Lucharon contra un sistema podrido

Humberto Musacchio

Hace 11 años llegaron unos guaruras al tianguis de Santiago Mezquititlán, Querétaro, con la pretensión de despojar de su mercancía a los comerciantes del lugar, en su mayoría indígenas otomíes o ñañús, como prefieren ser llamados. Los tianguistas, en especial las mujeres, respondieron con justa indignación ante los policías ladrones, los doblegaron y retuvieron durante un rato a varios de ellos.

Una vez liberados, los agentes buscaron venganza y en los días siguientes detuvieron a tres de las mujeres que salieron a defender su modestísima mercancía: Alberta Alcántara Juan, Jacinta Francisco Marcial y Teresa González Cornelio. Sin orden de aprehensión, las encarcelaron sin informarles que tenían derecho a un abogado defensor y a un traductor, pues su manejo del español era muy deficiente.

Por supuesto, los agentes canallas consiguieron un agente del ministerio público dispuesto a entrar en complicidad en el secuestro (a eso equivale un arresto sin orden y sin que medie flagrancia) y hasta hallaron un juez a modo que dictó una sorprendente sentencia contra las tres indígenas, acusadas de haber secuestrado a seis policías federales. Dicho más claramente, se acusaba a las tres mujeres de haber sometido físicamente a seis hombres adultos y saludables, adiestrados en defensa personal y en uso de armas blancas y de fuego. Por esa acusación bárbara y absurda, las detenidas pasaron tres años en prisión.

Por supuesto, la antijurídica pena impuesta a las sentenciadas se produjo al creerlas indefensas por ser mujeres, indias y pobres. Pero lo que no esperaba la fauna seudojudicial (judicial es lo relativo a la justicia, lo que no es el caso), es que esas mujeres tuvieran la fuerza de carácter para luchar durante años contra un sistema podrido que solapa a gobernantes ladrones y aplasta a los ciudadanos.

En su defensa acudió el benemérito Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y se inició una larga lucha por obtener justicia. El 20 de noviembre de 2013, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa resolvió que se trataba de un caso de notoria injusticia, pero la Procuraduría General de la República se negó a reconocer que estaba en falta y echó mano de recursos dilatorios, aunque finalmente, apenas el pasado día 21 de febrero de este 2017, la PGR, muy a su pesar —“de manera forzada”, dijo una de las víctimas sentenciada a 21 años de cárcel— aceptó que había pasado sobre el principio de presunción de inocencia y que había faltado al debido proceso.

El hoy procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, en nombre de la institución que encabeza y del gobierno federal, reconoció que “Alberta, Jacinta y Teresa, al exigir lo que por derecho y justicia les corresponde, dieron un mensaje de verdadera democracia a nuestro país y movilizaron el Estado hacia su verdadera función: cumplir con lo que mandata la Constitución”.

El funcionario agregó que “la Procuraduría hizo mal su trabajo, lo que les ocasionó daño moral”, por lo cual procede “reparar el daño moral causado en relación con la difusión” que recibió la falsa acusación. La “actividad indebida” de la PGR, dijo su titular a las tres damas, generó “una afectación a su honor, a su propia imagen y a la percepción generada en su comunidad respecto de ustedes”.

Hay que celebrar que la Procuraduría acepte que incurrió en falta. Sin embargo, no parece sincero ni adecuado que un servidor público —eso debe ser el procurador— se refiera a tres ciudadanas agraviadas por su nombre de pila, sin apellidos. Se trata de una expresión de paternalismo en la que seguramente no incurriría el funcionario si se tratara de mujeres con recursos económicos mayores y una posición social más “elevada”.

Igualmente, cabe preguntar por qué tardó más de tres años en aceptar el fallo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y por qué limitó su disculpa al daño moral, a la presunta afectación al honor y la imagen pública de las tres agraviadas.

Hubo otros tipos de daño que no se mencionaron esta vez. En la misma ceremonia, Jacinta Francisco Marcial dijo que estando en la cárcel “lloraba día y noche acordándome de mis hijos que dejé en la primaria, en la secundaria y en bachilleres. Y en su graduación no estuve. Eso es un dolor muy grande cuando tienes hijos, cuando tienes familia y estás unida a ella. En ese momento uno sufre mucho porque si llega la familia a visitarte van llorando y salen con tristeza”. Y eso también es daño, además de que, digamos de paso, el afán de la señora por dar una buena educación a sus hijos la muestra como una ciudadana altamente responsable ante la familia y la nación.

Además de lo anterior, el caso produjo también un gran perjuicio económico, severísimo por tratarse de tres mujeres de familias pobres. ¿Se reparó ese daño? Sería bueno que se dijera públicamente si se abordó el punto.

Pero hay algo más que requiere de una información amplia. Es necesario saber si han sido arrestados, destituidos y sometidos a proceso los seis guaruras que participaron en el intento de robo de mercancía a los comerciantes del tianguis de Santiago Mezquititlán, en el secuestro de las tres mujeres y en la rendición de falsos testimonios para inculparlas. Lo mismo cabe esperar para el agente del ministerio público que en complicidad con los policías imputó a las mujeres los delitos por los que fueron sentenciadas. En un caso todavía más grave está el indolente o sinvergüenza juez que dio por buena la acusación sin hacer las aclaraciones pertinentes, como se espera de todo impartidor de justicia. Esperemos que a ese juez no lo proteja el Consejo de la Judicatura apelando a lo que llaman “espíritu de cuerpo”.

Pese a lo dicho, todo indica que no se ha procedido contra los responsables —policías, agente del ministerio público y juez—, pues Estela Hernández, hija de Jacinta Francisco, dijo ante el procurador y los medios de comunicación que todos ellos “seguramente siguen trabajando y cobrando de nuestro impuestos, siguen siendo nuestros empleados a pesar de demostrar con este caso su ineficiencia e inutilidad”. La impunidad de esos delincuentes mostraría que el procurador no ha sido sincero.

Twitter Revista Siempre