Entrevista con Oto Higuita/historiador y articulista colombiano

Armando Reyes Vigueras

Un país asolado por el narcotráfico y la corrupción, que preocupa a Estados Unidos porque es el destino de las drogas que se producen en su territorio, por lo cual decide intervenir para detener el tráfico de estupefacientes gracias a un programa de “ayuda” en el que se coordina con las fuerzas militares de dicha nación para detener a los cárteles del crimen organizado. Ese fue el guión del Plan Colombia, muy parecido al que se utilizó en la Iniciativa Mérida y que podría, nuevamente, ponerse en práctica en un Plan México. Al menos una de las últimas órdenes ejecutivas de Donald Trump y las declaraciones de John Kelly, titular del departamento estadunidense de Seguridad Nacional, apuntan en ese sentido.

Catástrofe humanitaria

Para Oto Higuita, historiador y articulista en distintos diarios colombianos, el balance que se hace del Plan Colombia se puede resumir en un par de palabras: “catástrofe humanitaria”. Entrevistado desde Medellín por este medio, compartió con Siempre los efectos que ha tenido en su país este tipo de planes. “Apenas vamos a empezar a recuperarnos luego del Plan Colombia”, sostiene.

Oto Higuita

Alerta acerca del costo que tiene para la población acciones de esta naturaleza, de los efectos que se han tenido en la vida cotidiana y de la sociedad dividida que produjeron 18 años de aplicación del Plan.

“El año pasado hubo una cantidad de balances, hechos por instituciones académicas, luego de que se implementó en el año 2000 en el gobierno de Andrés Pastrana. El asunto está en que en términos de víctimas es una catástrofe humanitaria, hablando de que en estos años se produjeron más de 6 millones de víctimas, entendidas éstas como población campesina que fue desplazada forzosamente de sus tierras, principalmente en donde había cultivo de hoja de coca –considerado un cultivo de uso ilícito–, que es la materia prima del narcotráfico para la producción de cocaína. Se calculan 220 mil asesinatos en el país durante el conflicto interno, de los cuales el 80%, de acuerdo al Centro Nacional de la Memoria, son civiles, es decir no combatientes”.

Para Higuita, detrás del plan se ubica la lucha antinarcóticos, una vieja política estadunidense que comenzó con Richard Nixon y que se extendió por el continente, como comenta nuestro entrevistado. “El Plan Colombia, en ese sentido, tiene vínculos con otros planes que se han hecho en el continente como el Plan Cóndor, un plan antiinsurgente, además de planes de la misma naturaleza y de lucha antidrogas que se llevaron a cabo en Centroamérica, o los que ha sufrido México”.

Higuita comenta que el principal resultado de la aplicación del Plan en su nación fue fortalecer a las fuerzas armadas colombianas, pues la erradicación de plantíos de hoja de coca, que en un principio disminuyeron, aumentaron luego de la puesta en marcha del mismo, “fue un juego del gato y del ratón”, agrega para señalar que en realidad el objetivo que se persiguió fue instrumentar “una política contrainsurgente que consistió en entrenar y fortalecer militarmente a las fuerzas armadas colombianas, para combatir a la guerrilla colombiana en especial a las FARC, pero también al ELN”.

Colombia ha sufrido en los últimos 50 años un escenario violento. La presencia de guerrillas, a lo que se sumaron carteles del narcotráfico, generó distintos fenómenos que afectaron la vida cotidiana de sus habitantes, como se ejemplifica con el desplazamiento de cerca de 7 millones y medio de personas del campo a las ciudades, en las cuales se vio un incremento de la violencia y un crecimiento no programado.

“En el tema hay intereses de los cárteles de la droga, terratenientes, por la apropiación de la tierra, entonces las pequeñas familias campesinas de las áreas remotas sufrieron el impacto de la guerra y la confrontación y muchas de ellas fueron desplazadas violentamente, precisamente a las ciudades”.

