De salida a entrada de crisis

Alejandro Zapata Perogordo

Después de grandes dificultades sufridas en la décadas de los ochenta y noventa, a principios del 2000 después de muchos avatares se comenzó a construir una ruta a efecto de encontrar salidas viables a los problemas del país y enfrentar en mejores condiciones los desafíos de la globalización.

Tanto en el sexenio del presidente Fox como en el de Calderón, el manejo de las finanzas públicas como de la economía nacional se fincó en un ejercicio responsable, evitando en lo posible vaivenes y desajustes que provocaran desequilibrios.

Por otra parte, surgieron temas que requerían atención, principalmente la permuta entre el impulso al empleo por el combate a la inseguridad que ha venido azotando el país desde hace años.

Desde 2011, en los albores de la sucesión presidencial el tema central se ubicó en la lucha contra la delincuencia organizada y las estrategias seguidas para su combate, la alta comisionada de la ONU en Derechos Humanos, Areli Enríquez, afirmó incluso que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, son medidas extraordinarias y limitadas en el tiempo; a la par sostuvo que se requería un esfuerzo adicional de Estados Unidos al ser señalado como el principal consumidor de drogas y abastecedor de armas dentro y fuera de México.

En paralelo, la Conferencia Internacional Sobre Seguridad y Justicia en Democracia, organizada por la UNAM y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, hicieron un diagnóstico y presentaron interesantes propuestas, desde el marco teórico conceptual hasta la elaboración de políticas públicas integrales en la materia.

Han transcurrido alrededor de cinco años y, en lugar de avanzar, retrocedimos en el camino andado. Hemos visto en materia de finanzas públicas y economía un deterioro; no vemos para cuándo las fuerzas armadas regresen a sus cuarteles, por el contrario, tenemos la necesidad de dotarlas de un marco jurídico a fin de que permanezcan en las calles, y las instituciones se encuentran frágiles y cuestionadas.

Aunado a lo anterior, el incremento de la corrupción e impunidad, vinculado con escándalos públicos han mermado la cultura democrática del país, a tal grado que el déficit real que padecemos no se localiza en la parte de la seguridad o la deteriorada economía, pues sin restarles importancia, el fondo de los problemas que enfrentamos proviene de un déficit político.

Así, la sociedad molesta e irritada ya no guarda silencio, consciente de nuestra realidad, alza la voz y participa para encontrar nuevamente la ruta de salida en el estado de derecho y la justicia social.