BLANCA ALCALÁ RUIZ*
El cambio climático no es una ocurrencia científica ni mucho menos política. Es un tema que ha cobrado forma desde hace muchos años. En 1980, el sociólogo alemán Ulrich Beck publicó el libro La sociedad del riesgo, conforme al cual los seres humanos enfrentamos diferentes situaciones de riesgo, peligro o contingencia como resultado de la actitud irreflexiva respecto de la producción industrial de la sociedad contemporánea, lo cual implica que optemos por el control y la toma de decisiones sobre una supuesta prevención y probabilidad de eventos catastróficos, antes que modificar el modelo de producción.
Años después, el filósofo Giavanni Sartori publicó La tierra explota (2003), en el cual se hace una amplia reflexión sobre el crecimiento desmedido de la población en todas las regiones del mundo, salvo en Europa, y la destrucción ambiental y sobreexplotación de los recursos naturales que ello implica, lo cual conlleva a un punto del que no hay retorno en materia de deterioro del planeta.
Sin duda, un punto clave de todas las reflexiones lo constituye la catástrofe nuclear en 1986 en Chernóbil, en la entonces Unión Soviética, que generó nubes radioactivas que se dirigieron hacia Europa occidental. Un momento clave que, paralelamente, alentó una conciencia renovada sobre algo que la ciencia ya había alertado: el cambio climático.
En 1987, cuando se suscribió el Tratado de Montreal, los países participantes se comprometieron a reducir la emisión de clorofluorocarbonados, sustancia cuya liberación en el medio ambiente propicia la fractura de la capa de ozono.
Más tarde, en 1992, diversas naciones suscribieron la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, como resultado del incremento sustantivo de las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y, en 1997, se estableció el Protocolo de Kioto, el cual recoge los compromisos de las naciones para reducir la emisión de gases. Hoy en 2017 el cambio climático continúa siendo un grave problema del medio ambiente global.
Cito algunos datos: La National Oceanic and Atmospheric Administration de Estados Unidos de América informó que la temperatura terrestre y oceánica registrada en junio de 2016 fue superior a 1,05 °C a la media de todo el siglo XX. La Organización Meteorológica Mundial señaló que, en esa misma fecha, las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera rebasaron las 400 partes por millón (ppm). Por su parte, el Instituto Goddard de Estudios Espaciales de Nueva York informó que enero de 2017 ha sido catalogado como el tercer mes de enero más caluroso en los últimos 137 años.
Por ello sorprende que con datos duros de carácter científico, la nueva administración de gobierno de Estados Unidos, en particular su titular, haya puesto en duda el tema del cambio climático, como si se tratara de un asunto de percepción de científicos, ambientalistas, líderes sociales y jefes de Estado de muchas naciones.
En correspondencia con esta decisión, el Presidente Donald Trump ha nombrado como responsable de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de ese país, a un exfiscal de Oklahoma que se caracterizó por oponerse a las regulaciones de la Ley de Aire Limpio impulsada por la pasada administración de gobierno, así como a la propuesta de reducir para el año de 2030, el 32 por ciento de las emisiones de carbono de la industria estadounidense.
Tal actitud expresa una posición política basada en una racionalidad económica que deja en claro que el debate sobre el cambio climático tiene un nuevo frente: la administración de gobierno de la economía más grande del mundo, cuya industria es la que más emisiones de carbono genera a nivel mundial y la que, paradójicamente, ha venido haciendo mayores contribuciones a los organismos internacionales que promueven la protección del ambiente.
*PRESIDENTA DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO
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