Pese a las denuncias y recomendaciones que se hacen por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, la tortura y los malos tratos en México persisten. “Siguen siendo perpetrados de forma generalizada por parte de las fuerzas de seguridad y agentes de investigación”.
La tortura es comúnmente usada para la obtención de confesiones o como método de castigo. Entre los métodos más comunes que se utilizan están: la asfixia, violencia sexual, descargas eléctricas, amenazas de muerte, palizas y tortura psicológica.
El relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Tortura y otros Tratos Crueles, Juan Méndez, señaló que es alarmante que se siga utilizando la violencia sexual por parte de las autoridades para obtener información o confesiones.
El Informe del relator especial, que será abordado en la sesión del próximo 2 de marzo en el pleno del Congreso de Derechos Humano y al cual tuvo acceso El Universal, señala que sólo una de cada 20 presuntas víctimas de tortura que presentan quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) son sometidas a un examen forense oficial por la Procuraduría General de la República (PGR).
El representante de la ONU expresó su preocupación por la tesis aislada CCV/2016, publicada el 19 de agosto de 2016 por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que “plantea que no procede reponer procesos penales para investigar actos de tortura denunciados por la defensa, en aquellos casos en los que no exista confesión o ‘autoincriminación’ de la persona acusada”.
Dicha tesis, representa un retroceso en los pasos que había dado el Poder Judicial de la Federación, además de que podría tener como consecuencia la vigilancia de condenas basadas en pruebas originadas en actos de tortura”.
En el documento destaca la falta de un Instituto forense independiente, como ha sido recomendado por otros órganos internacionales de derechos humanos.
Además, se hace énfasis en que la figura del arraigo debe ser eliminada porque viola el derecho a la libertad personal, el debido proceso y el principio de presunción de inocencia; dijo que es ahí donde se presentan prácticas de tortura.
El relator Juan Méndez señaló que, hasta abril de 2015, la PGR contaba con 2 mil 450 investigaciones en trámite sobre tortura, pero sólo se tienen 15 sentencias condenatorias entre 2006 y 2015.
Recomendó a México “hacer mejores esfuerzos para que la tortura, las desapariciones forzadas, la persecución a víctimas y defensores de derechos humanos y la impunidad dejen de formar parte de la cotidianidad”.
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