de comunicación locales. A principio de año, se “filtró” la declaración de uno de los altos ejecutivos de la empresa, que aseguró que el actual presidente, Michel Temer, aceptó 10 millones de reales (más de tres millones de dólares) para su campaña electoral. Los investigadores saben que todavía hay mucha información oculta que es más explosiva que la dinamita.

Día a día los informes causan maremotos políticos relacionados con los sobornos de Odebrecht. Por ejemplo, en Colombia, donde el fiscal general Néstor Humberto Martínez,  informó que parte del dinero recibido como “mordida” por el ex senador  Otto Bula Bula, capturado a principios de año, “habría terminado en la campaña presidencial de Santos en 2014″. Menos de 24 horas más tarde el fiscal reculó y cambió un poco su versión y dijo que su primer informe respondía únicamente al testimonio del detenido, pero que no hay prueba física de que así hubiera ocurrido. Sin embargo, el propio fiscal aseguró que hay evidencias de los giros bancarios de Brasil a Colombia, pero que sobre la entrega del millón de dólares al gerente de la campaña de reelección Roberto Prieto, sólo existe el testimonio del ex senador Bula Bula.

En consecuencia, el gobierno de Santos presentó una carta a la opinión pública en la que niega los hechos: “Resulta absurdo e inaceptable que personajes de dudosa reputación, con una simple declaración sin prueba alguna, pretendan ahora enlodar la campaña presidencial de 2014″. Aparte, a la manera de Donald Trump, en su cuenta de Twitter, el presidente Santos instó al Consejo Nacional Electoral a que agilice la investigación para aclarar todas las dudas. En suma, el Gobierno en pleno saltó en defensa del flamante Premio Nobel de la Paz. No obstante, su reputación ya está en entredicho mientras el asunto no se aclare. Pero, no menos cierto es que Colombia forma parte de más casos de corrupción pagados por Odebrecht desde el Gobierno de Alvaro Uribe, en los años 2009-2010. Ya han sido detenidos varios ex funcionarios implicados.

Qué bueno que salga a la superficie toda la podredumbre, aunque lo lamentable del caso (mejor dicho, los casos) es que con esto se acentúa la desconfianza generalizada y afianza la tesis “realista” de que “todos los gobernantes son corruptos“. Los efectos de estos escándalos aún están por verse, pero todo augura que no serán buenos.

Antes de poner punto final a esta crónica –saltando algunos episodios en otros países latinoamericanos, incluyendo México–, hay que apuntar que el caso Odebrecht convirtió en fugitivo al expresidente de Perú, Alejandro Toledo, sobre el que pesa una orden de búsqueda y captura internacional por ser sospechoso de recibir sobornos por 20 millones de dólares de parte de la empresa brasileña. Asimismo, la autoridades de Israel anunciaron el domingo 12 que no dejarían entrar al político y catedrático peruano –cuya esposa tiene la doble nacionalidad peruana e israelí, por ser judía–, ante las informaciones que le situaban en un avión procedente de Estados Unidos con destino a Tel Aviv. Toledo es visitante habitual del Estado hebreo, donde mantiene amigos en la clase política dirigente. Además, Israel no tiene tratado de extradición con Lima. En tanto, el ministerio del Interior peruano ofrece $ 100,000.00 (cien mil soles), equivalentes a 30,000 dólares por información sobre su paradero e instó a la Interpol a emitir una alerta roja para capturarlo.

El jueves 9 de febrero, el titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Perú, Richard Concepción, ordenó 18 meses de prisión preventiva contra Toledo. La solicitud fue hecha por el fiscal Hamilton Castro, por estar acusado de recibir 20 millones de dólares de parte de Odebrecht para favorecerla en la licitación de la Carretera Interoceánica Sur, que une Perú y Brasil. Por ello se le imputan los delitos de tráfico de influencias y lavado de dinero.

Esta es la primera vez que bajo las normas del debido proceso se investiga a un ex alto funcionario del Estado en Perú y se culmina con una decisión de prisión preventiva por parte del Poder Judicial. Será por eso que el pueblo se pregunta: ¿Todos los gobernantes son corruptos? VALE.

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