Concretaría el Plan Colombia para México
Raúl Jiménez Vázquez
Emulando las escenas más escabrosas de las películas de Rambo, recientemente, en Tepic, Nayarit, efectivos de la Marina utilizaron un helicóptero artillado para abatir a presuntos delincuentes y demostrar así que, contrario a lo que supone el ocupante de la Casa Blanca, “aquí sí hay con qué”. Ese fue el trágico suceso que impidió la aprobación al vapor de la ley de seguridad interior. La pausa legislativa tendrá la duración de un suspiro pues las altas jerarquías políticas y castrenses están empeñadas en dar curso a la “ley a modo” exigida por el titular de la Defensa Nacional.
Argumentos de distinta índole ponen de relieve la inviabilidad de ese objetivo. Los de orden constitucional se condensan de esta forma: I) la seguridad interior no figura dentro del listado de materias susceptibles de regulación por el Congreso de la Unión, II) el artículo 129 de la Carta Magna es claro y preciso: en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina castrense, III) la seguridad pública es una función expresamente reservada a las autoridades civiles en el artículo 21 constitucional.
La propuesta en cuestión es inadmisible a la luz del derecho internacional. Transgrede la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según la cual las fuerzas armadas no deben asumir tareas inherentes a la seguridad pública. Contraviene los numerosos pronunciamientos de las instancias internacionales, particularmente el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en los que se ha subrayado la necesidad de que los milicianos regresen a sus cuarteles.
A través suyo también se legitimará y perpetuará la crisis humanitaria en la que se halla inmerso el país. La CNDH evidenció que los militares ocupan el primer lugar en violaciones a los derechos humanos. Open Society, en la publicación Atrocidades innegables, confrontando crímenes de lesa humanidad en México, puso de relieve que no son ajenos al terrorífico saldo de la guerra antinarco: más de cien vidas humanas segadas, más de 30 mil desaparecidos, más de 250 mil desplazados.
Su fin último es garantizar la seguridad del Estado y no la seguridad humana, lo que se opone frontalmente al paradigma proclamado por las Naciones Unidas. Su raíz es eminentemente autoritaria, ostenta una visión unidimensional o de túnel que excluye las opciones distintas a la militarización de la seguridad pública, como la aportada por la UNAM.
En suma, la ley de seguridad interior es en todos sentidos deleznable. Volverá permanente el Estado de excepción que padecemos los mexicanos, constituirá un arma de represión masiva, se erigirá en una amenaza para la paz y socavará los cimientos del Estado constitucional de derecho. Más aún, será el instrumento idóneo para concretar los designios militaristas de Trump y materializar un Plan Colombia para México.
Ciudadanos y organizaciones civiles debemos exigir a los legisladores que no aprueben este engendro, este infame bebé de Rosemary.
