Constitución de la CDMX/I-II
Julio A. Millán B.
Por naturaleza, toda Constitución tiene aspiraciones; busca darle a sus ciudadanos el mejor entorno posible para una sana convivencia, con condiciones económicas favorables y de bienestar, de manera progresista y de largo plazo; con reglas claras, entendibles, transparentes y aplicables. No obstante, las buenas intenciones pueden convertir al Estado en un ente benefactor, situación que pone en riesgo el equilibrio social y que tiende a provocar que el anhelado progreso se convierta en un retroceso.
Cuando en una constitución no hay forma de reunir los recursos para cumplir con las obligaciones de un estado benefactor, cuando no se reúnen las condiciones que permitan sostener las ofertas, se crea una actitud de frivolidad, de ilegalidad y de discriminación.
Después de más de cuatro meses de trabajo, el pasado 5 de febrero se promulgó la primera Constitución de la Ciudad de México, la cual entrará en vigor el próximo 17 de septiembre de 2018; los derechos y obligaciones de los habitantes de la capital del país quedaron incluidos en 71 artículos y 39 transitorios.
La Asamblea Constituyente fue la encargada de elaborar el documento. En palabras de sus propios arquitectos, esta constitución es compleja y su discusión debió de requerir más tiempo. El pilar principal de estas leyes es el empoderamiento de la ciudadanía y la igualdad.
El empoderamiento del ciudadano no garantiza del todo una procuración efectiva de justicia social y desarrollo económico, ya que en toda sociedad hay aspectos muy especializados, de alto nivel y pericia jurídica que por su complejidad no pueden ser tratados por ciudadanos comunes, por bien intencionados que estos sean.
Todos queremos que la Constitución sea un documento único, moderno, que promueva la igualdad, que garantice el derecho de las personas, que detone mejores condiciones económicas y de vida. La preocupación surge al momento de saber cuál será el costo de los beneficios sociales y el presupuesto con el que se cuenta para tales planes.
En ningún momento se señalan con claridad los deberes y obligaciones de los ciudadanos para la ciudad; con ello, el proceso de convivencia social corre el riesgo de deteriorarse, de banalizarse, y toda la estructura legislativa de quedar en una simple utopía.
Una de las aspiraciones del documento es la de promover condiciones para el pleno empleo, con salario remunerador, que contenga aumento de los ingresos reales, pero no se detallan los instrumentos para lograrlo.
El marco constitucional introdujo el concepto del “mínimo vital” para dotar a las personas con lo mínimo indispensable para vivir y así erradicar la pobreza en la Ciudad de México; también se creó la figura de alcaldías, que pretende generar la igualdad, la lucha contra la discriminación y la revocación de mandato, entre otros. Todo ello implica un costo presupuestario que aún no queda claro.