Pero no fue el único saldo sangriento en el contexto del Plan, pues Oto Higuita también recuerda los asesinatos de civiles, una de las preocupaciones que afectan el proceso de paz.

“Otro gran impacto fue el asesinato de civiles, como los 5 mil 500 asesinatos de falsos positivos, es decir, un tipo de asesinatos que cometieron las fuerzas armadas del Estado camuflando a civiles del campo para presentarlos como muertos en combate y de esa forma presentar resultados, al mismo tiempo que permitía subir en el rango militar a aquellos comandantes que producían estas bajas. Fueron asesinatos de inocentes civiles colombianos que nada tenían que ver con el conflicto, es una de las grandes preocupaciones que hay en el país en estos momentos tras los diálogos de paz con la FARC, en el sentido de que el principal victimario fueron las fuerzas armadas”.

Adicionalmente, pide que se revise la huella de Estados Unidos en acciones de esta naturaleza en el ámbito continental, pues en su opinión el Plan Colombia fue “una estrategia de Estados Unidos en aras de generar influencia y un control en países aliados como Colombia –hay que tomar en cuenta que en estos momentos hay 7 bases militares en el país, que sirven de apoyo a las fuerzas armadas colombianas y de disuasión hacia gobiernos contrarios a las políticas colombianas, como es el caso de Venezuela o Ecuador–“.

Otro aspecto que compartió nuestro entrevistado, tiene que ver con el paramilitarismo y su relación con las fuerzas armadas locales. El Plan Colombia fomentó el paramilitarismo y su relación con el narcotráfico, aseguró Higuita, para comentar que esto también obligó a que dentro del Plan hubiera un rubro para relaciones públicas de las fuerzas armadas.

“Ese es uno de los principales obstáculos en el actual proceso de paz, en el sentido de que hay un rebrote de grupos paramilitares que son coletazos de ese paramilitarismo que ha estado fuerte en los últimos 15 años, que ha estado asesinando a líderes campesinos o defensores de derechos humanos, que se habían involucrado en el proceso de paz y que promovieron la sustitución de cultivos de hojas de coca por otros, con inversiones sociales, subsidios”.

Con relación al impacto en la sociedad colombiana, Oto Higuita mencionó que se trata de una población dividida, “hay un sector que sigue esa política de los sectores de extrema derecha que de alguna manera quisiera tener al país en un estado de guerra permanente, apoyadas por algunas expresiones del narcotráfico relacionadas con la expropiación de la tierra, con sectores terratenientes, en el sentido de no devolver tierras, de mantener el negocio del narcotráfico, son un sector muy poderoso que, incluso, pudo influir en el plebiscito sobre el proceso de paz. Ganó el ‘No’ por poco más de 360 mil votos, reflejando a una sociedad dividida, en dos posturas, en situación de crisis”.

Para finalizar, a la luz de un probable Plan México, nuestro entrevistado consideró que algo así “afectaría la estabilidad de México de manera intensa y fuerte”, debido a que se no se ha reconocido que “la lucha antinarcóticos ha sido un fracaso, con muertes y violencia, la prohibición misma ha incentivado el comercio de la manera más violenta posible en relación con la cocaína, por ejemplo, además de que es contradictorio que en tanto en algunos estados de la Unión Americana hay políticas más permisivas en contraste con otros que tienen políticas más restrictivas, lo que hace que tengamos que reclamar una solución global al fenómeno del narcotráfico”.

Higuita considera que la lucha contra el narcotráfico ha causado una tragedia humanitaria, “en poblaciones de campesinos o de indígenas, sin duda si es un plan parecido al colombiano no es esperanzador para el pueblo mexicano. A final de cuentas va a ser el pueblo el que va a pagar con sangre una política de esta naturaleza”, además de apuntar que, si se revisa bien el Plan Colombia, “se verá que fue algo dañino para la sociedad, incluso se ha dudado que haya sido benéfico para la sociedad estadunidense”.

