Entrevista con Rodolfo Aceves Jiménez/Maestro en seguridad nacional por la Armada de México
Armando Reyes Vigueras
La discusión para aprobar alguna de las iniciativas sobre la Ley de Seguridad Interior continúa luego de varios retrasos, en la Cámara de Diputados, y es que en este mes se podría pasar del análisis, a su dictamen y, en su caso, aprobación.
El contexto no puede ser más apremiante: las fuerzas armadas mexicanas requieren contar con un marco legal que respalde sus acciones en tareas de seguridad pública, por lo que se han reunido con legisladores, además de la presión de organizaciones civiles para evitar violaciones a los derechos humanos y, por si lo anterior no fuera poco, las declaraciones de Donald Trump en el sentido de que podría enviar tropas estadunidenses, para combatir a los narcotraficantes mexicanos, agregan un elemento más a este escenario complejo.
Académicos han señalado la necesidad de revisar el modelo para atender la problemática en seguridad pública. Para nuestro entrevistado, Rodolfo Aceves Jiménez, en lugar de una nueva ley se debería modificar simplemente el marco legal existente.
Necesidad de seguridad
Si bien la participación de las fuerzas armadas mexicanas en tareas de seguridad pública se ha dado desde hace décadas, no ha sido sino hasta este siglo en que se ha cuestionado su papel, propiciando la búsqueda de una regulación.
Esto también ha puesto en la mesa de discusión la necesidad no solo de regular el papel de las fuerzas armadas, sino de resolver el desafío que representa la seguridad pública, lo que incluye no solo repensar lo que hace el Ejército y la Marina, sino el fortalecimiento y la profesionalización de las policías en los distintos órdenes de gobierno.
Se trata de redefinir el modelo que se ha seguido para atender esta problemática.
Para el investigador José Luis Piñeyro, la actual “estrategia descansa en el modelo incremental: si los narcos aumentan la calidad del entrenamiento y armamento de sus paramilitares y la violencia de sus acciones, así como de los pagos para la corrupción, entonces, se requiere de más policías y militares, armamento más moderno, respuestas contundentes, equipo técnico superior y mejores salarios, y así́ se razona sobre cualquier aspecto técnico bélico”.
Dicho texto está incluido en la obra Los grandes problemas de México: seguridad nacional y seguridad interior, editado por el Colegio de México.
En el mismo libro, Arturo Alvarado y Jorge Zaverucha, señalan: “los militares han sido capaces de cambiar la definición y forma de sus objetivos, de la seguridad nacional hacia la seguridad interior, al transformar sus antiguas tareas de defensa por las nuevas amenazas’internas”.
Para los investigadores, “las fuerzas armadas se han imputado nuevas funciones y jurisdicción, en la mayoría de los casos en competencia o en conflicto con las policías nacionales y fuera del control de la nueva elite representativa”.
Asimismo, recuerdan, “en los años recientes la intervención del Ejército como policía en México ha producido varias controversias legales y constitucionales y crecientes violaciones a los derechos humanos. Una acción de inconstitucionalidad sometida a la SCJN produjo una interpretación en donde la Corte asume que las tareas del Ejército en materia de apoyo al combate de los delitos no viola la Constitución”.
Todo esto derivó en la necesidad de un marco legal que regule su actuación en seguridad pública, con la presentación de tres iniciativas que están en la Cámara de Diputados en estos momentos, así como el cabildeo que los titulares de Defensa y Marina hacen del tema; el pasado 7 de febrero, sus titulares, general Salvador Cienfuegos Zepeda y almirante Vidal Soberón Sanz, respectivamente, se reunieron con miembros de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. En el boletín emitido por Sedena, se aclara que abordaron el tema de la Ley de Seguridad Interior, “con la finalidad de dilucidar los alcances que tendría un ordenamiento de esta naturaleza”.
El coordinador de los diputados del PRI, César Camacho Quiroz, adelantó que se continuará con el debate legislativo e, incluso, que se contempla un artículo transitorio para determinar los plazos para que las fuerzas armadas regresen a los cuarteles. Francisco Martínez Neri, coordinador de los legisladores del PRD, señaló su negativa a la propuesta, pues en su opinión “se corre el riesgo de militarizar el país”.
Modificar lo existente, no una nueva ley
Para el maestro en seguridad nacional por la Armada de México, académico y articulista en varios diarios del país, Rodolfo Aceves Jiménez, en vez de presentar y discutir iniciativas de un tema que no contempla todas las facetas del problema, se debería modificar el marco legal que rige al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Rodolfo Aceves Jiménez
“La discusión se ha centrado en el tema de la seguridad, no lo han abierto al campo económico o social que se tienen que considerar dentro de la seguridad interior, debe verse como un todo, están restringiendo su visión”, comentó.
Esto, en su opinión, es importante en el contexto de “la crisis que hemos enfrentado con el nuevo gobierno de Donald Trump”, pero lo que se debería hacer es revisar las más de 200 leyes que existen en la materia e incorporar el tema de la seguridad interior al SNSP, “insisto, el tema de la seguridad interior es visto dentro de la seguridad pública, por lo que lo más factible es incorporar un nuevo capítulo en la ley general del SNSP, que hable específicamente de la participación de los militares, en lugar de una nueva ley que será muy corta, que no será de tipo general y que no involucre la concurrencia de los tres órdenes de gobierno, pues se está hablando exclusivamente de la participación militar”.
Respecto a las iniciativas que se han presentado, consideró que la de Martha Tamayo y César Camacho, del PRI, es la que tiene más posibilidades de salir adelante, pero con algunas modificaciones, “no como una ley nueva sino modificando lo ya existente”.
Sobre las iniciativas restantes, comentó que la presentada por Miguel Barbosa se maneja “con un tema ajeno a la profesionalización de la seguridad pública en el país, porque incluye un tema eminentemente sobre derechos humanos (no considerar la protesta social como un riesgo a la seguridad interior), intentando mezclar el agua con el aceite, cuando son dos cosas por completo diferentes”.
Sobre la presentada por Roberto Gil, comentó “las afectaciones contenidas en su propuesta de ley se ajustan más a las amenazas contenidas en la Ley de Seguridad Nacional”.
Para el especialista, la falta de este instrumento legal “constituye un vacío jurídico”, lo que se refleja en que se “han salido de control las operaciones eminentemente policiales causando daños colaterales, heridos y víctimas, en donde las fuerzas armadas nunca lo hubieran deseado”.
Aceves Jiménez concluyó al señalar que hay que tener claro que “si fuera por competencias, entonces la seguridad pública es una función de competencia federal, estatal y municipal; la seguridad interior sería de competencia local y federal; y la seguridad nacional sería de competencia federal. Así estaría estructurado por competencias”.
Cuadro comparativo de las iniciativas presentadas
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