Las órdenes ejecutivas de Trump son ilícitos
Raúl Jiménez Vázquez
Donald Trump, el bravucón de alto rendimiento, pretende convertir a México en el eje de todos los males. Empero, detrás de las acciones que ha tomado en los albores de su administración subyace algo mucho más escalofriante y preocupante. Al igual que lo sucedido en la Alemania nazi, lo que en realidad quiere el inquilino de la Casa Blanca es derrumbar los principios civilizatorios de la humanidad y regresar las manecillas del reloj de la historia para situarlas en aquel tiempo en el que, acorde al autor griego Tucídides, los embajadores atenienses hicieron saber a los melios, habitantes de una diminuta isla:
“En adelante las relaciones entre nosotros no se regirán por la convención, que es ley entre iguales, sino por la ley de la naturaleza, aquella que dicta que el cordero ha de ser devorado por el lobo”.
La respuesta de nuestro país tiene que estar guiada por el afán de reivindicar y hacer prevalecer ese preciado acervo ético, jurídico y político que se halla vigente desde el Siglo de las Luces. Frente a ese brutal intento de regresión, ante la retrógrada ley del más fuerte esgrimida por el autócrata, los mexicanos debemos enarbolar lo que Luigi Ferrajoli, el gran teórico del garantismo, llama la ley del más débil, cuyos principios están reflejados en la Carta de la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos del derecho internacional.
En las páginas del libro dorado de la diplomacia nacional figuran estampas plenas de dignidad en las que se ha hecho valer la ley del más débil. Recientemente, en el célebre caso “Avena” México doblegó al vecino país del norte, quien fue obligado por la Corte Internacional de Justicia a reconocer el derecho humano a la asistencia consular de los connacionales radicados en su territorio.
Así pues, están dadas las condiciones para que el Estado mexicano demande a Estados Unidos ante dicho tribunal supranacional alegando que las órdenes ejecutivas de su presidente son hechos internacionalmente ilícitos, según los términos de la resolución A 56/83 aprobada por las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 2001.
La argumentación jurídica a proyectar en ese reclamo justiciero es clara y precisa: I) la construcción del muro, el plan de compelernos a sufragar su costo y la criminalización de los indocumentados son agresiones que violan los principios ius cogens, las normas imperativas de la buena fe, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos; II) asimismo, al estar alimentados de la idea de una supuesta superioridad racial y del prejuicio de que los migrantes son intrínsecamente perversos, tales órdenes incitan al odio y transgreden los derechos humanos relativos a la dignidad, la integridad, la presunción de inocencia, la igualdad, la no discriminación, la prohibición del apartheid y el disfrute de una vida digna.
Esta es una vía para que Peña Nieto defienda vigorosamente la soberanía nacional y haga efectivo el sabio refrán que dice que el valiente vive hasta que el cobarde quiere.
