Desde hace al menos 20 años, el corredor Puebla-Tlaxcala es una de las principales zonas de captación, acción y tránsito de trata de personas con fines de explotación sexual, identificado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y ONU-Mujeres.
Los puntos de la República donde existe mayor incidencia de trata de personas, advierten de manera coincidente tanto la CNDH como ONU-Mujeres, son: Tijuana y Mexicali, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua; Nuevo Laredo y Matamoros, Tamaulipas, en la frontera norte; Puerto Vallarta y Acapulco, Guerrero, y Tapachula, Chiapas, en el Pacífico, y Cancún, Quintana Roo, en la península de Yucatán.
Las víctimas mexicanas identificadas en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, proceden mayoritariamente de Puebla, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo y Tlaxcala.
Apizaco, San Pablo del Monte y Tenancingo son tres de los 15 municipios tlaxcaltecas con mayores denuncias. En Tlaxcala, se estudia ya la emisión de la alerta de violencia de género.
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) ha emitido, en los pasados dos años, nueve recomendaciones al gobierno estatal para implementar acciones que ayuden a erradicar y prevenir la trata de personas en el corredor Puebla-Tlaxcala.
‘‘México es país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas, a lo cual contribuye su situación geográfica, dado que se ha convertido en paso obligado de los migrantes centroamericanos que viajan a Estados Unidos en busca del sueño americano”, reveló la CNDH.
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Casos no resueltos
Originarias de San Pablo del Monte, Tlaxcala, Sandra y Sarahí, de 12 y 17 años de edad, respectivamente, fueron raptadas en octubre y diciembre de 2016. Tras varias horas de desaparición fueron localizadas por sus familiares. Fueron sometidas a violencia física y sexual.
La joven de 12 años de edad se encontraba sedada muy cerca de un motel; la segunda, abandonada en la calles de una colonia popular en horas de la madrugada; ambas en los límites entre Puebla y Tlaxcala.
Las menores de edad explotadas sexualmente ni siquiera forman parte de las estadísticas por estos delitos en el país. Existen sólo dos actas circunstanciadas que no son reportadas al Sistema Nacional de Seguridad (SNS), donde las autoridades estatales no están obligadas a investigar.
El pasado 7 de diciembre a las 6:30 horas, Sandra salió de su casa rumbo a su secundaria. El 14 de octubre de 2016, Sarahí había salido de la preparatoria y fue vista por un tío a unas cuadras de su casa a las 20 horas. Ninguna llegó a su destino; ambas, provenientes de familias de muy escasos recursos económicos y habitantes de colonias populares, fueron subidas a golpes a un automóvil por un grupo de hombres.
A cinco y tres meses de los hechos, respectivamente, ninguna de las dos familias de las víctimas ha recibido notificación de las autoridades.
