Frenan avances democráticos

José Alfonso Suárez del Real y Aguilera

Cuídate de los Idus de Marzo. Shakespeare

 Pese a la fórmula de tutelaje ideada por los partidos del Pacto por México para controlar el proceso constituyente de la Ciudad de México —fincada en la abyecta designación de 40 legisladores desde las cúpulas del poder—, el resultado obtenido desairó a los poderes fácticos de la nación y, en consecuencia, desde Presidencia de la República se ordenó tender una celada contra los avances democráticos contenidos en el documento constitucional promulgado el pasado 5 de febrero en la Gaceta Oficial del gobierno capitalino.

Las lamentables coincidencias entre las reacciones de Iturbide, de Comonfort, y en este momento las del presidente Peña Nieto, no dejan lugar a dudas sobre sus intenciones.

Mientras que Iturbide disolvió en 1822 el Constituyente por “libertino”, Comonfort, con el apoyo de los conservadores, se levantó en armas en contra sí mismo para abjurar y al tiempo derogar la Constitución liberal.

A través del procurador general de la república y de su consejero jurídico, el gobierno de Enrique Peña Nieto esgrime argumentos en contra de la progresividad de los derechos humanos, al recusar la obligatoriedad que para su cumplimiento tienen los tres órdenes y los tres niveles de gobierno, aduciendo que el derecho convencional solo puede efectuarse por los organismos federales, cuando, en esa materia, el Dr. Carbonell ha acreditado con puntualidad los alcances del mandato del tercer párrafo del artículo 1º de nuestra Constitución.

Las razones que exhiben las acciones impulsadas por esos actores buscan celosamente anular los significativos avances en materia de derechos humanos, de planeación democrática, de combate a la corrupción, y pretenden desactivar la democracia directa, la creación de las alcaldías y, sobre todo, los logros obtenidos a favor de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas afincadas en nuestra ciudad.

En sentido contrario a dicho objetivo buscado, Morena presentó, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una acción de inconstitucionalidad a efecto de señalar la contradicción existente entre la composición de las Cámaras de Diputados, federal y estatales, y el Congreso de la Ciudad, al que se le asignó el 50 por ciento de representación uninominal y el 50 por ciento plurinominal, en tanto que en el resto del país el Poder Legislativo se conforma por el 60 por ciento de diputados electos directamente y el 40 por ciento plurinominalmente. Porcentaje que la misma Constitución capitalina aplica para la composición de los Concejos de la Alcaldía, que es una fórmula y proporción que abona el principio de gobernabilidad inherente al mismo pacto constitucional.

Esta puntualización es necesaria, y de gran importancia que sea plenamente difundida y comprendida, puesto que mientras nosotros buscamos la orientación de la Corte con fines asertivos al pacto social de los capitalinos, la sombra de los Idus de Marzo, que tras el asesinato de Julio César dieron fin a la república romana, hoy envuelven las acciones de aquellos que arbitrariamente pretenden seguir tutelando la vida y haciendas de los capitalinos.

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