El Plan Colombia

En 1999, dio inicio el Plan que con asistencia económica y militar de Estados Unidos se implementó en Colombia buscando combatir el fenómeno del narcotráfico que asolaba la nación sudamericana, la cual además enfrentaba internamente un movimiento guerrillero que controlaba una parte importante de su territorio.

La administración del presidente colombiano en aquel entonces, Andrés Pastrana Arango, enfrentaba el reto de enfrentar a la guerrilla más antigua de Sudamérica por lo que una de sus primeras acciones fue sentarse a dialogar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en los llamados “diálogos del Caguán”, que fracasaron por lo que se dio paso al acuerdo militar con los Estados Unidos conocido como Plan Colombia.

En un documento dado a conocer en 1999, la Presidencia de Colombia describió la situación por la que atravesaba la nación:

“No cabe duda que Colombia padece de los problemas de un Estado que aún no ha sabido consolidar su poder, una falta de confianza en la capacidad de sus fuerzas armadas, policía y sistema judicial, de garantizar la permanencia del orden y la seguridad; una crisis de credibilidad en los distintos niveles y en las varias instancias de gobierno; y corrupción en la conducta de los sectores público y privado. Todo esto ha sido fomentado y agravado por los desestabilizadores efectos del narcotráfico, el cual, con sus vastos recursos económicos ha venido generando una violencia indiscriminada, y al mismo tiempo ha socavado nuestros valores hasta un punto comparable solamente con la era de la prohibición en los Estados Unidos”.

En este sentido, el documento que justifica el Plan Colombia señalaba, “la lucha contra el narcotráfico es otro de los temas importantes del Plan Colombia. Nuestra estrategia busca adelantar una alianza entre los países productores y los países consumidores de narcóticos, basada en los principios de reciprocidad e igualdad. El tráfico en drogas ilícitas constituye una amenaza transnacional compleja, una fuerza destructora en todas nuestras sociedades, que conlleva consecuencias inimaginables para los consumidores del veneno, y efectos arrolladores a partir de la violencia y corrupción que generan sus inmensas ganancias. La solución no se logrará con recriminaciones mutuas entre países productores y consumidores. Nuestros esfuerzos nunca serán suficientes a menos que formen parte de una alianza de alcance realmente internacional para combatir el narcotráfico”.

Iniciativa Mérida

Durante el mandato de Felipe Calderón como presidente de México, se firmó un acuerdo de asistencia militar en temas de seguridad binacional y narcotráfico que se conoció como Iniciativa Mérida, aprobado por el Congreso estadunidense en junio de 2008.

El acuerdo, que incluía a otros países centroamericanos, recibió el apoyo de la administración de George Bush como un plan de seguridad para enfrentar el desafío que representaban el narcotráfico y el crimen organizado.

El antecedente directo de esta acción fue la orden dada por Felipe Calderón para que el ejército mexicano marchara hacia Michoacán en diciembre de 2006, pues de acuerdo a denuncias había grandes zonas de la entidad en manos de cárteles de narcotráfico. Poco más tarde, se replicaría esto en Baja California.

La respuesta generada por el operativo en los grupos narcotraficantes no se hizo esperar. El número de ejecuciones vinculadas al tráfico de enervantes, así como los enfrentamientos entre estos grupos y las fuerzas armadas se incrementaron notablemente, convirtiéndose en uno de los temas que más espacios tenía en medios de comunicación y redes sociales. Los asesinatos fueron cerca de 100 mil, vinculados a este tipo de acciones.

En cuestión de dinero, el Congreso estadunidense autorizó mil 600 millones de dólares en apoyo para la adquisición de aeronaves para la Marina, Fuerza Aérea y Policía Federal; equipo para incrementar la seguridad en puertos y aeropuertos; tecnología para inteligencia y recolección de información; así como recursos para programas de derechos humanos y prevención de adicciones.

@AReyesVigueras

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